Adrián Regino
Desde el año 2000 hasta la actualidad, en México se han registrado más de 147 asesinatos cometidos en contra de periodistas, más de 500 medidas de protección en favor de este gremio en atención a las amenazas que viven constantemente producto de su labor. Es una cifra que pareciera mínima a comparación de los homicidios que se perpetran día con día, sin embargo, es abismal en el gremio periodístico y sobre todo, preocupante.
Cualquier delito en que se vea envuelto un periodista debe ser conocido por la Fiscalía General de la República, ello bajo un principio de eficacia y preocupación social sustentando en los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el propio Código Penal Federal ha señalado que cualquier delito cometido en contra de dichas personas, se aumentará un tercio de la pena del tipo penal básico.
Incluso, se ha creado la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Fiscalía General de la República que tiene como objetivo realizar una ardua investigación en los delitos en que se vean envueltos aquellas comunicadoras y periodistas que hayan sufrido alguna afectación por su labor.
Pero ¿todo esto ha funcionado? Partimos de que las investigaciones lamentablemente se ven limitadas como el resto derivado de la falta de recursos, en donde un Ministerio Público tiene la carga de trabajo de más de 100 carpetas de investigación, quien cuenta con el apoyo de dos oficiales secretarios, si es posible y con un policía ministerial, del cual -regularmente- se apoyan dos Ministerio Públicos más, provocando una imposibilidad de atender de manera eficiente todos y cada uno de los asuntos que les llegan a dichas fiscalías.
Otra problemática es el otorgamiento de las medidas de protección, conforme el Código Nacional de Procedimientos Penales el cual regula diversas medidas, entre ellas, las más utilizadas, el famoso código águila y medidas de restricción ¿eficientes? Depende el contexto.
Ahora bien, el seguimiento e integración de las carpetas en ocasiones se ve limitado en razón de que la mayoría de los delitos surgen de comisiones delictivas virtuales, en donde se necesita la participación de policía virtual para efecto de que rastreen los famosos ips y determinen de dónde pudo surgir dichas amenazas, sin embargo, en dicho entramado las personas que se dedican a ello, han tomado experiencia y cada día es más complicado obtener un resultado favorable.
Sin duda, pudiese parecer un escenario desalentador, sin embargo, me parece que es aquí donde la importancia de un asesor jurídico -ya sea público o privado- toma gran relevancia, porque es a través de este que se obtendrán mayores líneas de investigación y sobre todo, mayor protección hacia las víctimas, pues muchas veces cuando se niegan las medidas de protección, la víctima desconoce si puede pedirlas de nueva cuenta o qué paso legal seguir, por lo cual, una asesoría eficiente podría cambiar el rumbo de la investigación y sobre todo, salvaguardar la integridad de nuestros periodistas.
La libertad de expresión no debe ser motivo de peligro.
Adrián Regino Egresado de la UNAM, Maestrante de la universidad de Barcelona, Abogado en Regino abogados
