La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha ordenado en más de la mitad de sus casos medidas de reparación que buscan prevenir la repetición de violaciones graves de derechos humanos en contextos de conflicto armado. Estas medidas, conocidas como garantías de no repetición (GNR), tienen como objetivo generar transformaciones estructurales en los Estados para evitar que se reproduzcan las condiciones que propiciaron los hechos violatorios.
Las GNR pueden abarcar diferentes aspectos, como la adecuación de la legislación interna, la educación en derecho internacional humanitario, la rendición de cuentas de los responsables, la protección de los defensores de derechos humanos, la reforma de las instituciones de seguridad y justicia, la participación de las víctimas y la sociedad civil, entre otros. Estas medidas implican un compromiso por parte de los Estados de adoptar acciones concretas y efectivas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos en el ámbito nacional.
Sin embargo, la implementación de las GNR no es una tarea fácil ni rápida. Se trata de un proceso complejo que requiere de la voluntad política, la cooperación interinstitucional, el diálogo social y el seguimiento internacional. Además, se debe tener en cuenta el contexto específico de cada Estado, sus capacidades, sus desafíos y sus prioridades. No existe una fórmula única ni una receta mágica para cumplir con las GNR. Cada Estado debe encontrar su propio camino para avanzar hacia una cultura de respeto a los derechos humanos.
La CIDH ha reconocido que los Estados tienen un margen de discrecionalidad para implementar las GNR, siempre y cuando se respeten los estándares internacionales y se consulte a las víctimas y a sus representantes. Así, la Corte ha buscado equilibrar el principio de subsidiaridad, que implica el respeto por la soberanía y la autonomía de los Estados, con el principio de efectividad, que implica el cumplimiento de las obligaciones internacionales y la satisfacción de las víctimas.
Sin embargo, la discrecionalidad de los Estados no puede ser ilimitada ni arbitraria. Los Estados deben rendir cuentas ante la Corte, la Comisión Interamericana, las víctimas y la comunidad internacional sobre el avance y los resultados de las medidas adoptadas. La Corte ha establecido mecanismos de supervisión y seguimiento de las GNR, como informes periódicos, audiencias públicas, visitas in situ y resoluciones de cumplimiento. Estos mecanismos buscan verificar el grado de acatamiento de las sentencias, identificar los obstáculos y los desafíos, y brindar orientaciones y recomendaciones a los Estados.
Algunas garantías de no repetición ordenadas por la CIDH son:
- La adecuación de las normas internas a los estándares internacionales de derechos humanos, como la abolición de la pena de muerte, la derogación de las leyes de amnistía o la reforma de las leyes de seguridad nacional.
- El desarrollo de políticas y prácticas de reconocimiento y resarcimiento de las violaciones del pasado, como la creación de comisiones de la verdad, la implementación de programas de reparación, la realización de actos públicos de disculpa o la construcción de monumentos conmemorativos.
- El fortalecimiento institucional para que los sistemas de verdad, justicia y reparación sean capaces de responder adecuadamente a las demandas de las víctimas, como la capacitación de los operadores de justicia, la depuración de las fuerzas de seguridad, la protección de los defensores de derechos humanos o la garantía de acceso a la información.
- La promoción de una cultura de derechos humanos y de paz en la sociedad, como la reforma de los planes de estudio, la sensibilización de los medios de comunicación, el fomento de la participación ciudadana o el apoyo a las iniciativas artísticas y culturales.
Estas medidas tienen el potencial de generar transformaciones nacionales en temas prioritarios para la región, por lo que aparecen como una nueva fuente de derecho interno pero la eficacia de estas medidas depende demasiado de la voluntad política y la cooperación de los Estados para aplicarlas, así como del seguimiento y la supervisión que realiza la CIDH y la sociedad civil.
Las GNR son una oportunidad para que los Estados fortalezcan su democracia, su Estado de derecho y su convivencia pacífica. Al implementar las GNR, los Estados no solo cumplen con sus obligaciones internacionales, sino que también contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos, son una apuesta por el futuro, por la memoria, por la verdad y por la justicia.
