Cuauhtémoc Blanco no solo fue un ídolo del fútbol mexicano: hoy es diputado federal por Morena y, recientemente, se convirtió en el centro de una polémica nacional tras evitar ser desaforado por una denuncia por tentativa de violación presentada por su media hermana, Nidia Fabiola Blanco. La denuncia, presentada en octubre de 2024, señala que el hecho ocurrió en diciembre de 2023, cuando Blanco aún era gobernador de Morelos. A pesar de la gravedad de los señalamientos, la Cámara de Diputados decidió no retirarle el fuero constitucional, blindándolo ante una posible acción penal.
La Fiscalía de Morelos solicitó el desafuero para que el exfutbolista pudiera ser investigado sin privilegios. Sin embargo, el 25 de marzo de 2025, el Congreso de la Unión votó en contra de esa solicitud: 291 votos a favor del dictamen que lo protegía, 158 en contra y 12 abstenciones. En los hechos, Cuauhtémoc Blanco continúa protegido por su investidura legislativa, mientras que la víctima, como suele pasar en muchos casos de violencia sexual, enfrenta no solo el dolor del hecho denunciado, sino la indiferencia institucional.
¿Por qué el Congreso no quiso desaforarlo?
Porque Cuauhtémoc Blanco es parte de la bancada de Morena, y en plena temporada electoral, el cálculo político pesó más que la justicia. Algunos diputados oficialistas argumentaron que la denuncia podría tener tintes políticos, ya que fue iniciada por el entonces fiscal Uriel Carmona en los últimos días de su gestión. Otros dijeron que la carpeta no estaba bien integrada. Pero ninguna de esas excusas borra el hecho de que se trata de una acusación por un delito grave: tentativa de violación. ¿Desde cuándo las denuncias de violencia sexual deben esperar a tener “el momento político adecuado” para ser investigadas?
El fuero constitucional no fue diseñado para proteger a políticos acusados de agresiones sexuales. Fue pensado para garantizar la libertad en el ejercicio del cargo, no para blindar a alguien de ser investigado por un delito de esta naturaleza. Lo que hizo el Congreso fue usar el fuero como escudo, y eso, en términos jurídicos y éticos, es una forma de violencia institucional.
Como bien señala la antropóloga feminista Rita Segato, uno de los grandes problemas del poder es que tiende a protegerse a sí mismo, incluso cuando eso significa silenciar a las víctimas. Y eso ocurrió aquí. El Congreso protegió a uno de los suyos antes que garantizarle a una mujer el acceso a la justicia. Eligió la lealtad partidista sobre la ética pública.
La senadora Patricia Mercado fue clara al afirmar que esta decisión representa “un duro golpe a la justicia”. No es solo una frase. Es un diagnóstico. Cada vez que las instituciones colocan en duda a la víctima solo porque el acusado tiene poder o es popular, lo que están diciendo es que hay vidas que valen menos y voces que merecen ser calladas.
No es casual que muchas legisladoras y organizaciones feministas hayan condenado la decisión. Como lo ha explicado Marcela Lagarde, el feminismo no busca venganza: busca justicia. Y lo que aquí se impidió fue justamente eso: el derecho de una mujer a que su denuncia sea escuchada y analizada por un juez, no descartada por una mayoría legislativa que vota en bloque.
Cuauhtémoc Blanco tiene derecho a defenderse, sí. Pero no desde el privilegio del fuero. No desde el lugar en el que él, y no la víctima, tiene todas las garantías del sistema. Porque eso no es justicia: es impunidad disfrazada de legalidad.
Hoy, el Congreso le ha dicho a las víctimas de violencia sexual que si su agresor es poderoso, tendrán que esperar. O callar. Pero también ha encendido una alarma: el fuero sigue siendo usado para proteger a quienes no deberían ser protegidos. Y mientras no se rompa ese pacto, la justicia para las mujeres seguirá siendo una promesa pendiente.
@irvingregino
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