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Corte Penal Internacional dicta órdenes de detención por crímenes de guerra contra el exministro de Defensa Sergei Shoigu y el jefe del Estado Mayor Valery Gerasimov

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Corte Penal Internacional con sede en la Haya crédito: Klaus Rainer Krieger/reportandum/IMAGO

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención contra el exministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Valery Gerasimov, por presuntos crímenes internacionales, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

La Corte declaró este martes que ambos eran presuntamente responsables de dos crímenes de guerra: dirigir ataques contra objetivos civiles y causar daños incidentales excesivos a civiles o daños a objetivos civiles. También se les acusa de cometer crímenes contra la humanidad.

Las autoridades rusas aún no han comentado la decisión. En tanto las autoridades ucranianas acogieron con satisfacción el anuncio este martes.

El presidente Volodymyr Zelensky dijo que la decisión muestra que “ningún rango militar o puerta de gabinete puede proteger a los criminales rusos de la responsabilidad”. El defensor de los derechos humanos del país, Dmytro Lubinets, declaró que la decisión de la CPI significaba que Ucrania estaba un paso más cerca de obtener justicia.

“Tarde o temprano, un castigo justo alcanzará a todos los criminales de guerra”, afirmó en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram.

Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial de Ucrania, dijo que Shoigu y Gerasimov eran considerados “individualmente responsables”.

“Esta es una decisión importante. Todos tendrán que rendir cuentas del mal”, dijo en un comunicado.

Las órdenes de detención sumaron a Shoigu y Gerasimov a la lista de personas buscadas por la CPI, aunque no se sabe con certeza si llegarán a ser juzgados.

El tribunal no celebra juicios en ausencia y es poco probable que sean entregados por Moscú.

Las dos órdenes de detención elevan a cuatro el número total de altos cargos rusos buscados por crímenes de guerra, ya que la CPI ha dictado anteriormente órdenes de detención contra el presidente Vladimir Putin y la funcionaria rusa Maria Lvova-Belova por un presunto plan para deportar a niños ucranianos a Rusia.

Ubicada en La Haya, Países Bajos, y creada por un tratado denominado Estatuto de Roma, la CPI funciona de forma independiente. La mayoría de los países del mudndo –124 en total– son partes en el tratado, pero hay notables excepciones, como Estados Unidos, Rusia y Ucrania.

En virtud del Estatuto de Roma, todo país signatario está obligado a detener y entregar a cualquier persona sobre la que pese una orden de detención de la CPI.

Daños a la población civil

Shoigu, estrecho aliado de Putin desde hace mucho tiempo, fue ministro de Defensa del país durante 12 años. Fue despedido por Putin el mes pasado y sustituido por el economista Andrey Belousov.

Dirigió la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, que tomó a Kyiv por sorpresa pero que pronto fue rechazada, dejando al descubierto las debilidades del ejército de Moscú, plagado de corrupción. Aun así, Shoigu ha seguido siendo un político popular en Rusia. Tras pasar dos décadas como ministro de Situaciones de Emergencia, ha cultivado una imagen de funcionario que aporta ayuda cuando se necesita.

Gerasimov, por su parte, lleva más de una década al frente de las fuerzas armadas rusas. Formó parte de un pequeño grupo de responsables de la planificación de la invasión a gran escala de Ucrania. Fue nombrado formalmente comandante general de la campaña en enero de 2023.

La CPI dijo que los presuntos crímenes se refieren a “un gran número de ataques contra numerosas centrales eléctricas y subestaciones” que fueron llevados a cabo por Rusia a través de Ucrania entre octubre de 2022 y al menos marzo de 2023.

El grupo de tres jueces que tomó la decisión de emitir las órdenes de detención el lunes concluyó que Shoigu y Gerasimov ordenaron ataques contra objetivos civiles, lo que constituye un crimen de guerra según el derecho internacional humanitario.

Los jueces también afirmaron que, aunque algunos de los objetivos podían considerarse relevantes para la campaña militar rusa en ese momento, estaba claro que atacarlos causaría daños a civiles y que los daños esperados serían excesivos en comparación con la ventaja militar de atacarlos.

El fiscal del tribunal, Karim Khan, dijo en una declaración el martes que la campaña rusa en ese momento representaba “un curso de conducta que implicaba la comisión múltiple de actos contra una población civil”. Por lo tanto, dijo, las acciones de Shoigu y Gerasimov pueden constituir un crimen contra la humanidad.

Esa designación está reservada para los crímenes más graves cometidos como parte de un ataque sistémico generalizado dirigido contra una población civil

Ivana Kottasová – CNN

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