Un tribunal federal ratificó la concesión de un amparo en favor del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, para que se revise la prisión preventiva que desde hace 15 meses lo mantiene privado de su libertad en el Reclusorio Norte. Esto luego de considerar que no se justificó adecuadamente la imposición de dicha medida.
La concesión de dicho amparo no significa la libertad automática para Lozoya, pero sí abre la posibilidad de que esto ocurra, pues ahora se tendrá que llevar a cabo una nueva audiencia en la cual el juez de control tendrá que verificar y explicar qué acciones o circunstancias justifican el encarcelamiento del exfuncionario.
El problema es de origen y data de 2020, cuando Lozoya fue extraditado desde España tras ser detenido por el caso de los sobornos que presuntamente recibió de las empresas Odebrecht y Altos Hornos. Las condiciones iniciales sobraban para encarcelarlo en México: se trataba de una persona que se había escapado del país hasta otro continente, con un amplio poder económico, y con múltiples domicilios.
Sin embargo, y para sorpresa del propio juez que encabezó la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) no quiso encarcelarlo. Como una retribución por la denuncia que presentó en contra de opositores al actual gobierno federal por presuntos hechos de corrupción del pasado, solo se pidió como medida cautelar la colocación de un brazalete electrónico.
El tiempo pasó y hasta la fecha la trama de sobornos para aprobar la reforma energética, denunciada por Lozoya, no se ha probado ni hay nadie encarcelado por ello. Pero el exfuncionario mantuvo el beneficio hasta que, en octubre de 2021, fue fotografiado por la periodista Lourdes Mendoza cenando de forma distendida en un restaurante de Polanco.
En realidad, ese hecho, por sí mismo, no significaba para Lozoya ninguna violación de la medida cautelar que originalmente se le había impuesto. Él no tenía prohibido salir de su casa. Pero el tema se volvió un escándalo mediático y hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su molestia en una conferencia matutina.
A partir de ahí la actitud de la FGR cambió y requirió al juez una audiencia de revisión de medidas cautelares que se llevó a cabo en noviembre de ese mismo año. En dicha audiencia los fiscales acusaron a Lozoya de tener “poco pudor procesal”, y de haber escondido unos dos millones de euros en una cuenta en Europa.
El juez consideró que era viable imponer la prisión preventiva como debió ocurrir desde un inicio. Sin embargo, sus abogados han argumentado ahora, con éxito, que esto ocurrió de forma injustificada pues el exfuncionario no faltó a ninguna medida que se le impuso originalmente.
En ese contexto, el Noveno Tribunal Colegiado consideró procedentes los alegatos del exdirector de Pemex, por lo que en los siguientes días se tendrá que revisar si se mantiene o no dicha prisión preventiva.
Mientras tanto los procesos penales iniciados en contra de Emilio Lozoya por los casos Odebrecht y Agronitrogenados se siguen alargando sin resolverse. Ambos ya cumplieron dos años y medio de iniciados y más de un año de que se presentaron las acusaciones, pero los jueces continúan concediendo prórrogas a petición de la defensa.
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