La extorsión y el cobro de piso se han consolidado en México como fenómenos delictivos que trascienden la lógica clásica del crimen organizado para convertirse en verdaderos sistemas económicos paralelos. No se trata únicamente de conductas aisladas cometidas por grupos criminales, sino de dinámicas estructurales que revelan fallas profundas en la política criminal del Estado mexicano. Analizar estos delitos desde una perspectiva de política criminal obliga a dejar de lado el enfoque reactivo y punitivista para observar el contexto económico, social y territorial que permite su expansión, normalización y reproducción.
El cobro de piso es, en esencia, una forma de tributación criminal. Sustituye al Estado allí donde éste no garantiza seguridad, certeza jurídica ni condiciones mínimas para el desarrollo económico local. Comerciantes, transportistas, pequeños empresarios, vendedores ambulantes e incluso profesionistas independientes se ven obligados a pagar una cuota periódica para poder trabajar. No se trata de un pago por protección real, sino de la compra forzada de una tregua: pagar para no ser violentado. Esta lógica transforma a la extorsión en una actividad económica altamente rentable, de bajo riesgo y con escasas consecuencias penales efectivas.
La respuesta institucional ha sido limitada y, en muchos casos, equivocada. El discurso oficial insiste en el aumento de penas, en la tipificación reiterada del delito y en operativos espectaculares que pocas veces se traducen en desarticulación real de las redes extorsivas. El Código Penal Federal y los códigos penales locales contemplan la extorsión como delito grave, pero la severidad normativa no se ha traducido en una disminución del fenómeno. Esto revela una constante: la inflación penal no equivale a eficacia en el control del delito.
Uno de los principales problemas es que la política criminal ha abordado la extorsión como un delito individual, cuando en realidad se trata de un fenómeno económico colectivo. El cobro de piso opera como una economía criminal local con reglas propias, jerarquías internas, mecanismos de coerción y canales de recaudación estables. Criminalizar únicamente al extorsionador visible (el que llama, el que cobra, el que amenaza)ignora la estructura que sostiene el sistema: redes de información, complicidades institucionales, control territorial y una base social que, por miedo o necesidad, guarda silencio.
La cifra negra en materia de extorsión en México es alarmante. La mayoría de las víctimas no denuncia. No lo hacen porque no confían en las autoridades, porque temen represalias o porque consideran inútil el proceso penal. Desde la política criminal, esta desconfianza debería ser un indicador clave del fracaso del modelo actual. Un sistema que depende de la denuncia para activarse, pero que no genera condiciones de seguridad para denunciar, es un sistema condenado a la inoperancia.
Además, la extorsión afecta directamente la economía local y regional. Incrementa los costos de operación de los negocios, desalienta la inversión, fomenta la informalidad y provoca cierres masivos de pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, estos impactos económicos rara vez son considerados en el diseño de la política criminal. El análisis se queda en el daño individual a la víctima, sin dimensionar el efecto multiplicador que tiene el cobro de piso sobre el desarrollo económico y el tejido social.
Desde una perspectiva de política criminal racional, la extorsión debería ser tratada como un delito estratégico, no solo por su gravedad, sino por su capacidad de capturar economías locales completas. Esto implicaría un cambio de enfoque: pasar del castigo posterior al delito a la intervención estructural en los territorios donde estas prácticas se reproducen. Seguridad pública, desarrollo económico, fortalecimiento institucional y prevención social del delito no pueden seguir operando como compartimentos aislados.
Mientras que el Estado suele mostrar una enorme capacidad punitiva frente a delitos patrimoniales de subsistencia, la persecución de las economías criminales basadas en la extorsión enfrenta obstáculos constantes. Investigaciones deficientes, falta de inteligencia financiera, ausencia de protección efectiva a víctimas y testigos, y, en algunos casos, colusión de autoridades locales, debilitan cualquier intento serio de combate. La política criminal pierde legitimidad cuando el castigo parece dirigido solo a quienes carecen de poder económico o protección.
La extorsión también evidencia una paradoja del derecho penal mexicano: se castiga la conducta, pero se tolera el contexto que la produce. Zonas con abandono institucional, economías precarias, mercados informales y ausencia de servicios básicos se convierten en terreno fértil para el cobro de piso. El delito no surge en el vacío; surge donde el Estado ha renunciado a ejercer sus funciones mínimas. Sin embargo, la política criminal sigue apostando por la represión, sin asumir la corresponsabilidad estatal en la generación de estas condiciones.
En este sentido, resulta indispensable cuestionar el uso simbólico del derecho penal. Endurecer penas por extorsión puede ser políticamente rentable, pero es criminalmente ineficaz si no va acompañado de estrategias de investigación complejas, protección real a víctimas y una intervención económica que reduzca la dependencia de las comunidades respecto a las economías criminales. El derecho penal simbólico genera la ilusión de control, pero no transforma la realidad delictiva.
Una política criminal seria frente a la extorsión debe incorporar el análisis económico del delito. Mientras el cobro de piso siga siendo un negocio de alta rentabilidad y bajo riesgo, continuará expandiéndose. Esto implica atacar las ganancias, no solo a los operadores visibles. Inteligencia financiera, decomisos efectivos, extinción de dominio bien aplicada y seguimiento patrimonial deberían ocupar un lugar central en la estrategia, y no ser herramientas marginales o discursivas.
Asimismo, es necesario replantear la relación entre víctimas y sistema penal. La política criminal debe dejar de exigir heroísmo a quienes sufren extorsión. No es razonable esperar que pequeños comerciantes enfrenten solos a organizaciones criminales. El Estado debe garantizar anonimato, protección y acompañamiento real, no solo en el discurso normativo, sino en la práctica cotidiana.
Finalmente, la extorsión y el cobro de piso obligan a pensar que mientras el Estado no recupere el control económico y social de los territorios, el derecho penal seguirá siendo un instrumento tardío, insuficiente y, en muchos casos, meramente decorativo.
