La responsabilidad penal de las personas jurídicas en México ha sido un tema de controversia en el ámbito jurídico. Durante mucho tiempo, el enfoque principal del sistema penal se centraba en la responsabilidad individual de las personas físicas, dejando de lado la posible culpabilidad de las organizaciones y empresas. Sin embargo, en años recientes, se han implementado cambios significativos en la legislación mexicana para abordar esta cuestión.
La incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en México busca establecer un marco legal que permita sancionar a las empresas y organizaciones que participan en actividades delictivas. Esta medida se fundamenta en la premisa de que las personas jurídicas tienen la capacidad para cometer delitos y deben ser responsables de sus acciones.
Uno de los argumentos a favor de esta responsabilidad penal es que las personas jurídicas no son meras entidades abstractas, sino que están compuestas por individuos que toman decisiones y llevan a cabo acciones en nombre de la organización. Por lo tanto, cuando una empresa o entidad comete un delito, es justo que se le atribuya responsabilidad penal, ya que son los actores humanos dentro de la organización quienes llevan a cabo las acciones ilícitas.
Sin embargo, existen críticas y preocupaciones respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Algunos argumentan que esto puede llevar a la criminalización excesiva de las empresas, especialmente en casos en los que los actos delictivos son cometidos por unos pocos individuos dentro de una organización grande. Además, se plantea la dificultad de determinar la culpabilidad de una persona jurídica, ya que no es un ente con voluntad o intención propia, sino una entidad conformada por diversas personas y estructuras.
Es fundamental que la legislación y su aplicación garanticen que la responsabilidad penal de las personas jurídicas sea proporcional y justa. Esto implica establecer criterios claros y precisos para determinar cuándo una empresa puede ser considerada responsable penalmente. También es necesario asegurar que las sanciones sean adecuadas y proporcionales al daño causado, evitando así la imposición de castigos excesivos que puedan afectar la viabilidad y la estabilidad de las organizaciones.
Ana Laura Álvarez Colín
Estudiante de la Facultad de Derecho UNAM.
