Por: Arturo Ángel
En un lapso de cuatro meses la organización no gubernamental TOJIL: Estrategia contra la Impunidad identificó más de 150 casos de posible corrupción ocurridos en todos los niveles de gobierno en México, la mayoría de los cuales permanecen en la impunidad aun cuando hay indagatorias oficiales al respecto.
Los casos, monitoreados y clasificados semanalmente en “El Corruptómetro”, incluyen desde violaciones a procedimientos de contratación de servicios, hasta flagrantes desvíos de recursos, contratación de empresas fantasma, negligencias y/o abusos de autoridad, investigaciones torcidas a modo, tráficos de influencias, y un abanico de irregularidades que no solo han dejado pérdidas millonarias, sino que han costado vidas.
TOJIL comenzó la publicación de estos casos en el marco de una alianza y financiamiento de la “National Endowment for Democracy (NED)” con el objetivo de identificar los casos más relevantes de corrupción del país, para su posterior selección e investigación.
Para identificar los casos la organización fundada por las abogadas Estefanía Medina y Adriana Greaves recurre a un monitoreo permanente de los principales medios de comunicación y a la revisión y verificación con fuentes privadas, y a partir de diversas variables los clasifica.
“Se identifican los casos más relevantes de la semana y se enlistan en función de los criterios de: jerarquía de los servidores públicos, montos de afectación, así como el posible impacto individual o colectivo del caso”, indicó la organización.
Entre los casos que han figurado en la posición número 1 de la lista del corruptómetro figuran desde el procedimiento fraudulento con el cual el ISSSTE asignó a una empresa un contrato por servicios médicos que indirectamente afectó a pacientes que perdieron la viuda, hasta el involucramiento de mandos del Ejército en irregularidades y desvíos en torno a la construcción del AIFA.
La corrupción, como señala el propio reporte de la ONG, es un problema que no parece menguar en México. El último Índice de Percepción de Corrupción publicado por Transparencia Internacional en enero, ubica nuevamente a México como el peor país de la OCDE en esta materia, y como el penúltimo de los que integran el G20 solo por encima de Rusia.
Los resultados
En el periodo del 18 de octubre de 2022 al 13 de febrero de 2023 TOJIL publicó 15 corruptómetros con un total de 153 casos en los que se consignan o reportan hechos de posible corrupción. Del total de casos, 72 involucran exclusivamente a autoridades del gobierno federal, 47 a autoridades estatales, 9 a autoridades municipales, y el resto una combinación de varios de ellos.
Además 57 casos, que representan al 37.2 por ciento del total involucran a gobiernos o funcionarios emanados exclusivamente de Morena; en 24 casos los implicados son gobiernos vinculados exclusivamente con el PRI; y en otros nueve casos con el PAN. Hay 27 casos donde están implicados gobiernos y funcionarios de Morena junto con otros del PRI o del PAN; y el resto corresponde a otros partidos o combinaciones.
De los casos identificados por la organización, 56 de ellos que equivalen a más de la tercera parte provienen de hechos que son revelados por primera vez en una nota o investigación periodística, mientras que los restantes tienen su origen en anuncios hechos por las autoridades como parte de sus investigaciones.
Aunque en su mayoría los hechos de corrupción que se reportan permiten presumir que hay un daño patrimonial y pudieron cometerse delitos, solo en 45 de los 153 casos del monitoreo realizado por TOJIL hay procesos penales en curso ante una autoridad judicial. Es menos del 30 por ciento de todo el total.
De hecho, la impunidad parece ser el común denominador porque de acuerdo con el registro de TOJIL en ninguno de los casos reportados existe ya algún tipo de sanción para los responsables y reparación del daño. Por el contrario, existen casos incluidos en los reportes como el de Rosario Robles o Ramon Sosamontes por el caso La Estafa Maestra, donde los procesos penales iniciados fueron cancelados o desechados.
La caja de pandora
Entre los casos que han ocupado los primeros puestos de los rankings semanales publicados por TOJIL figura, por ejemplo, la contratación sin licitación que hizo el ISSSTE de una empresa denominada IMEDIC para que le proporcionara servicios de radiología, así como diversos estudios de laboratorio e incluso cirugía. Pero dicha compañía resulto no tener la experiencia adecuada para ello y los servicios no se prestaron como estaba contemplado.
La afectación fue mayúscula con más de 35 mil pacientes con estudios y servicios médicos que no pudieron recibir y, específicamente, huno el caso de 9 personas que perdieron la vida antes de poder recibir dichos tratamientos. La funcionaria directamente responsable de esto fue la directora de Administración y Finanzas, Almendra Lorena Ortiz Genis, quien antes de llegar a este puesto pertenecía a la ayudantía del presidente López Obrador.
Otro caso que ocupó las primeras posiciones en noviembre fue la detención por una supuesta denuncia de tortura del exfiscal anticorrupción de Chihuahua, Francisco González Arredondo. La acusación fue impulsada por la administración de la actual gobernadora María Eugenia Campos, a quien precisamente indagó González Arredondo por recibir pagos ilegales con recursos desviados por el otrora gobernador priista del estado, Cesar Duarte.
En ese mismo mes también destacó el caso de un coronel y un capital del Ejército que están implicados en desvíos por casi 180 millones de pesos del erario y en contratos irregulares relacionados con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Dos empresas de tecnología que reclutaron en sus filas a Claudia Elena Pérez, quien hasta agosto de 2020 trabajó en la oficina de Alejandro Esquer, secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador, y a partir de ahí sus ganancias se dispararon, fue uno de los casos destacados en los corruptómetros de diciembre; al igual que la revelación del plagio en la tesis de la ministra Yasmín Esquivel; o el pago de moches millonarios realizados con contratistas a empresas fantasma para obtener contratos con Segalmex.
En el primer mes de este año TOJIL colocó en las primeras posiciones de sus “corruptómetros” casos como el de la petición que hizo en 2019 el presidente López Obrador al entonces titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Jaime Cárdenas, de que violara la ley para obtener recursos y comprar cachitos del sorteo del avión presidencial.
También el caso de la presunta extorsión que perpetró la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara a un grupo de atletas de natación, a quienes les condicionaron su apoyo a cambio de que apoyaran públicamente al expresidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), Kiril Todorov, pese a que este enfrenta un proceso penal por hechos de corrupción.
Las contrataciones posiblemente fraudulentos que facilitaron desvíos millonarios en favor del exsecretario de Seguridad, Genaro García luna, y el caso de la empresa Baker Hughes que mintió al señalar que no había obtenido contratos el mismo día que facilitó una casa a un hijo del presidente López Obrador, se encuentran entre los reportados en febrero.
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