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Juez dice que fue poco ético pero no ilegal el enriquecimiento de magistrado ligado a CJNG; FGR apelará

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Por: Arturo Ángel

El magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez, quien de acuerdo con autoridades de Estados Unidos estaría ligado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, fue absuelto por un juez con el argumento de que el enriquecimiento ilícito que se le imputa fue resultado de prácticas poco éticas, pero no ilegales.

Así lo informaron a este medio autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), las cuales confirmaron que el día de hoy presentarán una apelación para que el caso sea revisado por un Tribunal superior, tras considerar que no fue adecuada la resolución adoptada por el juez Daniel Ramírez Peña.

Se trata del mismo juez que previamente ha sido señalado en conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador por, según el gobierno, adoptar resoluciones que han favorecido indebidamente a personas relacionadas con delitos importantes.

La investigación ministerial en contra de Avelar Gutiérrez surgió luego de que en mayo del 2019 el Departamento del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos ubicó a dicho magistrado, quien laboraba en un tribunal federal en Jalisco, de ser uno de los colaboradores del CJNG y de su célula financiera conocida como “Los Cuinis”.

De forma paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda solicitó el congelamiento de cuentas bancarias ligadas a dicho magistrado por más de 70 millones de pesos al considerar que estaba implicado en operaciones financieras inusuales que podrían provenir de sobornos del crimen organizado.

Tras meses de indagatorias la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la FGR concluyó que en 2011 se habían detectado más de 12 millones de pesos de ingresos no justificables en cuentas ligadas al magistrado, que tampoco fueron declarados. Dinero que le fue transferido a través de tres movimientos bancarios no reportados.

El 22 de noviembre de 2019 Avelar Gutiérrez fue detenido por agentes federales y trasladado al penal del Altiplano donde permaneció en prisión preventiva durante más de dos años.

La “absolución”

Luego de múltiples retrasos por recursos promovidos y la pandemia sanitaria, la FGR logró que el caso en contra del magistrado llegara a un juicio oral el cual se llevó a cabo durante las últimas dos semanas de junio. En el procedimiento se mostraron las pruebas que ratificaron que los ingresos no reportados ocurrieron en las cuentas de Avelar Gutiérrez.

Sin embargo, la defensa de magistrado señaló que el dinero provino de una operación inmobiliaria en la que dicho juzgador transfirió la propiedad de una casa, y no de sobornos del crimen organizado.

Aunque el juez Ramírez Peña validó la irregularidad en torno a la supuesta venta inmobiliaria la cual no cumplió con los procedimientos regulares de una operación de esta naturaleza, consideró que en todo caso el magistrado había incurrido en una falta ética, pero enfocada en el ámbito de su vida privada y no con su labor como servidor público.

Por ello, el juez resolvió dictar una sentencia absolutoria por la presunta responsabilidad del magistrado en el delito de enriquecimiento ilícito.

“Es un criterio totalmente extraño y que consideramos improcedente. Nunca habíamos visto una determinación de este tipo y por ello hoy mismo se procederá con la apelación para que el caso sea revisado”, dijo un funcionario de la Fiscalía con conocimiento del caso, pero sin autorización para emitir un pronunciamiento público.

Cabe señalar que el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez enfrentó la mayor parte de este proceso en prisión preventiva hasta que en enero de 2022 logró que un tribunal modificara dicha medida cautelar impuesta en su contra y le impusiera una prisión domiciliaria.

Juez cuestionado

El 26 de enero pasado el juez Ramírez Peña, responsable de la absolución del referido magistrado, fue señalado en la conferencia matutina del presidente López Obrador como uno de los juzgadores federales que presuntamente favorecían con sus fallos a “objetivos prioritarios del crimen organizado”.

En concreto se cuestionó a dicho juez por haber ordenado la liberación de una exagente federal conocida como “Doña Lety”, quien de acuerdo con las investigaciones era una operadora importante en actividades del narcotráfico en Cancún, Quintana Roo.

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