Un estudio reciente sobre los factores de riesgo que influyen en la reincidencia delictiva, llevado a cabo en diferentes cárceles, reveló que tener un trabajo y una relación estable de pareja son dos de los principales elementos protectores para reducir la reincidencia. [1]
La Ciudad de México ha desarrollado ejemplos de modelos de intervención en las prisiones que fundamentan el derecho a la reinserción mediante el trabajo digno, uno de los cuales fue el Programa de Actividades de Utilidad Pública “De Vuelta a la Comunidad” La experiencia práctica en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC)[2] y la creación de la primera marca penitenciaria registrada en México “Hazme Valer” ® 2019. [3]
Proyectos que surgieron durante el periodo 2018-2021 como parte de la política penitenciaria diseñada por Hazael Ruiz en el sistema penitenciario de la Ciudad de México, iniciativas que ya forman parte de la evidencia empírica para el desarrollo de políticas que se centran en un sistema de prevención y reinserción social, más allá del castigo.
No obstante, la sostenibilidad de este tipo de estrategias es compleja, sobre todo, de frente a una tendencia marcada en algunos países de América Latina por un punitivismo alejado de los principios de presunción de inocencia y dignidad y que da paso de manera acelerada a estructuras y prácticas de inocuización, como los recientes casos de represión y castigo extremo, que lamentablemente atraviesan hoy las cárceles en El Salvador.
El positivismo criminológico y las corrientes a favor de la neutralización del individuo frente al crimen, y el uso excesivo de la pena privativa de la libertad, siguen componiendo una gran parte del sistema de justicia penal a nivel internacional.A consecuencia de modelos de desarrollo neoliberales, en una sociedad en constante aumento de la pobreza, la desigualdad, la marginación y la exclusión social, el populismo punitivo y la extensión del espectro carcelario se han agravado hasta límites insospechados.
En este contexto, surgen corrientes que cuestionan la función de la pena con un fin eminentemente punitivo, mientras que otras proponen como principal fin, el colocar en el centro de su objetivo la dignidad del individuo. Esto abre la puerta a soluciones que privilegian el empleo de medidas alternativas a la prisión y a la modificación del mismo modelo del sistema normativo. Al cambiar de una política en la que el objetivo de la pena es el castigo, a una estrategia en la que el fin de la pena es la reinserción social basada en hacer frente a las causas que generan la violencia y reducir los niveles de vulnerabilidad social de las personas privadas de su libertad, como alternativa para profundizar en la naturaleza del actual sistema de (In)justicia penal.
En otras palabras, pero con el mismo sentido, es necesario hacer de las actuales edificaciones carcelarias que multiplican la corrupción y el castigo, verdaderos centros de justicia de ejecución penal. Y como consecuencia, en algún momento de este proceso de cambio, verlos como centros productivos, en los cuales el tiempo en prisión también sea tiempo de trabajo a favor de la comunidad.
Pero no todo es pernicioso, hay excepciones honorables y, como consecuencia de la actual transformación política en México, se ha venido estableciendo de manera gradual también una nueva estrategia de seguridad para enfrentar las causas de la violencia, que se basa, entre otros elementos, en la construcción de una política de justicia y prevención del delito con una visión humanista.
Por consiguiente, el paso hacia un Sistema de Justicia de Ejecución Penal, más allá de la reinserción, aunque con sus diferentes acentos, ha tenido entre sus elementos tres componentes principales.
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- Garantizar la seguridad, integridad y dignidad humana.
- Fortalecer las capacidades institucionales para combatir la corrupción y asegurar la legalidad y el acceso a la justicia durante la ejecución penal.
- Promover un modelo de Justicia restaurativa y la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad.
Los objetivos y principios de este enfoque se basan en la integridad y dignidad inherentes al ser humano, desde la cual se entiende que el objetivo de la sanción penal debe limitarse al ejercicio de derechos, mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales para garantizar la seguridad y las condiciones y medios necesarios para disminuir los niveles de vulnerabilidad social de las personas privadas de su libertad.
Esto significa la necesidad de establecer políticas públicas transversales que integren de forma responsable los recursos y esfuerzos de instituciones y organismos públicos y privados, que garanticen la seguridad jurídica, la gobernabilidad y el ejercicio efectivo de derechos desde una perspectiva diferencial, de acuerdo con la nueva estrategia de seguridad.
Como se estableció inicialmente, no se trata de la prisión sino de la construcción de un sistema de legalidad, lo que podrá contribuir a la reducción de la violencia y progresar, de frente a la reciente provocación de inocuización “bukelesca” hacia un Nuevo Modelo de Justicia de Ejecución Penal, basado en la inclusión como mecanismo para la construcción de la paz.
Referencias bibliográficas
- Sánchez, Aarón, Reinserción y Reincidencia en México: Estudio Sobre la Disminución de la Reincidencia Delictiva a través de Modelos de Intervención basados en la Capacitación y el Trabajo, México, 2022. ↑
- Manual del Programa de Actividades de Utilidad Pública “De Vuelta a la Comunidad” la experiencia práctica en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. UNODC, 2022. ↑
- Marca Penitenciaria “Hazme Valer” Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, ® 2019. ↑
Aarón Sánchez Castañeda
● Lic. en Administración Pública por la UNAM.
● Mtro. en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios.
● Maestrante en Criminología.
● Con especialidad en Administración de Prisiones en el International Correccional Management Training Center.
● Integrante de la 5ta. Edición del Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos del IPPDH del MERCOSUR y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
● Primer Auditor Mexicano de la Asociación de Correccionales de América ACA.
● En 2022 formó parte del grupo de expertos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito para la elaboración del Informe sobre las mejores prácticas para disminuir la reincidencia delictiva, publicado en la XXXI Sesión del Comisión de Prevención del Delito de las Naciones Unidas.
Twitter: @AaronSanchez_C
