En el sistema de justicia penal mexicano, los derechos de las víctimas han ganado un espacio central en el discurso legal y social, especialmente en las últimas décadas. Sin embargo, a pesar de los avances normativos y la creciente conciencia pública, la realidad para muchas víctimas sigue siendo adversa, marcada por la desprotección, la revictimización y el limitado acceso a la justicia. Esta columna analiza la situación actual de los derechos de las víctimas en el proceso penal mexicano, explorando tanto los logros alcanzados como los desafíos que persisten en la práctica.
La Constitución Mexicana reconoce a las víctimas de delitos como sujetos de derechos dentro del proceso penal. La reforma constitucional de 2008 y la Ley General de Víctimas de 2013 representaron pasos significativos para fortalecer el papel de las víctimas en el sistema de justicia, otorgándoles derechos específicos como el acceso a la justicia, la reparación del daño, la protección, y la participación activa en el proceso penal. Estos avances fueron concebidos como una respuesta a las crecientes demandas sociales por un sistema más justo y equitativo, especialmente en un contexto donde la violencia y la criminalidad han dejado a miles de personas afectadas en todo el país.
A pesar de este marco legal robusto, las víctimas en México aún enfrentan una serie de obstáculos que limitan su capacidad para ejercer plenamente estos derechos. Uno de los problemas más acuciantes es el acceso a la justicia. En muchas ocasiones, las víctimas deben lidiar con un sistema burocrático y poco eficiente, donde los procesos judiciales se alargan indefinidamente y las resoluciones no llegan con la prontitud necesaria. Esta dilación judicial no solo afecta la reparación del daño, sino que también prolonga el sufrimiento de las víctimas, obligándolas a revivir constantemente el trauma.
La revictimización es otro de los grandes desafíos en el proceso penal mexicano. Las víctimas a menudo se enfrentan a un trato insensible y desconsiderado por parte de las autoridades, que en lugar de ofrecerles apoyo y protección, las someten a procedimientos que las hacen revivir su dolor y trauma. Desde la recolección de testimonios hasta la exposición en juicios públicos, muchas veces las víctimas no reciben el cuidado y la atención necesaria para evitar un impacto emocional adicional. Este problema se ve agravado por la falta de capacitación de las autoridades judiciales y del Ministerio Público en temas de derechos humanos y trato a las víctimas, lo que perpetúa un ciclo de desconfianza y miedo hacia el sistema judicial.
El derecho a la reparación del daño, a pesar de estar claramente establecido en la legislación, sigue siendo un tema pendiente en la práctica. Muchas víctimas, especialmente aquellas de delitos graves como el feminicidio, la desaparición forzada o el homicidio, no reciben la compensación adecuada por el sufrimiento y las pérdidas sufridas. En muchos casos, la reparación del daño se limita a aspectos económicos, dejando de lado otras formas de reparación integral, como la rehabilitación psicológica, las disculpas públicas, o la restitución de derechos. Esta situación no solo afecta la dignidad de las víctimas, sino que también contribuye a la percepción de que el sistema penal está más orientado a la sanción del delito que a la verdadera reparación del daño causado.
Además, el derecho a la protección sigue siendo insuficiente en un contexto donde la violencia y la intimidación hacia las víctimas y sus familias es una realidad constante. En casos de violencia organizada o delitos graves, las víctimas y los testigos suelen enfrentar amenazas que ponen en riesgo su vida y su seguridad, lo que les impide participar activamente en el proceso penal o incluso las obliga a abandonar sus comunidades. A pesar de la existencia de programas de protección para testigos y víctimas, estos son limitados y muchas veces no se aplican de manera efectiva, dejando a las víctimas en una situación de vulnerabilidad extrema.
La participación activa de las víctimas en el proceso penal también se ve obstaculizada por la falta de información y orientación adecuada. Muchas víctimas no conocen sus derechos o no saben cómo ejercerlos, lo que las coloca en una posición de desventaja frente a un sistema que a menudo parece inaccesible y complejo. Esta falta de información se debe, en parte, a la insuficiente labor de las instituciones encargadas de la atención a víctimas, que no cuentan con los recursos ni el personal suficiente para brindar el acompañamiento necesario durante todo el proceso penal.
En este contexto, es importante reconocer los esfuerzos que se han hecho para mejorar la situación de las víctimas en México. La creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y los Centros de Justicia para las Mujeres son ejemplos de iniciativas orientadas a proporcionar apoyo integral a las víctimas, desde asesoría legal hasta atención psicológica. Sin embargo, estos esfuerzos aún son insuficientes frente a la magnitud de la problemática, y su impacto se ve limitado por la falta de recursos, la centralización de servicios en zonas urbanas, y la falta de coordinación entre las distintas instituciones involucradas.
La realidad actual en México demanda un compromiso renovado y más eficaz para garantizar los derechos de las víctimas en el proceso penal. Es necesario fortalecer las instituciones encargadas de la atención a víctimas, mejorar la capacitación de los funcionarios judiciales y del Ministerio Público, y garantizar la implementación efectiva de las leyes y programas existentes. Además, es fundamental promover una cultura de respeto y sensibilidad hacia las víctimas, donde se reconozca su sufrimiento y se les brinde el apoyo necesario para recuperar su vida y su dignidad.
En conclusión, aunque México ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las víctimas en el proceso penal, la realidad demuestra que aún queda mucho por hacer para que estos derechos se traduzcan en una protección efectiva y en un acceso real a la justicia. Las víctimas no deben ser vistas solo como un elemento más del proceso judicial, sino como sujetos de derechos que requieren atención y apoyo integral. Solo mediante un esfuerzo concertado y sostenido se podrá transformar el sistema de justicia penal en un espacio donde las víctimas realmente encuentren justicia, reparación, y dignidad.
