Por. Arturo Ángel
Aun cuando las pruebas que entregó no han permitido procesar hasta ahora a ningún alto exfuncionario, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a perdonar al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por los presuntos sobornos que ya declaró haber recibido de parte de las constructoras Odebrecht y Altos Hornos.
Pero a cambio el gobierno pretende que Lozoya pague una cantidad superior a los 10.7 millones de dólares que ha ofrecido hasta ahora, y que corresponden al dinero que recibió de las referidas empresas.
Ayer, en la audiencia intermedia que originalmente estaba programada para presentar las pruebas en el caso de la venta de la planta Agronitrogenados, y que según la FGR se materializó gracias a los sobornos que Lozoya recibió, los representantes de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmaron ante el juez que están de acuerdo en alcanzar un acuerdo.
En la misma audiencia el abogado defensor de Lozoya, Miguel Ontiveros Alonso, celebró dicha disposición, pero sostuvo que desde hace más de un año el tema no avanza porque el gobierno se rehúsa a aceptar la cantidad de 10.7 millones de dólares que es lo que está establecido en peritajes. Y en ese sentido pidió que se hiciera el compromiso de que el pago sea por ese monto.
El juez a cargo del proceso, Gerardo Alarcón, respondió que él no puede establecer un lineamiento verbal en torno a ello. Lo único que se puede tomar en cuenta, dijo, es lo que las partes acuerden y establezcan por escrito. Por ese motivo, le dio a Lozoya y al gobierno una nueva prórroga hasta el 18 de julio para que traten de llegar a un consenso.
Hasta ahora no ha trascendido cuál es el monto que el gobierno espera que Lozoya pague para darle luz verde a los acuerdo. Extraoficialmente se habla de que al menos esperarían unos 50 millones de dólares, pero es una cantidad que tampoco se ha confirmado.
En algunas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ejemplificado como un monto justo en el caso Agronitrogenados los 200 millones de dólares que el empresario Alonso Ancira aceptó pagar en cinco entregas distintas. Se trata de un monto 20 veces superior a lo que Lozoya ha ofrecido hasta ahora.
Por otro lado, los análisis que en su momento practicó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto a los contratos que la administración de Lozoya en Pemex firmó con Altos Hornos y Odebrecht muestran que hubo un grave daño económico para el Estado. Las afectaciones se estiman superiores a los 4 mil millones de pesos.
Algunos penalistas consideran que, de hecho, cualquier monto debería declararse improcedente dado que el delito que se imputa a Lozoya en los dos procesos abiertos en su contra es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita (comúnmente conocido como lavado de dinero) el cual es de resultado formal y no material. Es decir, la afectación no es cuantificable como sí ocurre, por ejemplo, con un robo.
¿Y las pruebas?
De acuerdo con autoridades de la FGR, que pidieron reserva con su identidad, las pruebas presentadas por Emilio Lozoya no han sido suficientes para procesar penalmente a ningún alto exfuncionario del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, por los presuntos sobornos que este habría ordenado repartir para que se aprobaran las reformas estructurales.
Si bien Lozoya presentó por escrito una denuncia desde agosto de 2020 y entregó videos, documentos, así como varias ampliaciones de declaraciones, hasta ahora solo existe la presunción fundada de que un exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle, recibió recursos económicos en efectivo. Mismo senador que se encuentra vinculado a proceso, pero con un caso atorado entre varias demandas de amparo.
El criterio de oportunidad que Lozoya busca se otorga, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando una persona aporta información eficaz que permita enjuiciar y condenar a personas de mayor rango jerárquico y por delitos más graves. Hasta el momento eso no ha ocurrido.
De hecho, en el caso específico del proceso por los sobornos de Odebrecht el juez ya dio la orden para que el caso avance a la fase de juicio y ya se depuraron las pruebas. Una situación que, de acuerdo con el código nacional, hace inviable la posibilidad de cerrar un criterio de oportunidad. Pero a través de un amparo la defensa del exdirector de Pemex ha logrado frenar los procedimientos.
Ayer Ontiveros insistió en que la información que el exdirector de Pemex ha aportado es suficiente para que, incluso, se proceda en contra del expresidente Enrique Peña Nieto.
“Hay pruebas que señalan al expresidente como responsable de la operación de un aparato organizado de poder enfocado a la corrupción (…) Tal y como lo confirmó el presidente de México (Andrés Manuel López Obrador), senadores, diputados y distintos actores recibieron sobornos en efectivo para la aprobación de la Reforma Energética”, dijo el litigante.
Incluso y en un guiño más político que jurídico, Ontiveros sugirió que Peña Nieto sea trasladado vía aérea desde España hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIF) para que responda ante las autoridades por la denuncia de su cliente.
***
