El 2025 ha sido un año crucial en la reconfiguración del poder en el mundo, donde principalmente las ideas conservadoras han resurgido con fuerza de la mano de estrategias mediáticas muy bien establecidas.
Mientras que la academia discurre sin utilidad la diferencia entre conservadores, derecha, extrema derecha, ultra derecha y fascismos, haciendo gala de un complejo marco referencial poco trascendente, la estrategia de “Batalla cultural” funciona gracias a su simplicidad, sobre todo, haciendo eco en sociedades que se espantan ante cualquier avance de los derechos.
En este sentido el manejo del discurso para la llamada batalla cultural ha sido fundamental, pues se basa principalmente en la exaltación de valores simples, de los nacionalismos, la cultura occidental y el riesgo a la pérdida de las libertades. Además, se basa en valores capitalistas que todo el mundo tiene perfectamente arraigados como la propiedad privada, el “echaleganismo”, la cultura del esfuerzo y el anhelo de que algún día las cosas serán diferentes, todo ello, desde una postura acrítica de las estructuras de poder y dominación.
En este contexto ha sido fundamental dominar mediante diversos medios de comunicación la narrativa, utilizando las estrategias pedagógicas de movimientos sociales como el feminismo, pero invertidos a favor de los grupos de poder. Así, desde hace unos años se habla de “discriminación a la inversa” es decir, como ciertos grupos de poder son supuestamente discriminados, por ejemplo, personas blancas, ricas, empresarios, heterosexuales, hombres, etc:
¿Y qué sucede con los grupos dominantes cuando ocurren estos des-cubrimientos? Definitivamente no les gusta que otros vengan a cuestionar su cómoda forma de vida. Se sentirán en riesgo de perder su posición y de forma casi automática defenderán su lugar, ya sea justificándose o deslegitimando a aquellos que les increpan, ocupando para ello todo el poder acumulado que les ha sido heredado: medios de comunicación, fortunas económicas, posiciones políticas.
En este sentido conviene recordar que el concepto de discriminación surge desde los grupos oprimidos para denunciar la explotación que sufren por los grupos opresores, sin embargo, el éxito de la batalla cultural está en apropiarse del concepto para su beneficio, usándolo como la careta de la denuncia que hacen no ante una opresión, sino ante el cuestionamiento y la pérdida de sus privilegios.
Ya en diversos artículos he abundado el tema, pero en este quiero incorporar el criterio de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que sostiene que: “la discriminación solo se concibe si, a personas que se encuentran en una misma o igual condición o situación jurídica, se les trata de manera distinta, afectando, así, el ejercicio o goce de sus derechos humanos.” Esto se suma al hecho de que la discriminación es una forma de violencia por medio del ejercicio del poder, por ende, no se puede discriminar a grupos de poder, pues no hay manera de negarles el acceso a un derecho por una causa histórica de segregación.
Esto lo he abundado con profundidad en otras ocasiones, pero por ahora baste recordar que la igualdad ante la ley no debe entenderse solo en su variante formal, sino sobre todo, sustancial, es decir, no basta con decir que somos iguales, sino analizar las condiciones específicas de cada persona para constatar si existen o no condiciones de igualdad.
Dicho lo anterior, quiero terminar esta introducción recordando que con el fortalecimiento de las ideas conservadoras, se ha restaurado el uso del derecho como una herramienta del poder para garantizar la subsistencia de los privilegios cupulares, en este sentido, los pobres avances hacia los grupos en situación de vulnerabilidad, se ven mermados, por ello, conviene recordar a Óscar Correas cuando dice:
el derecho puede aparecer como un discurso inocente, organizador de conductas socialmente benéficas, que parece dirigirse a los ciudadanos ofreciendo posibilidades de producción de conductas escondiendo su rostro represivo; PERO ES SÓLO UNA MANIOBRA DIVERSIONISTA: LA VIOLENCIA ORGANIZADA ESTÁ ALLÍ, AL SERVICIO DE QUIEN PUEDE HACERLA FUNCIONAR utilizando la legitimidad que le presta este discurso represivo.
En este sentido, el discurso, y el derecho como discurso, sirven para ejercer violencia sobre los grupos que cuestionan al poder, así, pasamos de usar al derecho para igualar situaciones desiguales a usarlo para acrecentar la desigualdad.
El pasado viernes 4 de julio un considerable grupo de personas se manifestó en la Ciudad de México en contra de la gentrificación, es decir, el encarecimiento de la vida que provoca desplazamientos forzados de comunidades originarias para beneficiar el estilo de vida de personas que cumplen con ciertos factores de nacionalidad y sobre todo, de clase.
Las protestas fueron condenadas por varias razones, ya sea por el tema en sí, el uso de la iconoclasia o por la intervención del espacio público, siendo el tema central una acusación a los manifestantes por xenofobia. Tanto la Jefa de Gobierno como la presidenta acusaron a quienes se manifestaron de ser xenofóbicos y violentar a los extranjeros que gentrifican la ciudad. Es decir, el tema central no fue la causa de la protesta, sino criminalizar la protesta.
Este comportamiento es perfectamente concordante con lo descrito al inicio del texto, pues los grupos de poder usan al Estado como su empleado para la salvaguarda de sus intereses. Mientras que activismos como Carla Escofié o “Gatitos contra la desigualdad” aprovecharon para difundir cifras sobre precariedad laboral, explotación económica, acceso a la vivienda, despojo y demás cuestiones de desigualdad, el gobierno, los medios de comunicación y las redes sociales corearon al unísono un llamado contra la xenofobia. De hecho la condena de la presidenta no fue nada diferente ni en forma ni en fondo, de la hecha por los opinólogos blancos de derecha que siempre cirtica.
Sin embargo, la crítica a la explotación neocolonial que ejerce la gentrificación no puede ser xenofobia porque va dirigida contra grupos de poder. Estados Unidos y Europa son históricamente sujetos que ejercen violencia y explotación con América Latina, por lo que las protestas en su contra no solo son merecidas, sino que no pueden ser discriminatorias, máxime cuando no implican una distinción injustificada, ni la negación al ejercicio de un derecho en condiciones de igualdad. La gentrificación no es un derecho, y no se da en condiciones de igualdad, ni genera condiciones de igualdad.
El argumento principal a favor de la gentrificación es clasista, pues implica que hay la posibilidad de acceder a formas de vida ajenas a la dinámica mexicana que imponen una estética del norte global que por serlo, se asume mejor. A pesar de ello, estos grupos se oponen a las migraciones de Sudamérica o Centroamérica por ser contrarias a sus nociones clasistas de vida. En suma, no les importa la migración, sino el dinero sin importar las afectaciones que implique.
Entonces según la presidenta negar la entrada de migrantes latinos no es xenofobia, militarizar las fronteras para impedirles el acceso no es xenofobia, quemar vivos a 40 migrantes en un centro de detención no es xenofobia, matener al responsable de esto como director del Instituto Nacional de Migración más de seis meses de su sexenio no es xenofobia. Pero exigir que se regulen los mecanismos de desplazamiento forzado que impiden el acceso a una vivienda digna en la Ciudad de México, bajo su criterio, si es xenofobia.
Es decir, según la presidenta cuando los grupos oprimidos protestan contra los opresores está mal, pero cuando los opresores extienden sus opresiones, no pasa nada “son bienvenidos.”
Lamentablemente la cuestión de la gentrificación no tiene solución, no solo porque fue Claudia Sheinbaum la que invitó a todos los “nómadas digitales” a que vivieran en la Ciudad de México cuando era Jefa de Gobierno, sino porque requiere de una profunda reforma que solo se daría con la voluntad política de quien gobierna. En un país con un partido hegemónico al servicio del capital y del norte global, esa voluntad política no existe. No solo porque a las gobernantes de la zona les parezca más grave una marcha que el desplazamiento forzado, sino porque eso implicaría revelarse ante su jefe el capital.
Un caso similar ha sucedido con la cuestión Israel-Gaza, pues por primera vez el mundo televisa un genocidio, es decir, actividades expresar para la eliminación de un grupo étnico. No solo eso, Israel y Estados Unidos bombardearon a Irán solo porque “era posible que tuvieran armas nucleares”, ello a pesar de que esos dos países si las tienen.
Mientras Israel impide el paso de ayuda humanitaria, bombardea refugios y hospitales, asesina palestinos en las filas donde reparten comida, el mundo se niega a capturar a Benjamín Netanyahu como lo ordenó la Corte Penal Internacional.
En este contexto unas cuantas voces gritan como protesta por las acciones de Israel. ¿Y cuál es la respuesta? Procesos penales por “antisemitismo”. Ya sea Estados Unidos deportando manifestantes pro palestina, la policía Alemana golpeando personas o el Reino Unido “investigando” conciertos, la respuesta de los grupos de poder ha sido excusarse en el antisemitismo para impedir que se denuncie el genocidio.
El antisemitismo implica la discriminación a personas por ser judías, pero señalar las acciones del GOBIERNO de Israel, NO ES ANTISEMITISMO. A pesar de ello, una causa de discriminación ha sido instrumentalizada, otra vez, por los grupos de poder para ejercer dominación.
De hecho, quienes defienden las acciones de Israel en Palestina suelen tener pensamientos neoconservadores muy claros. La idea de que Israel es un dique que protege a occidente de la “barbarie musulmana”; que es el garante de la cristiandad occidental que civilizó al hemisferio; y sobre todo, la puerta a tener o no derechos humanos. En este último punto está nuevamente el eje de la estrategia de los neoconservadurismos, infundir terror como mecanismo para convencer.
Quienes se oponen a la solidaridad con gaza se excusan en que los musulmanes “no tienen derechos humanos”; en que las mujeres son oprimidas y que no es bien vista la homosexualidad, así “¿Cómo un gay puede apoyar a un musulmán?”, “si tanto defienden a Palestina las mujeres, que se vayan a vivir allá” y otra interminable lista de falacias. Pareciera que la defensa de la dignidad humana es una transacción que está a la venta en el mercado de las conveniencias.
Así, los autodenominados humanistas y amantes de lo clásico de occidente olvidan a Terencio: “Nada humano me es ajeno”, sosteniendo que solo podríamos estar en contra del genocidio en Palestina si adoptaran nuestro modelo occidental de vivir, o si pudieran pagarnos con alguna dádiva ideológica, pero nunca por el solo hecho de poder horrorizarnos por ver gente morir de hambre en tiempo real.
En suma, las exigencias que las luchas sociales habían ganado, hoy están al servicio de los poderosos de siempre. Hoy a la discriminación se le llama derecho a disentir, y a la crítica a la opresión, discriminación.
¿Y el derecho? Bien, gracias. La disciplina que tuvo un auge de derechos sociales algún tiempo hoy vuelve a ser herramienta de los poderosos. Solo conviene recordar cuando la Secretaría de Salud inició un proceso penal contra el activista Alaín Pinzón por protestar contra el desabasto de antirretrovirales, un hecho inédito en México y en América Latina, al menos en los últimos años.
En fin, no hay duda de que siempre será más facil criminalizar a quien protesta, que atender las causas por las que se protesta.
Carlos Alberto Vergara Hernández. Licenciatura y maestría, Facultad de Derecho, UNAM. Profesor en la misma Facultad de las materias Control de Convencionalidad y Jurisprudencia y Filosofía del Derecho. Activista, conferencista y capacitador político en derechos humanos y derechos de personas en situación de vulnerabilidad.
Contacto: cvergarah@derecho.unam.mx
