Por: Arturo Angel
La defensa de la exsecretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga, pidió formalmente a un tribunal federal que deseche la demanda de amparo promovida por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de la absolución que le concedió un juez y otro tribunal por el caso de supuestas omisiones dentro de la llamada Estafa Maestra.
A través de un escrito conocido formalmente como “recurso de reclamación”, la defensa que encabeza el abogado Epigmenio Mendieta solicita al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito que revoque la admisión del amparo y, en consecuencia, la suspensión de la sentencia de absolución ya dictada previamente.
El argumento toral del recurso al que este periodista tuvo acceso es que la ASF carece de legitimidad para promover este juicio de amparo directo ya que no es ni la víctima ni la parte ofendida en este caso.
Ello ya que, por principio de cuentas, la ASF es un organismo que vigila el correcto uso de los recursos públicos, pero no es dueña de ese dinero. Es decir, las supuestas omisiones que se imputaban a Robles y derivaron en un presunto desvío de 5 mil millones de pesos en la Sedesol y Sedatu, no afectaron al presupuesto de la referida auditoría. Ello sumado a que tampoco ostenta la representación legal de dichas secretarías.
“La ASF con independencia de que tenga la facultad de denunciar los delitos que sean de su conocimiento a causa de su especialidad, al tratarse de una persona moral oficial, no es un ente que sea sujeto de reconocimiento de derechos humanos y menos aun que tenga la representación jurídica de todas las dependencias de la administración pública federal. Además, el acto que reclama no impacta de manera directa ni en el patrimonio ni en la esfera jurídica de la Auditoría”, advierte la defensa.
Pero a ello se suma que, en el caso en concreto, el juez y el tribunal federal que decretaron la absolución de Robles decidieron que las presuntas omisiones que se le imputan no son un delito o acto de corrupción con un daño patrimonial sancionable por la vía penal, sino un tema que en todo caso sería sancionable por la vía administrativa.
“Esto deja de impactar directamente en los derechos patrimoniales de la citada persona oficial, pues, si bien, en los procedimientos penales la ASF tiene reconocido, legalmente, el carácter de ofendida, la sentencia absolutoria reclamada no representa una afectación de índole patrimonial”, establece la defensa.
¿Qué sigue?
Si el Noveno tribunal Colegiado considera procedente el recurso de reclamación promovido por la defensa, la admisión del amparo sería revocada y por ende el caso quedaría cerrado. De no ser así se continuará con el desarrollo del juicio de amparo hasta la elaboración y votación de un proyecto de sentencia.
Mientras el tema se resuelve los tribunales dictaron una suspensión con la finalidad de que las cosas permanezcan en el estado en el que se encuentran, es decir, con la absolución ya dictada en favor de Robles, pero pendiente de formalizarse.
Cabe recordar que este amparo es el único recurso que le queda al Estado para tratar de rescatar este caso, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) ya perdió todos los recursos con los que contaba en múltiples instancias.
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