Por: Arturo Ángel
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió cuatro nuevas carpetas de investigación por presuntos desvíos y malos manejos superiores a los dos mil millones de pesos durante la gestión de Rosario Robles al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Los casos se iniciaron a partir de denuncias que el pasado 15 de febrero presentó la Auditoría Superior de la Federación, la cual detectó irregularidades graves en la forma en como la Sedatu realizó diversos pagos a proveedores de bienes y servicios durante el año 2017.
En total, de acuerdo con el informe de resultados de la auditoría forense 414-DE se identificaron por lo menos seis irregularidades graves que representan un probable quebranto al erario superior a los 2 mil 39 millones de pesos, recursos que siguen desaparecidos hasta la fecha.
Se trata de anomalías distintas a las ya documentadas previamente bajo el mecanismo de “La Estafa Maestra” en la Sedesol y la Sedatu, y por las cuales Rosario Robles ya fue exonerada tras un proceso de tres años y medio.
Entre las irregularidades por las cuales se han iniciado las nuevas indagatorias en la fiscalía se encuentran pagos del orden de los mil 173 millones de pesos por proyectos supuestamente ejercidos en el 2016 en 26 delegaciones de la Sedatu, pero cargados con recursos del 2017. No existen documentos que permitan corroborar si, en efecto, ese dinero fue destinado a los proyectos.
También se destinaron más de 596 millones de pesos a diversos proveedores con recursos pertenecientes a la partida de subsidios de programas de infraestructura sin que, de nuevo, exista documentación justificativa y comprobatoria que avale dicho ejercicio. Tampoco participaron las áreas acreditadas para ello.
Por otra parte, la Sedatu cargó a una partida destinada para indemnizaciones por expropiaciones de predios pagos superiores a los 178 millones de pesos. Pero los auditores encontraron que no hay información en forma que justifique este ejercicio, ni resoluciones judiciales que, por ejemplo, muestren que predios pudieron haber sido expropiados y que ameritaron los referidos pagos.
Se detectaron anomalías hasta en los gastos destinados a comunicación social. Por ejemplo, los auditores detectaron un pago facturado por 35 millones 800 mil pesos por una supuesta campaña de labores relacionadas con trabajos de reconstrucción de los sismos de ese año, del que tampoco hay evidencia de que realmente haya existido.
Muchas denuncias, mucho dinero, poco resultados
Desde 2017 la FGR (antes PGR) ha iniciado más de 55 carpetas de investigación por presuntos desvíos y malos manejos de recursos tanto en la Secretaría de Desarrollo Social así como en la Sedatu, durante el periodo en que Rosario Robles encabezó ambas dependencias. Es decir, entre 2013 y 2017.
Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado esclarecer y sobretodo castigar a los probables responsables. Tampoco se ha logrado recuperar la mayor parte de los recursos observados por las auditorías realizadas por la ASF y que se estiman superiores a los 8 mil millones de pesos.
La FGR ha enfocado sus esfuerzos en proceder penalmente y por separado en contra de más de 30 exfuncionarios y accionistas de empresas (varias presumiblemente fantasma) vinculadas con los malos manejos, así como en contra de otras instituciones públicas involucradas. Pero hasta ahora y salvo un caso en Chiapas, todos los demás procesos penales están inconclusos e, incluso, algunos ya se cayeron.
Por ejemplo, recientemente el juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor decidió desestimar un proceso penal que la FGR impulsaba en contra de Ramón Sosamontes, exjefe de la oficina de Rosario Robles en ambas dependencias, al considerar que los convenios irregulares que firmó y dieron paso a los desvíos bajo la modalidad de La Estafa Maestra, no estaban viciados de origen.
En el caso de Robles en específico, la FGR decidió acusarla en 2019 de haber sido omisa en frenar la firma del mismo tipo de convenios que facilitaron millonarios desvíos tanto en Sedesol y Sedatu. Aunque inicialmente consiguió que fuera encarcelada de forma preventiva, el proceso penal se estancó y luego de tres años y medio un juez decidió desecharlo y absolver a la exfuncionaria.
En 2020 la Fiscalía también logró obtener de un juez federal una orden de aprehensión en contra de Robles por delincuencia organizada y lavado de dinero, hechos relacionados con otro convenio firmado por una de sus dependencias con la Universidad Autónoma de Morelos. Sin embargo, por razones no explicadas hasta ahora la Fiscalía ya no avanzó con dicho procedimiento.
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