Por una justicia más cercana a las personas indígenas
Por Imelda Nathaly González Guevara
Decenas han sido las voces de activistas y sociedad civil que se han alzado desde décadas atrás manifestando el rezago en que viven cientos de comunidades indígenas en nuestro país, atraso que va desde cuestiones de educación pública con severas deficiencias, falta de acceso a servicios de salud y tecnología, entre otros problemas que se agudizan con la actual intromisión de grupos de delincuencia organizada en ciertos municipios.
A lo anterior se suma también el tema de la impartición de justicia, que va de la mano con matices de discriminación y pobreza.
Varios (entre miles) son los casos que se conocen a través de los medios de información, sobre detenciones, procesos y resoluciones arbitrarias en donde las violaciones procesales han sido una constante.
El Estado mexicano, no obstante, la riqueza histórica y cultural que caracteriza a nuestra nación, poco ha hecho por llevar a cabo medidas efectivas que garanticen plenamente los derechos de las personas pertenecientes a los llamados pueblos originarios.
En un intento por resarcir las señaladas arbitrariedades y mejorar el acceso a la justicia, este 04 de julio se celebró la firma del convenio Por una justicia más cercana a las personas indígenas entre el Ministro Presidente Arturo Zaldívar y el Gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro Murat.
Nuestros indígenas son las personas más vulnerables de nuestro país, las más discriminadas, las más pobres, las más olvidadas. Muchas y muchos de ellos ni siquiera hablan el idioma español, son detenidos y no saben ni siquiera por qué, en muchos casos no se les respeta su derecho constitucional de tener un traductor y un intérprete que domine la lengua y la cosmovisión indígena. Arturo Zaldívar, Ministro Presidente.
Es importante recordar que Oaxaca es uno de los estados con mayor número de municipios: 570, de los cuales 434 son indígenas, de estos últimos, 407 se rigen por usos y costumbres; se trata de una población de 2.6 millones de indígenas de 16 grupos etnolingüísticos y 122 dialectos, lo cual se vuelve un calvario para un indígena sometido a un proceso penal, pues los órganos jurisdiccionales no cuentan con un número eficiente de traductores, aunque hay ocasiones en que ni siquiera se toman la molestia de solicitarlo, lo cual deja en absoluto estado de indefensión a aquellos que no hablan el español o lo hablan y entienden con dificultad.
Las expectativas sobre la firma de este convenio son elevadas, pues miles de indígenas en nuestro país narran las burdas formas en que se les ha sometido a proceso penal, en muchos casos con acusaciones de hechos inverosímiles, pruebas inexistentes y la más constante de las violaciones: falta de un traductor.
Los abogados, los procesados y sus familias, así como las ONG´s desean que esto no quede sobre papel mojado, tal como ocurrió con la ahora casi sepultada Ley de Amnistía que tanto revuelo causó hace no mucho.
Como siempre, te agradezco los minutos que dedicaste a la lectura de estas líneas.
Imelda Nathaly González Guevara
Maestra en Derecho, Profesora de la Facultad de Derecho De la Universidad Nacional Autónoma de México
