El turismo suele asociarse con el descanso, el conocimiento de otros lugares y la posibilidad de escapar temporalmente de la vida cotidiana. Sin embargo, todo viaje implica también desplazamiento, exposición e incertidumbre. Al abandonar su entorno habitual, el viajero modifica sus relaciones de confianza, sus mecanismos de protección y su capacidad para reconocer riesgos, mientras se integra en espacios económicos y sociales organizados para recibirlo.
Desde esta perspectiva, la relación entre turismo y delito no puede reducirse a los ilícitos cometidos contra los visitantes. Comprende también las conductas realizadas por los propios turistas, los mercados criminales creados para satisfacer su demanda, la utilización ilícita de empresas del sector y los daños ocasionados a las comunidades receptoras. Examinar estas dimensiones permite comprender al turismo como un sistema de movilidad que desplaza no sólo personas, sino también dinero, deseos, información, oportunidades y riesgos.
Viajar significa abandonar provisionalmente el entorno habitual propio, dejar atrás las referencias ordinarias, las rutinas, las relaciones y buena parte de los mecanismos con los que las personas suelen orientarse y protegerse. En esa disociación se encuentra una de las promesas más antiguas al viajero que es conocer lo distinto, exponerse a la incertidumbre y regresar transformado. Pero en esto reside también una forma particular de vulnerabilidad. Fuera del entorno habitual, el viajero desconoce reglas, precios, rutas, instituciones y riesgos, depende de personas a las que no conoce y de servicios cuya confiabilidad no siempre puede comprobar.
El turismo moderno intenta reducir esa incertidumbre. A través de agencias y prestadores de servicios turísticos se organiza el traslado, reserva el alojamiento, diseñan recorridos, contratan intermediarios y convierte al destino en una experiencia aceptablemente previsible que promete salir de lo cotidiano sin perder enteramente la comodidad y la seguridad de la vida ordinaria.
Sin embargo, la organización turística no elimina los riesgos del viaje, por el contrario, incluso puede producir otros nuevos. El turismo concentra personas, dinero y expectativas, crea relaciones desiguales entre visitantes y residentes, genera zonas de anonimato y abre mercados asociados con el desplazamiento humano. Por eso no constituye sólo el escenario accidental de ciertos delitos, sino una forma de movilidad capaz de crear oportunidades criminales específicas.
El turista ocupa una posición ambigua. Es huésped, pero también consumidor; es extraño, aunque espera ser recibido como si fuera de casa; puede ser económicamente privilegiado respecto de la comunidad que visita y, al mismo tiempo, encontrarse indefenso ante quienes conocen mejor el terreno. Con frecuencia desconoce los procedimientos para denunciar y dispone de poco tiempo para hacerlo, si algo pasa, pues la necesidad de continuar el viaje, tomar un vuelo o regresar a su país puede convertirlo en una víctima atractiva para robos, fraudes, extorsiones, secuestros, agresiones o delitos sexuales.
Y no solo hablamos de pérdida material, pues la sustracción de un teléfono, una computadora, un pasaporte o una tarjeta bancaria puede conducir al robo de identidad, al acceso a cuentas, a la obtención de datos personales o a la apropiación de información profesional. El delincuente no pone su atención solamente en la sustracción de bienes, sino la dependencia del visitante respecto de ellos. Un documento sustraído en el lugar de residencia puede ser reemplazado con relativa facilidad, pero lejos de casa, su ausencia puede inmovilizar a la persona, obligarla a negociar o hacerla depender de intermediarios que tampoco conoce.
Pero reducir la relación entre turismo y delito a la victimización del viajero sería insuficiente, pues la misma distancia que debilita la protección del viajero puede disminuir los controles sociales que normalmente operan sobre su conducta. Hay quien piensa que el destino es un espacio de excepción, un lugar donde nadie conoce su nombre, donde la reputación acumulada en la comunidad de origen carece de importancia y donde las consecuencias parecen quedar atrás al terminar la estancia.
Lo cierto es que la temporalidad y el anonimato pueden favorecer daños, violencia, adquisición de drogas, explotación sexual, afectaciones al patrimonio cultural o ambiental y otras conductas que quizá no se realizarían en el entorno habitual. Ciertos contextos turísticos pueden debilitar la vigilancia social, intensificar el consumo de alcohol, estimular la búsqueda de experiencias extremas o transmitir la idea de que el destino existe para satisfacer cualquier deseo del visitante.
Esta percepción se vuelve especialmente grave cuando la diferencia económica entre turistas y residentes permite imaginar que todo está disponible para quien puede pagarlo. El paisaje, la cultura, los animales, las personas y hasta las prohibiciones pueden ser convertidos en mercancías; el visitante no sólo adquiere servicios legales, también puede generar, consciente o inconscientemente, una demanda de bienes y experiencias ilícitas.
Aparece entonces una tercera dimensión a considerar, integrada por los delitos dirigidos a satisfacer la demanda turística. Redes de trata de personas, explotación sexual, distribución de drogas, tráfico de especies, comercio ilícito de bienes culturales, falsificación y mercados clandestinos pueden encontrar en determinados destinos una clientela temporal, solvente y difícil de identificar. La actividad delictiva no se limita entonces a aprovecharse del turista sino que más bien se organiza para servirlo.
Una experiencia anunciada como exótica puede implicar explotación de personas; una artesanía aparentemente auténtica puede proceder del saqueo de un bien cultural; una actividad de contacto con animales puede encubrir tráfico de especies; un producto exclusivo puede provenir de un mercado clandestino. El turista consume el resultado final sin ver necesariamente la cadena de violencia, corrupción o depredación que lo hizo posible.
En estos casos, la movilidad separa al consumidor de las consecuencias de su consumo. La estancia breve permite disfrutar el producto o la experiencia sin permanecer en el territorio donde se manifiestan sus costos; cuando se marcha, permanecen las víctimas, el deterioro ambiental, la pérdida patrimonial y las redes ilícitas creadas para atender a quienes llegarán después.
La criminalidad turística también puede operar, en muchas ocasiones, mediante las propias empresas del sector. Hoteles, restaurantes, agencias, transportistas, plataformas y desarrollos inmobiliarios son estructuras económicas legítimas y esenciales y, precisamente por ello, pueden ser utilizadas como cobertura para lavar dinero, simular operaciones, cometer fraudes, ocultar patrimonio, canalizar recursos ilícitos o justificar ingresos difíciles de comprobar.
La multiplicidad de clientes, los pagos procedentes de distintos lugares, la utilización de efectivo, la estacionalidad, la intermediación y el elevado valor de ciertos proyectos inmobiliarios pueden facilitar la apariencia de normalidad. Una habitación supuestamente ocupada, un servicio difícil de verificar o una inversión turística compleja pueden convertirse en instrumentos para disfrazar operaciones que en realidad responden más a blanqueo de capitales o evasión fiscal.
Es necesario distinguir entre el negocio creado para delinquir, la empresa legítima controlada por intereses criminales, la organización que participa conscientemente en operaciones ilícitas y aquella que resulta utilizada por terceros debido a controles endebles. La precisión es indispensable para no confundir riesgo con culpabilidad ni actividad económica con criminalidad.
La última dimensión desplaza la mirada del visitante hacia quienes permanecen en el destino, a los habitantes de la localidad. El turismo transforma territorios, pues impacta en modificaciones del valor del suelo, la distribución del trabajo, el acceso a recursos y las prioridades de las autoridades. Muchas de esas transformaciones son legítimas, aunque puedan resultar controvertidas, pero también las hay vinculadas a actividades ilícitas.
El aumento de precios, la expansión hotelera o la modificación de actividades económicas no constituyen, por sí mismos, delitos pero la relevancia penal aparece cuando los cambios se realizan mediante despojo, corrupción urbanística, falsificación de autorizaciones, daño ambiental prohibido, explotación laboral, destrucción del patrimonio o apropiación ilícita de bienes naturales y culturales. En esos casos, la comunidad receptora deja de ser únicamente el espacio que hospeda al turista y se convierte en la víctima de un modelo construido para atraerlo.
Un desarrollo turístico financiado con recursos ilícitos puede producir simultáneamente lavado de dinero, corrupción y despojo; un hotel puede ser un negocio legítimo y, al mismo tiempo, un espacio utilizado para la explotación de personas; el tráfico de bienes culturales puede satisfacer la demanda de visitantes y privar a una comunidad de elementos esenciales de su memoria. Las distintas formas de criminalidad turística se articulan alrededor de los flujos de personas, dinero, deseos, información y poder que el turismo pone en movimiento.
Estudiar los delitos relacionados con el turismo exige, por ello, superar la anécdota del viajero al que roban la cartera o del visitante que se porta mal. Supone analizar un sistema de movilidad temporal que reorganiza territorios, crea mercados, concentra recursos y modifica los controles sociales. El derecho penal interviene cuando alguna de esas posibilidades cruza el límite que separa la experiencia turística del fraude, el negocio de la simulación, el deseo de la explotación y la transformación territorial del despojo.
Jorge Chessal Palau. Maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; Presidente del Capítulo San Luis Potosí de la Barra Mexicana Colegio de Abogados por el bienio 2024-2026.
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