Por: Arturo Ángel
En marzo de 2019, hace cuatro años, el fiscal General Alejandro Gertz Manero dijo que el mecanismo de desvío de recursos implementado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, conocido como La Estafa Maestra, no era un conjunto de fraudes aislados. Por el contrario, afirmó que lo que había ocurrido era prácticamente un “fraude de Estado” y como tal sería investigado.
“Es un posible delito de Estado, encubierto en su momento por diversas instancias públicas, como las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Función Pública, Educación Pública y otras más”, dijo el fiscal Gertz.
Pero a cuatro años de ese discurso la investigación prometida no ha llegado. La Fiscalía General de la República (FGR) no abrió investigaciones contra los titulares y altos mandos de otras dependencias, salvo el caso de Rosario Robles quien terminó absuelta. No ha habido ni juicios, ni sentencias, ni reparaciones del daño.
La descripción que había hecho Gertz Manero de “La Estafa Maestra” en 2019 encajaba con lo revelado en el reportaje publicado por Animal Político y Mexicanos conta la Corrupción y la Impunidad en 2017, donde se documentaba un mismo modus operandi para desviar recursos desde 11 dependencias federales, por lo menos, entre ellas Pemex, la Secretaría de Educación Pública, Sedesol, SCT, la Secretaría de Economía, entre otras.
El mecanismo consistía en aprovechar una excepción legal para adjudicar contratos de forma directa a universidades y entes públicos por servicios que, en realidad, estas no realizaban. El dinero era triangulado hacia otras empresas que eran las que realizaban los servicios, pero que en muchos casos resultaron ser compañías fantasma.
Fue la Auditoría Superior de la Federación la primera en identificar y alertar de los malos manejos con este mecanismo año con año. Para el cierre de 2016 se habían documentado al menos 4 mil millones de pesos posiblemente desviados con esta forma de fraude, cifra que fue creciendo en años subsecuentes conforme avanzaron las investigaciones oficiales.
¿Y qué pasó entonces?
Contrario a lo dicho por Gertz, la FGR continuó con la misma estrategia iniciada desde la anterior PGR: abrir decenas de carpetas de investigación por separado de posibles desvíos centrándose principalmente en la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dependencias que fueron las encabezadas por Rosario Robles.
El paso más ambicioso de la fiscalía de Gertz fue tratar de llevar a proceso a la propia Robles y al que fue su oficial mayor, Emilio Zebadúa. Este último logró con amparos retrasar su proceso y luego intentó volverse testigo colaborador rindiendo una declaración donde afirmaba que La Estafa Maestra era un mecanismo diseñado por el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Robles, como ya se ha documentado, fue encarcelada por más de tres años y medio por cargos de omisiones al no haber frenado la firma de convenios que abrieron la puerta a los desvíos. Aunque se presentó voluntariamente a su audiencia los fiscales lograron que los jueces la encarcelaran de forma preventiva bajo un supuesto riesgo de fuga.
A través de juicios de amparo la defensa de la exfuncionaria logró probar que la prisión preventiva se le había impuesto con evidencias incompletas o falsas y finalmente fue liberada. Y luego, un tribunal federal resolvió que las omisiones que se le imputaban eran también una falta administrativa y no forzosamente un delito, por lo que todo el caso fue desvirtuado y desechado.
Al momento en que fue cancelado, el proceso se encontraba a la espera de fecha para el juicio, instancia a la que ya no se llegó.
En 2020 la FGR también solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Robles por delincuencia organizada y lavado de dinero relacionado con otro convenio del caso de La Estafa Maestra firmado con la Universidad Autónoma de Hidalgo. Pero por razones que hasta la fecha se desconocen nunca intentó cumplimentar dicha orden, y el año pasado la defensa logró que un juez ordenara su suspensión definitiva.
¿Y los otros procesos?
La FGR ha iniciado cerca de 40 carpetas de investigación por irregularidades con el modus operandi de La Estafa Maestra. Esto a partir, sobretodo, de denuncias de la ASF. Algunos casos se han abierto en la Fiscalía Especial de Control Competencial (FECC) dirigida por el fiscal Juan Ramos, y otras en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que dirige María de la Luz Mijangos,.
La mayor parte de esas indagatorias se ha centrado en otros funcionarios de la Sedesol y la Sedatu. Uno de los de mayor nivel era Ramón Sosamontes, exjefe de la oficina de Rosario Robles, quien fue exonerado por el juez tras determinar que los fiscales no habían sustentado correctamente la acusación.
La Fiscalía ha conseguido mediante acuerdos y procedimientos abreviados, que en un caso en Chiapas un funcionario aceptara su responsabilidad. Pero en términos generales ninguno ha llegado a juicio.
Como ya se ha dicho, pese a que el mecanismo desvíos se registró en más de una decena de dependencias, y que las omisiones que se imputaron a Robles serían idénticas a las cometidas por otros exsecretarios de Estado, la FGR no ha procedido en contra de ninguno de ellos.
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