Por: Arturo Ángel
Se le acabaron los plazos al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Luego de múltiples aplazamientos hoy se llevará a cabo la audiencia en la que se determinará si existen las condiciones para que el exfuncionario logre un arreglo que le permita evitar el juicio por el caso Agronitrogenados.
Si Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera acceden y aceptan los 10 millones de dólares que Lozoya ofrece (y con los que también buscar evitar el juicio por el caso Odebrecht), la Fiscalía General de la República no podrá oponerse a que el proceso sea suspendido.
Sin embargo, si las cosas se mantienen como hasta ahora, es decir sin que el gobierno no accede a algún arreglo económico, los fiscales le pedirán al juez proceder con la presentación oral de la acusación en contra del exfuncionario y la solicitud de que sea enjuiciado y condenado.
Desde hace más de un año la fiscalía presentó por escrito la acusación en contra del exdirector de Pemex en la que concluye, tras casi tres años de investigaciones, que el exfuncionario recibió sobornos de la empresa Altos Hornos de México para que impulsara la compra a sobreprecio de una planta de fertilizantes denominada Agronitrogenados.
Los sobornos entregados a Lozoya – que ascendieron a poco más de tres millones de dólares – fueron triangulados a través de empresas fachada fuera del país y finalmente reinvertidos en propiedades.
Lo anterior llevo a los fiscales a concluir que el exfuncionario debe ser enjuiciado por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y, a la postre, declarado culpable más allá de toda duda razonable. La FGR ha sugerido que la condena debería ascender a por lo menos 15 años de cárcel.
Tras la presentación de dicha acusación lo que procede es la realización de una audiencia intermedia en la que oralmente se expongan las conclusiones y se proceda con el depuramiento de las pruebas. Pero la defensa del exfuncionario federal ha logrado con múltiples peticiones que lo anterior se vaya posponiendo, en un intento por llegar a un acuerdo.
En abril de 2022 el Consejo de Administración de Pemex había aceptado, de forma preliminar, cerrar un acuerdo reparatorio con Lozoya a cambio del pago de 10.7 millones de dólares. Pero de último minuto se canceló luego de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que le parecía poco dinero el que ofrecía el exfuncionario.
Y es que, por este mismo caso, el que fuera presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos, Alonso Ancira, aceptó pagar la suma de 200 millones de dólares, monto 20 veces superior al que pretende entregar el exdirector de Pemex.
Acuerdo debe firmarse: defensa
En un posicionamiento enviado a Notitia Criminis la defensa de Lozoya que encabezan los abogados Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas insiste en que las condiciones están dadas para llegar a un acuerdo con el gobierno que les permita cerrar tanto este proceso como el del caso Odebrecht.
Lo anterior pese a que en el proceso del caso Odebrecht, donde la FGR pide que Lozoya sea condenado a 46 años de prisión, ya se realizó la audiencia intermedia y hubo la orden del juez de proceder con el juicio, lo que de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales cierra la puerta a una salida alterna.
Además, de acuerdo con algunos penalistas consultados por este medio, un acuerdo repartorio debería ser improcedente en el caso de Lozoya dado que el delito que se le imputa, conocido comúnmente como lavado de dinero, no tiene una afectación material medible sino que sus repercusiones son mucho más complejas. Por ejemplo, las afectaciones que el Estado pudo sufrir por la firma de contratos entre Pemex con las empresas que sobornaron, y que dejaron pérdidas millonarias.
Pero los abogados del exdirector de Pemex consideran que la información que este ha aportado al denunciar un presunto esquema de corrupción y sobornos detrás de la aprobación de las reformas estructurales en el sexenio pasado debería hacer procedente la firma de un arreglo.
“Creemos, además, que las instituciones del Estado Mexicano valoran profundamente la colaboración de Emilio Lozoya en el marco del sistema de justicia penal y que es importante que él mantenga dicha colaboración con las instituciones de la República. Vamos con todo el ánimo y voluntad de firmar los acuerdos de inmediato”, señalaron sus defensores.
Ontiveros y Rojas señalaron que una vez que se presenten hoy ante el juez ratificarán que están “en plenas condiciones para proceder con la firma de los acuerdos y convenios” correspondientes, que permitan cerrar los procesos que pesan sobre el exdirector de Pemex. Y reiteraron que Lozoya está dispuesto a cubrir un pago de 10.7 millones de dólares que, sostienen, es el monto completo de la reparación del daño.
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