Por: Arturo Ángel
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló por mayoría calificada diversas reformas que el Congreso aprobó el año pasado para legalizar el control operativo y administrativo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ejerce sobre la Guardia Nacional.
Por un votación de 8 votos a favor y 3 en contra el pleno del máximo tribunal del país consideró que dichas reformas son inválidas pues violan disposiciones de la Constitución que establecen que la Guardia Nacional es una fuerza policial civil adscrita y subordinada a la Secretaría de Seguridad ciudadana.
Solo las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, y el ministro Arturo Zaldívar consideraron que era válido el traspaso de múltiples funciones de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional. Este último además se molestó por lo que consideró ha sido una “caricaturización” de sus posturas en redes sociales, y las aseveraciones de que sus dichos son contradictorias con la negativa que hizo en el pasado de permitir a los militares participar en seguridad pública.
La Corte también anuló las modificaciones legales que se habían hecho para que el comandante en jefe de la GN fuera propuesto por la Defensa Nacional y para que sus elementos fueran militares en activo. En estos apartados la votación fue de 9 ministros por la invalidez de esas disposiciones y solo dos, Zaldívar y Esquivel, pretendieron avalarlas.
Además, los ministros anularon por mayoría calificada las reformas que permitían que el fuero militar le sea aplicable a los efectivos de la Guardia Nacional. De nueva cuenta, solo Zaldívar y Esquivel estaban de acuerdo con esas disposiciones.
En sus intervenciones ministros como Juan Luis González Alcántara Carrancá y Javier Laynez acusaron que las reformas promovidas eran un “fraude a la constitución” pues pretendían, de forma disfrazada y con eufemismos, desatender la obligación constitucional de que la GN estuviera realmente subordinada a una secretaría de Estado civil.
Por otro lado, en una votación dividida y con la oposición de la ministra presidenta, Norma Piña, la Corte validó que las fuerzas armadas colaboren ampliamente con la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública.
¿Cómo se materializará esto?
En la parte final de la sesión la ministra Margarita Ríos Farjat señaló que pese a su adscripción civil, la Defensa Nacional y la Marina han intervenido activamente en la conformación y control de la Guardia Nacional. De hecho, Farjat sostuvo que las reformas que se pretendieron impulsar pretendían formalizar algo que ya ocurre en la práctica: el control militar sobre dicha fuerza.
En ese sentido Farjat consideró prudente que se establezca un plazo para que el Congreso y el Poder Ejecutivo puedan hacer las adecuaciones normativas y operativas que realmente garanticen la operación de la GN desde el seno y control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El proyecto de Alcántara consideraba que esto fuera de aplicación inmediata, pero la ministra Esquivel propuso que el plazo fuera el que establece la reforma de 2019 para la conformación de la Guardia Nacional. Es decir: hasta finales de 2024.
En ese contexto la ministra Norma Piña recomendó al ministro Alcántara Carrancá que, en su calidad de ponente del proyecto, plantee una alternativa para la aplicación de las decisiones tomadas hoy, es decir la desmilitarización del control operativo y administrativo e la GN. Dicha alternativa se discutirá en la sesión del próximo jueves.
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