México es un país con una profunda diversidad cultural. Su Constitución reconoce el carácter pluricultural de la nación y los derechos de los pueblos indígenas a conservar sus sistemas normativos, incluidos sus mecanismos de impartición de justicia. Sin embargo, en la práctica, el derecho penal mexicano sigue enfrentando retos para integrar una visión verdaderamente intercultural que respete estos sistemas jurídicos indígenas sin entrar en conflicto con el marco constitucional y los derechos humanos.
El principio de interculturalidad en el derecho penal implica que los jueces, fiscales y operadores del sistema de justicia consideren el contexto cultural de los acusados y de las víctimas en los procesos penales. No se trata de aplicar leyes distintas a los indígenas, sino de interpretar y aplicar el derecho tomando en cuenta su cosmovisión y sus prácticas de justicia. Esto cobra relevancia en un país donde muchas comunidades indígenas han conservado sus propios sistemas de resolución de conflictos, que suelen basarse en la conciliación y la reparación del daño antes que en el castigo punitivo.
Un ejemplo claro de la aplicación de este principio en México se dio en el caso de Jacinta Francisco Marcial, una mujer indígena otomí que fue injustamente acusada de secuestrar a agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en 2006. Durante su proceso, enfrentó múltiples violaciones a sus derechos, incluyendo la falta de un intérprete en su lengua materna, lo que le impidió comprender plenamente el procedimiento en su contra. Después de varios años de lucha legal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que su condena había sido producto de un proceso viciado y ordenó su liberación. Este caso evidenció la urgente necesidad de aplicar un enfoque intercultural en el sistema de justicia penal para evitar que personas indígenas sean criminalizadas injustamente debido a barreras lingüísticas y culturales.
Otro aspecto relevante es la coexistencia del derecho penal estatal con los sistemas normativos indígenas. El artículo 2 de la Constitución mexicana reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ejercer sus propios sistemas jurídicos, siempre que estos no contravengan los derechos humanos ni la Constitución. Sin embargo, en la práctica, la falta de regulación específica ha generado conflictos de competencia entre autoridades comunitarias y el sistema de justicia estatal.
Un caso paradigmático ocurrió en el estado de Oaxaca, donde un tribunal indígena resolvió un conflicto de tierras mediante su propio sistema de justicia, pero la resolución fue posteriormente impugnada por autoridades estatales. Situaciones como esta plantean preguntas clave: ¿hasta qué punto el Estado debe intervenir en las decisiones de la justicia indígena? ¿Cómo se garantiza que estos sistemas respeten los derechos fundamentales? La respuesta no es sencilla, pero lo cierto es que la falta de coordinación entre ambas jurisdicciones genera incertidumbre tanto para las comunidades como para el sistema penal estatal.
El principio de interculturalidad también tiene implicaciones en la forma en que se entiende la culpabilidad y la responsabilidad penal dentro de las comunidades indígenas. En muchas de ellas, la justicia se basa en la reconciliación y la reparación del daño, más que en la reclusión carcelaria. Un caso notable es el de la comunidad rarámuri en Chihuahua, donde los conflictos se resuelven mediante acuerdos comunitarios que buscan restablecer la armonía social. En contraste, el derecho penal mexicano sigue operando bajo un enfoque retributivo, donde la privación de la libertad es la principal sanción.
Este choque de paradigmas ha llevado a que en algunos casos se reconozca la validez de las sanciones comunitarias. En el estado de Guerrero, por ejemplo, el sistema de la Policía Comunitaria ha sido reconocido como una forma legítima de seguridad y justicia indígena, aunque su relación con el sistema penal estatal sigue siendo ambigua y en ocasiones conflictiva.
El acceso a la justicia es otro de los grandes desafíos para la población indígena en México. A pesar de los avances legales, en muchos tribunales del país sigue siendo difícil encontrar intérpretes de lenguas indígenas certificados, lo que impide que los acusados y víctimas puedan defenderse o entender los procedimientos en su contra. En algunos estados, como Chiapas y Oaxaca, se han implementado programas de capacitación para jueces y defensores con el fin de incorporar la perspectiva intercultural en el proceso penal, pero estos esfuerzos aún son insuficientes.
El mayor reto para la aplicación del principio de interculturalidad en el derecho penal mexicano radica en lograr un equilibrio entre el respeto a los sistemas de justicia indígena y la protección de los derechos fundamentales. Existen prácticas tradicionales que pueden entrar en conflicto con el marco constitucional, como el castigo físico o el destierro, lo que ha llevado a debates sobre hasta qué punto el Estado debe intervenir. Sin embargo, esto no debe ser un argumento para deslegitimar la justicia indígena, sino una oportunidad para fortalecer el diálogo entre ambos sistemas y construir un modelo de justicia más incluyente.
Países como Canadá han desarrollado modelos interesantes, como los tribunales indígenas, que combinan elementos del derecho penal estatal con prácticas de justicia restaurativa propias de las comunidades indígenas. En México, sería viable explorar mecanismos similares, donde se permita que las comunidades indígenas resuelvan sus conflictos conforme a sus normas, pero con la supervisión de jueces que garanticen el respeto a los derechos humanos.
El derecho penal en México aún tiene un largo camino por recorrer para convertirse en un sistema verdaderamente intercultural. Si bien el reconocimiento de los derechos indígenas ha avanzado en el papel, su aplicación en la práctica sigue enfrentando múltiples obstáculos. La capacitación de jueces y operadores del sistema judicial en temas de interculturalidad, la creación de protocolos claros para la coordinación entre la justicia indígena y el sistema penal estatal, y el fortalecimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas son pasos fundamentales para garantizar un acceso a la justicia más equitativo.
El principio de interculturalidad no es un simple gesto de inclusión, sino una necesidad para que el derecho penal mexicano refleje la realidad plural del país. Incorporarlo de manera efectiva permitirá no solo proteger los derechos de los pueblos indígenas, sino también enriquecer el sistema de justicia con prácticas que priorizan la reparación del daño y la armonía social sobre la mera retribución punitiva. En este proceso, el reto principal es lograr un equilibrio entre la autonomía de los sistemas jurídicos indígenas y el respeto a los derechos humanos, un desafío que solo podrá resolverse con voluntad política, diálogo intercultural y una transformación profunda en la forma en que entendemos la justicia en México.
