Salomón Baltazar Samayoa.
La extorsión o el pago de piso consiste en el cobro de una cuota de dinero periódica que un grupo criminal exige a un comerciante para respetarle la vida o la de su familia, su tranquilidad o simplemente para que no sea molestado en su actividad por ningún otro extorsionador.
Esta forma de comportamiento delictivo está presente en otras partes del mundo, con mayor énfasis en Latinoamérica. En el año de 2019 la organización no gubernamental Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional por sus siglas GI.TOC- (The Global Initiative Against Transnational Organized Crime) con sede en Ginebra, es una red de organizaciones de la sociedad civil que funcionan como observatorios de la economía criminal, monitorea tendencias, recopila evidencias para el diseño de políticas públicas y está integrada por un grupo de profesionales que trabajan en contra de la economía criminal y sus autores.
Esta organización internacional dio a conocer una línea cuantitativa del delito de extorsión en Latinoamérica a partir de las denuncias realizadas por las víctimas. [1]
Este informe reconoce el incremento de la presencia del crimen organizado, el uso de la tecnología celular y el surgimiento de imitadores que se aprovechan del terror para engañar a las víctimas. Guatemala es el país que más denuncias registra en la estadística sin embargo es el país que menos paga, la que se estima en 60 millones de dólares anuales.
El Salvador paga 400 millones de dólares y Honduras 200 millones de dólares anuales, aunque en estos dos países el número de denuncias es muy inferior al de Guatemala. El informe considera que el pago de piso es una parte de la economía criminal que erosiona la calidad de vida y los derechos de las personas de la región. Este fenómeno se presenta en menor medida en Costa Rica y en Panamá.
Este comportamiento criminal también es medible considerando en forma correlacionada las lesiones, homicidios, daños a la propiedad por incendio, secuestro y desaparición de personas porque el empleo de la violencia es un instrumento fundamental de estos grupos. La coercitividad para obligar a las víctimas tiene muchos espectros delictivos que no se agotan en la simple amenaza de causar un mal como puede advertirse en el caso de los imitadores. [2]
El crimen organizado posee atributos que lo caracterizan: la finalidad económica en donde el principal objetivo es potencializar la posibilidad de enriquecimiento por medios ilegales; el suministro de bienes y servicios ilegales que provienen de mercados ilícitos en respuesta a una demanda determinada; actividades ilegales que se complementan con negocios legales para blanquear el producto económico; protegerse de otros grupos mediante el uso de la violencia y corromper a miembros de las agencias de justicia ?policial, judicial y carcelaria?, incluso extorsionando a autoridades por la información que poseen. Puede decirse que para el crimen organizado es más fácil servirse de la corrupción como herramienta central y utilizar la violencia como subsidiaria para cuando aquella falle. La resolución de conflictos está respaldada por el uso de la fuerza porque no puede acceder a la legalidad para asegurar su existencia, por ello busca sostener relaciones de tipo clientelar con funcionarios del Estado basadas en su capacidad de corromper porque mientras más poderoso es el funcionario, su protección es más eficiente ya que les permite utilizar la agencia del Estado como una red que involucra a una pluralidad de empleados. [3]
La violencia es utilizada como mecanismo de resolución de controversias, ahí donde las instituciones son débiles y la insatisfacción de las partes es manifiesta. El crimen organizado inexorablemente se relaciona con el narcotráfico, sin embargo, en Latinoamérica es identificado bajo seis manifestaciones relevantes: tráfico de drogas; tráfico de personas (trata y migrantes); tráfico de armas; tráfico de dinero; tráfico de recursos naturales y tráfico de mercancías (piratería y contrabando). [4]
En Italia uno de los delitos más comunes con el crimen organizado es la extorsión designada como pizzo que es una especie de impuesto que los empresarios deben pagar a las mafias a cambio de protección. En el año de 1992 el empresario Libero Grassi, fabricante de ropa en Palermo, anunció públicamente su resistencia a pagar el impuesto y la publicó en el periódico local. Meses después fue asesinado. Esto provocó que el parlamento italiano promulgará una ley para indemnizar a las víctimas de la extorsión proveniente de la mafia, [5] sin embargo, esto no produjo un incremento en el número de denuncias.
Algunas iniciativas de carácter civil que han mostrado mayor éxito de las acciones administrativas del Estado y que ha impulsado un crecimiento mucho mayor de personas que se resisten al pago de pizzo, es la asociación de empresarios denominado Adiopizzo que en el 2004 promovió acciones concretas como el uso de cartelones en las vitrinas de los negocios que muestran mensajes de adiós extorsión acompañadas de ayuda y protección por parte de la asociación. También existe una organización llamada Federación Italiana Antiextorsión que asiste a las víctimas que han denunciado y realiza labores de acompañamiento jurídico en los procesos judiciales y emprende acciones civiles en los procesos legales iniciados por extorsión contra organizaciones mafiosas. [6]
En México no conozco de ninguna iniciativa legal en alguna entidad federativa que implemente políticas públicas para asistir a las víctimas del pago de piso ni para brindarles asistencia económica o para brindarles acompañamiento jurídico en la presentación de denuncias, protección de testigos y seguimiento de las investigaciones. Los medios de comunicación dan cuenta, cada vez más, de establecimientos modestos, negocios y cadenas de tiendas que son incendiadas por negarse a pagar el impuesto que le imponen los grupos delictivos y han puesto al descubierto una realidad que ha permanecido oculta para la estadística criminal.
En una palabra, ni siquiera han implementado un mecanismo ágil y confidencial para recibir las denuncias de las víctimas. Me da la impresión que a nadie le importa. Las cámaras de comercio que agrupan a los comerciantes podrían ayudar en mucho.
¿O será que el pago de piso es parte de lo cotidiano y debemos aprender a vivir con él?
Autor de Tres Paradigmas de la Justicia Penal: La Autoría Mediata para crímenes cometidos por aparatos del Estado o por Organizaciones criminales; La Prueba y La Seguridad Ciudadana. Porrúa. México. 2020.
Coautor de Casos Penales. Porrúa. México 2005.
baltazarsalomon79@gmail.com
Citas.
[1] Disponible en https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/06/Hacia-una-cultura-basada-en-datos-Retos-en-la-medicio%CC%81n-de-la-extorsio%CC%81n-en-Centroame%CC%81rica-GI-TOC-CAM-Obs.pdf
[2] Véase ponencia de Hernández Millán, Jairo. El Crimen Organizado en América latina y el Caribe. Mapeo del caso Centroamericano. En el Seminario Internacional organizado por la fundación Friedrich Ebert en la Ciudad de México del 24 al 26 de junio de 2008.
[3] El Crimen Organizado en América Latina: Manifestaciones, Facilitadores y Reacciones. Carolina Sampó y Valeska Troncoso, compiladoras. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Madrid, España. 2017. Pp. 26 y 27.
[4] Ibidem p. 29
[5] Soto Martínez, Víctor. La Lucha contra el Crimen Organizado en Italia. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Serie minutas No. 28-22, 01-06-2022 P. 11.
[6] El Estado en América latina ante el asedio del crimen organizado. Editoras Bertha J. García Gallegos y Sonia Aldas Mejías. Real Instituto Elcano de España y la Pontificia Universidad Católica de Ecuador.2021. P. 232.
