La violencia de género y, en particular, el feminicidio, no solo afecta a las mujeres y a sus comunidades, sino que atraviesa las fronteras, los sistemas judiciales y se convierte en una de las tragedias sociales más dolorosas de nuestra era. En Latinoamérica, el feminicidio se ha convertido en una problemática alarmante y apremiante que desafía los sistemas de justicia y plantea la urgente necesidad de avanzar hacia la implementación de un derecho penal internacional que reconozca y combata este flagelo de forma eficaz y transversal. La tipificación del feminicidio y la respuesta del derecho penal, junto con la colaboración regional e internacional, son esenciales para enfrentar una violencia que no conoce fronteras ni límites y que, en cambio, se alimenta de desigualdades históricas.
En la última década, los casos de feminicidio en América Latina han aumentado de forma significativa. Pese a que algunos países de la región, como México, Argentina, El Salvador y Perú, han avanzado en la tipificación de este delito, los datos reflejan que los avances legislativos son insuficientes si no se acompañan de una implementación efectiva y una cooperación entre naciones para enfrentar el problema en sus múltiples dimensiones. En la mayoría de los casos, el feminicidio responde a patrones de violencia sistemática y control, basados en estructuras sociales que perpetúan la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres. Sin embargo, el reconocimiento jurídico de esta forma extrema de violencia de género y su persecución en la justicia penal no han sido ni homogéneos ni eficaces.
Una de las principales limitaciones para combatir el feminicidio en América Latina radica en las diferencias en su tipificación penal. En algunos países, el feminicidio es reconocido como un delito autónomo, lo cual facilita la aplicación de sanciones específicas y permite que el Estado actúe de manera proactiva en la prevención y sanción de estos crímenes. Sin embargo, en otras naciones, el feminicidio aún es tratado bajo categorías generales de homicidio o como un agravante de delitos de violencia doméstica, lo cual dificulta la recopilación de datos precisos y la imposición de condenas que reconozcan la gravedad de esta violencia. Esta disparidad no solo impide un tratamiento uniforme del feminicidio en la región, sino que también invisibiliza la magnitud real de este problema y dificulta la implementación de políticas públicas efectivas para su prevención.
La implementación de un marco penal internacional que abarque el feminicidio como una categoría específica podría contribuir a superar estas limitaciones. Al reconocer el feminicidio como una violación de derechos humanos y una forma de violencia que exige la responsabilidad de los Estados para proteger a las mujeres, se fortalecería la capacidad de los países latinoamericanos para desarrollar respuestas coordinadas y efectivas. Esta propuesta de internacionalización del feminicidio en el ámbito penal plantea, sin embargo, desafíos legales y políticos complejos, dado que implica una reestructuración de la forma en que los sistemas judiciales conciben la violencia de género y su abordaje desde una perspectiva penal y de derechos humanos.
Además, esta perspectiva internacional permitiría que los casos de feminicidio que no son debidamente investigados o juzgados en los países de origen puedan ser llevados a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas instancias ya han tenido un papel importante en la defensa de los derechos de las mujeres en América Latina, pero un reconocimiento explícito del feminicidio en el derecho penal internacional les otorgaría mayores herramientas para exigir la rendición de cuentas de los Estados y garantizar justicia a las víctimas y sus familias. De esta manera, se fortalecería el acceso a la justicia para mujeres que, de otro modo, serían ignoradas o revictimizadas por sistemas judiciales ineficaces o corruptos.
En este sentido, es fundamental considerar la experiencia de países como México, donde el feminicidio fue reconocido como delito autónomo en 2012. La violencia contra las mujeres en México ha sido tan grave que en 2020, el país fue considerado el segundo con mayor número de feminicidios en la región, después de Brasil. Pese a la tipificación, las cifras no han disminuido de forma significativa, lo que revela las carencias en la implementación y ejecución de las leyes, así como la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Esta situación ha llevado a que las familias de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil y movimientos feministas exijan que el feminicidio sea tratado como una emergencia nacional y se aborden sus causas estructurales.
La experiencia de México y otros países de América Latina, como Argentina y El Salvador, pone en evidencia que la tipificación del feminicidio, aunque necesaria, no es suficiente para erradicar este delito. Requiere el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la prevención, la investigación y la sanción, así como la erradicación de los prejuicios de género que persisten en los sistemas de justicia. La formación y sensibilización de jueces, fiscales, policías y otros actores clave es crucial para que las leyes sobre feminicidio no se queden en el papel y puedan ser aplicadas de manera justa y efectiva.
Asimismo, la colaboración internacional en la persecución del feminicidio permitiría el intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas en la prevención y sanción de este delito. Por ejemplo, en países como España, donde el feminicidio no está tipificado como tal, pero existe una Ley Integral contra la Violencia de Género que abarca múltiples formas de violencia, se han implementado políticas públicas innovadoras, como la creación de juzgados especializados en violencia de género, que podrían ser replicadas en América Latina. De igual manera, el acompañamiento de organismos internacionales en el monitoreo de los casos de feminicidio y en la formulación de recomendaciones específicas para cada país podría contribuir a mejorar las respuestas nacionales y asegurar una protección más efectiva para las mujeres.
Además, para que la persecución del feminicidio sea realmente eficaz, es necesario que los países latinoamericanos fortalezcan sus marcos normativos y establezcan protocolos de investigación que permitan una recopilación de datos más precisa y fiable. Esto no solo facilitaría la persecución penal de los feminicidios, sino que también permitiría una mejor comprensión de las causas y patrones de este fenómeno, lo cual es fundamental para el diseño de políticas de prevención. En este sentido, la creación de bases de datos regionales sobre feminicidios, con indicadores claros y comparables, sería un paso importante hacia la internacionalización de la lucha contra el feminicidio y contribuiría a la rendición de cuentas de los Estados en el ámbito regional e internacional.
Es innegable que el feminicidio es un problema que requiere de un enfoque integral y de una cooperación sólida entre países y organismos internacionales. La creación de un derecho penal internacional que contemple el feminicidio como un delito específico y permita una respuesta coordinada y eficaz entre naciones es un desafío, pero también una oportunidad para avanzar en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y construir sociedades más justas e igualitarias. América Latina, como una de las regiones más afectadas por este flagelo, tiene una responsabilidad particular en esta lucha y, al mismo tiempo, un potencial enorme para liderar el cambio en el ámbito internacional.
Mientras las mujeres en la región sigan siendo asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, la justicia no puede limitarse a las fronteras nacionales ni a los sistemas judiciales de cada país. El feminicidio es un grito de auxilio que cruza fronteras y exige una respuesta global.
