*Tras años de investigaciones los fiscales acusarán a exfuncionarios de la empresa y del Edomex por la presunta explotación ilegal del Viaducto Bicentenario, pero un oficio genera dudas en la teoría del caso.
Por: Arturo Ángel
La Fiscalía General de la República (FGR) acusará hoy ante un juez federal a exfuncionarios del gobierno de Alfredo del Mazo en el estado de México, y exdirectivos de la empresa OHL (hoy Aleática) de haberse coludido entre ellos para, en 2020, regularizar a través de un convenio la concesión del llamado Viaducto Bicentenario.
De acuerdo con documentos ministeriales a los que este medio tuvo acceso, lo anterior se habría consumado a través de un convenio firmado el 1 d octubre de 2020. Sin embargo, oficios del estado de México muestran que al menos una de las personas que serán imputadas, el exsecretario de gobierno de la entidad, Ernesto Javier Nemer Álvarez, firmó en otra fecha posterior dicho documento.
El caso que la FGR presentará ante el juez federal adscrito al penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Daniel Ramírez Peña, radicado en la causa penal 372/2023, es resultado de al menos tres carpetas de investigación acumuladas, todas ellas impulsadas por las denuncias del abogado y activista Paulo Diez Gargari.
Lo que los fiscales concluyen es que desde 2008 la empresa OHL ha explotado de forma irregular el Viaducto Bicentenario, pues se trata de una obra construida sobre una vía federal como es la autopista México-Querétaro. Y si bien el gobierno del Estado de México les concesionó este trabajo, se sostiene que dicha autoridad local no tenía facultades para ello.
El hecho cobra vigencia porque en 2020, ante las posibles inconsistencias de la concesión denunciadas, la administración de Del Mazo acordó con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la firma de un convenio con el que se buscaba reparar algunas anomalías a través de pagos al gobierno federal y condicionar su devolución a la federación una vez concluida la concesión. A cambio, se permitía a OHL continuar operándolo.
Los exfuncionarios mexiquenses implicados en la firma de este convenios y a los que la FGR acusa de delitos de asociación delictuosa y explotación ilegal de un bien de la nación son el exsecretario General de Gobierno, Ernesto Javier Nemer Álvarez; el exsecretario de Movilidad, Luis Gilberto Limón Chávez; el exdirector General del Sistema de Autopistas y Aeropuertos, Alberto Tomás Ángulo Lara; entre otros.
“Dichos justiciables el 1 de octubre de 2020 les proporcionaron el medio para que siguieran cometiendo dicho ilícito cuando firmaron un convenio de colaboración de colaboración y coordinación de acciones entre la SCT y el Gobierno del estado de México. Con esa acción obligada y que complementaba la de los demás coparticipes, contribuyeron a la ejección del mencionado delito”, indica la narración de los hechos enviada por los fiscales al juez”, señalan los fiscales.
Oficio contradice teoría del caso
Documentos oficiales del Gobierno del estado de México muestran que, al menos en el caso de uno de los exfuncionarios que serán imputados, la firma del convenio habría ocurrido en una fecha distinta a la que quedó plasmada en el referido documento.
Se trata del Nemer Álvarez quien, el 9 de octubre de 2020, recibió un oficio en el que se le indica que por instrucciones del gobernador del Estado debía firmar dicho convenio pues así lo estaba exigiendo la propia SCT. Lo anterior significa que, aun cuando el convenio está fechado en 1 de octubre, al menos Nemer no lo habría firmado en esa fecha sino en una posterior.
Esto fue consignado en una promoción enviada por el exfuncionario a al FGR el pasado 8 de marzo, y en la que además asegura que el convenio no era ilegal, y que tampoco conoce a ninguno de los coimputados salvo a Limón Chávez que era su compañero en la administración. Hechos que contradice, desde su punto de vista, que haya existido una acuerdo en el que el participó.
“Puede verse que esta Fiscalía investigadora partió de la premisa falsa consistente en que el multialudido convenio se firmó el 1 de octubre de 2020 por parte de todos los que ahí intervinieron. Sin embargo, ahora puede constatar que yo no firmé ese documento en las mismas circunstancias que el resto de los firmantes y que la instrucción para que lo hiciera no provino de ninguno de mis coimputados”, indica el escrito.
En ese contexto dicho exfuncionario solicitó que se le retirara de la imputación que se pretende realizar. La fiscal responsable de la investigación respondió que se daba por enterada de la existencia de estos documentos, pero que deberá ser en la audiencia de este martes en donde se expongan esos argumentos para que el juez determine lo conducente.
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