La justicia penal en México ha experimentado transformaciones significativas en las últimas décadas, impulsadas por la necesidad de garantizar la equidad y el respeto a los derechos humanos. Uno de los ejes fundamentales de esta evolución ha sido la incorporación de la perspectiva de género, un enfoque indispensable para abordar las desigualdades estructurales que históricamente han afectado a mujeres y personas de identidades de género diversas en el acceso a la justicia. La aplicación de este enfoque en el ámbito penal no solo permite visibilizar las violencias de género, sino también promover soluciones más equitativas y adecuadas para quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad dentro del sistema de justicia.
La perspectiva de género en la justicia penal busca eliminar los prejuicios y estereotipos que han permeado la toma de decisiones judiciales, asegurando que los procesos sean justos y que las sanciones respondan a la realidad de las víctimas y no perpetúen desigualdades. En este sentido, jueces, ministerios públicos y demás operadores del sistema penal deben actuar con sensibilidad y conocimiento en casos donde el género juega un papel determinante en la violencia o en las circunstancias que rodean a los delitos. Un claro ejemplo de la relevancia de esta perspectiva se encuentra en los feminicidios, crímenes que durante años fueron minimizados y tratados como homicidios comunes, sin considerar los factores de género que los caracterizan. La tipificación del feminicidio en el Código Penal Federal y en los códigos estatales ha sido un avance crucial, pero su aplicación efectiva requiere que jueces y fiscales comprendan las dinámicas de violencia estructural que enfrentan las mujeres en México.
El acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sigue siendo un desafío, a pesar de los avances normativos. En muchas ocasiones, los agentes del sistema penal reproducen prácticas revictimizantes que desincentivan la denuncia y perpetúan la impunidad. Desde la falta de credibilidad otorgada a los testimonios de las víctimas hasta la omisión de medidas de protección oportunas, estos obstáculos evidencian la urgencia de una capacitación efectiva en perspectiva de género para todos los actores involucrados en la impartición de justicia. Organismos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación han emitido protocolos y criterios jurisprudenciales para orientar a los juzgadores en la incorporación de esta perspectiva en sus resoluciones, estableciendo principios como el deber de diligencia reforzada y la prohibición de estereotipos de género en los procesos penales.
Otro aspecto clave en la aplicación de la perspectiva de género en la justicia penal mexicana es el reconocimiento de que no solo las mujeres son víctimas de discriminación y violencia derivada del género. La comunidad LGBTQ+ enfrenta serios obstáculos dentro del sistema penal, desde la falta de reconocimiento de crímenes motivados por el odio hasta la discriminación en los centros de reclusión. En este contexto, la capacitación y sensibilización de los operadores judiciales resulta esencial para garantizar que las decisiones judiciales no reproduzcan la exclusión y la violencia que estas poblaciones ya enfrentan en la sociedad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido estándares internacionales que México debe adoptar para erradicar la discriminación por razones de género y orientación sexual en el ámbito de la justicia penal.
En la práctica, la incorporación de la perspectiva de género en la justicia penal mexicana ha sido un proceso lento y con resistencias. Si bien existen avances en la legislación y en la emisión de criterios judiciales, su implementación efectiva depende en gran medida de la voluntad política y del compromiso institucional. La creación de unidades especializadas en atención a víctimas de violencia de género, la capacitación obligatoria en materia de género para jueces y ministerios públicos, así como la aplicación de sanciones en casos de negligencia o revictimización, son algunas de las estrategias que se han impulsado para consolidar este enfoque en el sistema penal. Sin embargo, aún persisten desafíos importantes, como la falta de recursos para la atención integral de las víctimas, la resistencia de algunos sectores del poder judicial y la normalización de la violencia de género en la sociedad.
Uno de los ejemplos más paradigmáticos de la importancia de la perspectiva de género en la justicia penal ha sido el tratamiento de los casos de violencia sexual. Tradicionalmente, estos delitos han sido minimizados o desestimados bajo argumentos que culpabilizan a la víctima, lo que ha llevado a un alto grado de impunidad. La implementación de protocolos específicos para la investigación de estos delitos, la obligación de aplicar estándares internacionales de protección a las víctimas y la erradicación de prácticas discriminatorias en los interrogatorios y peritajes han sido avances fundamentales para garantizar justicia en estos casos. Sin embargo, estos mecanismos aún enfrentan obstáculos en su aplicación, ya que muchas veces dependen de la sensibilidad y disposición de los operadores del sistema penal.
Es fundamental reconocer que la perspectiva de género en la justicia penal no solo beneficia a las víctimas de violencia de género, sino que también contribuye a una justicia más equitativa y eficiente en general. Un sistema de justicia que integra este enfoque es un sistema que garantiza la igualdad ante la ley y que combate activamente las desigualdades que perpetúan la violencia y la discriminación. Por ello, resulta imprescindible fortalecer la formación en materia de género de todos los actores del sistema penal, desde policías hasta jueces, y asegurar mecanismos de supervisión que garanticen la correcta aplicación de este enfoque en cada etapa del proceso penal.
En conclusión, la incorporación de la perspectiva de género en la justicia penal mexicana es un elemento clave para la construcción de un sistema más justo y equitativo. A pesar de los avances legislativos y jurisprudenciales, su implementación efectiva aún enfrenta desafíos significativos que requieren un compromiso firme de las instituciones y de la sociedad en su conjunto. La capacitación, la sensibilización y el monitoreo constante del actuar judicial son herramientas indispensables para consolidar una justicia penal que realmente garantice los derechos de todas las personas sin distinción de género. Solo a través de este esfuerzo conjunto se podrá erradicar la impunidad y construir una sociedad en la que la igualdad y el acceso a la justicia sean una realidad para todas y todos.
