En los últimos años, las preparatorias en México han enfrentado un problema creciente y alarmante: la infiltración de células criminales. Estas organizaciones delictivas no solo se dedican al tráfico de drogas, sino que también reclutan a jóvenes para expandir sus operaciones, creando un entorno peligroso y perjudicial para los estudiantes. La presencia de estas células criminales en las escuelas es un reflejo de la ineficacia de las políticas públicas y la falta de medidas preventivas efectivas.
La infiltración de células criminales en las preparatorias no es un fenómeno nuevo, pero su impacto ha aumentado significativamente. Estas organizaciones aprovechan la vulnerabilidad de los adolescentes, quienes por lo regular se encuentran en la busqueda de su identidad y aceptación, para atraerlos. Los jóvenes se convierten en objetivos fáciles debido a la falta de vigilancia y control en las escuelas, así como a la ausencia de programas efectivos de prevención y educación.
Uno de los principales factores que contribuyen a la presencia de células criminales en los planteles de bachillerato es la falta de recursos y capacitación para el personal docente. Muchos maestros y administradores no están preparados para identificar y abordar problemas relacionados con el consumo de drogas y la actividad criminal entre sus estudiantes. Además, las escuelas no cuentan con programas de prevención y educación sobre drogas de forma prioritaria, lo que deja a los estudiantes sin la información y el apoyo necesarios para tomar decisiones informadas.
La falta de una estrategia integral y coordinada también es un problema significativo. Las políticas actuales se centran principalmente en la prohibición y la criminalización, sin abordar las causas que conducen al los jovenes al consumo de drogas desde fuera y dentro del plantel, asi como la participación en actividades delictivas que puede darse como resulto del entorno en que habitan o los vinculos familiares con que cuentan. Esta aproximación punitiva no solo ha fracasado en reducir el consumo de drogas, sino que también ha contribuido a la estigmatización y marginalización de los jóvenes, dificultando su acceso a programas de rehabilitación y apoyo.
La presencia de células criminales en las preparatorias tiene consecuencias graves para los estudiantes y la comunidad en general. para muchos jovenes, es el primer paso en su carrera criminal, lo que los dirige a enfrentar un futuro incierto, con pocas oportunidades de educación y empleo. Además, la violencia y la inseguridad generadas por estas organizaciones afectan negativamente el ambiente escolar, creando un entorno de miedo y desconfianza.
Para abordar este problema, es crucial implementar un enfoque más holístico y basado en la evidencia. En lugar de centrarse únicamente en la prohibición y la criminalización, las políticas públicas deben incluir programas de prevención y educación, así como servicios de apoyo y rehabilitación para los jóvenes. Estos programas deben ser accesibles y sensibles, ademas de estar diseñados para abordar las necesidades específicas de los adolescentes, teniendo en cuenta factores como el entorno social y familiar.
La colaboración entre el gobierno, las escuelas y las organizaciones de la sociedad civil es esencial para desarrollar e implementar políticas efectivas. Esto incluye la asignación de recursos adecuados y suficientes para la capacitación de docentes y el personal escolar, ademas de la creación de programas de prevención y rehabilitación.
Es importante destacar que la prevención y la educación no deben limitarse a las escuelas. Los programas de prevención deben comenzar en la infancia temprana y continuar a lo largo de la adolescencia. Esto incluye brindar información sobre los riesgos y consecuencias del consumo de drogas y la participación en actividades delictivas, así como el fomento de habilidades para la vida, como la toma de decisiones y la resolución de conflictos.
La presencia de células criminales en las preparatorias de México es un problema que pone en grave peligro a nuestros adolescentes y que requiere una respuesta integral y coordinada. Las políticas públicas deben ir más allá de la prohibición y la criminalización, y centrarse en la prevención, la educación y el apoyo a los jóvenes en temas como oportunidades y salud mental. La colaboración entre el gobierno, las escuelas, las organizaciones de la sociedad civil, los padres y las comunidades es esencial para abordar este problema de manera efectiva y garantizar un futuro más seguro y sano para los jovenes. Es imperativo el impacto de un esfuerzo conjunto y sostenido que logre reducir la influencia de las células criminales en las escuelas, especialmente cuando los contenidos que se reprducen en las diferentes plataformas de entretenimiento engrandecen ese tipo de vida criminal, y de igual forma proteger a los jóvenes de los peligros del consumo de drogas y la relación con grupos criminales.
