Por: Arturo Angel
La Fiscalía General de la República (FGR) se negó a practicar los peritajes especializados en la materia para verificar si el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, o su padre, Emilio Lozoya Thalmann, sufrieron algún tipo de presión o maltrato equivalente a una tortura durante la investigación de los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
Estas pruebas, denominadas coloquialmente Protocolo de Estambul, habían sido solicitadas por el abogado Oscar Zamudio, a quien la FGR acusó penalmente por haber denunciado (supuestamente de forma falsa) que Lozoya pudo sufrir algún tipo de tortura.
Zamudio sostiene que hay indicios que arrojan que estas presiones psicológicas pudieron haber existido, pero la FGR se ha negado en todo momento a integrar una indagatoria por estos hechos. Ahora, ni siquiera en el contexto del proceso penal que impulsa contra el defensor ha aceptado hacer alguna prueba pericial para, en todo caso, descartarlo.
Como este medio ha señalado en diversas notas previas la Fiscalía logró que un juez penal vinculara a proceso a Zamudio por, presuntamente, alegar hechos falsos y tratar de sacar ventaja de ello. Esto luego de que el abogado pidió que el proceso en contra de su cliente, el también exdirector de Pemex, Carlos Treviño, se suspendiera bajo el argumento de que la acusación provenía de una declaración con hechos falsos que Lozoya rindió bajo presión.
El pasado 9 de septiembre, y ya en el contexto del proceso abierto en su contra y de la investigación complementaria que se realiza, Zamudio solicitó a la FGR que le ayudara a recabar tres pruebas que, dijo, son claves para esclarecer si Lozoya sufrió algún maltrato.
Entre esas pruebas se encontraba el llamado Protocolo de Estambul que se utiliza justamente para esclarecer con los exámenes periciales adecuados si una persona ha sufrido algún tipo de malos tratos equivalentes a una tortura. Pero el fiscal a cargo del caso, Kristian Jiménez, respondió que esto era improcedente ya que el proceso no versaba sobre Lozoya sino respecto a Zamudio.
En el oficio de respuesta al abogado el fiscal agregó que los hechos de la presunta tortura al exdirector de Pemex ya habían sido objeto de otra investigación. Un hecho que en realidad no es preciso dado que la FGR se abstuvo de investigar el caso, como ya se ha expuesto en notas previas.
Zamudio también había solicitado que se recabara en conjunto con la defensa una entrevista a Lozoya (preso en el Reclusorio Norte) y a su padre para verificar todos estos hechos. Pero el fiscal respondió que no era procedente ya que no había constancia de que la defensa lo hubiera intentado por su cuenta antes de pedir auxilio de la FGR.
Cerrojazo a extorsión
Otra prueba que Zamudio había requerido era que se incorporara copia del video de la audiencia intermedia del caso Agronitrogenados realizada el pasado 31 de agosto, en la que Lozoya acusó que había sido blanco de presiones y extorsiones de parte de las autoridades que le exigían diversas cantidades de dinero sin fundamento a cambio de suspender su proceso.
La defensa consideraba que esto era importante dado que mostraba que, en efecto, podría haber existido una presión o acción ilegal en contra de Lozoya que debería ser objetivo de una investigación, como lo había solicitado Zamudio en su denuncia.
El fiscal Jiménez respondió que esto tampoco era procedente con el argumento de que no le parecía una prueba pertinente para el desarrollo del actual proceso.
“No basta proponer actos de investigación, sino que para solicitarlos se debe justificar su realización, lo cual no ocurre en el escrito del imputado Oscar Zamudio Campos, pues no existe relación entre dicha causa penal, con los hechos y antecedentes que obra en la presente indagatoria para en su caso realizar el análisis respecto de la procedencia de dicho acto de investigación”, respondió la fiscalía.
Y piden más tiempo en el proceso
Por otro lado la FGR solicitó al juez federal un aplazamiento para el cierre del periodo de investigación complementaria dentro del proceso penal iniciado en contra de Oscar Zamudio. Originalmente el juez José Rivas González había dado un mes para el cierre de la indagatoria, el cual venció el pasado 9 de septiembre, pero los fiscales han estimado que necesitan más tiempo para cerrar su caso.
Por su cuenta la defensa de Zamudio envió una petición en el mismo sentido al juzgado, pero pidiendo un aplazamiento de dos meses más para el cierre de la indagatoria, con la finalidad de recabar las pruebas que les hacen falta para su caso.
Se prevé que esta misma semana el juzgado resuelva estas peticiones y acuerde extender el referido periodo ya que, en este caso, ambas partes están de acuerdo en que este periodo se extienda.
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