Con el proceso electoral 2024 a la vuelta de la esquina, los ánimos de la vida política se han intensificado al punto de violar la ley electoral con meses de anticipación y comenzar una simulación de precampañas ilegales por parte de la oficialía y la oposición. Los conocidos “Frente Amplio por México” y el “Unidos por la Transformación”.
Los artículos 3 y 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), nos indican que a lo anterior se le conoce como actos anticipados de precampaña y acreditan sanción al no respetar los plazos establecidos.
El contexto anterior es importante, porque nos demuestra que el poder que se disputa, saca lo peor del ser humano y que es capaz de cualquier cosa (aunque sea ilegal e inmoral) con tal de obtener una victoria por las candidaturas en juego. Inclusive, agredir, difamar y violentar al contrario para sacarlo del camino.
La intimidación política es la noticia diaria, y se puede ver reflejada en la situación del exfiscal de Morelos Uriel Carmona, funcionario que desde el poder se trata de imputar con varios delitos, para asegurar una sentencia definitiva y mantenerlo cautivo en el penal.
Es una estrategia de venganza política, ya que 4 veces fue víctima de procesos penales inducidos desde el poder del Estado, y 4 veces se le han otorgado amparos a su favor ordenando su inmediata liberación, pese a que ilegalmente, posterior al último, se le mantuvo retenido de más tiempo en el centro de máxima seguridad.
No es de sorprenderse, si surgen con el paso de los días más intentos de sometimiento contra el exfiscal, puesto que su libertad desagrada a partidarios del gobierno por asuntos que la víctima conoce sobre ellos y mancharían su historial en esta contienda por el poder. Asimismo, el acoso que se vive en este caso, incluye a los abogados de Carmona y al Poder Judicial. Es una oportunidad desde el poder para desacreditar al Estado de Derecho y a la división de poderes que frenan el actuar del Ejecutivo.
Si se busca obtener un resultado favorable a los intereses de la Fiscalía, se debe comenzar contratando fiscales que brinden un servicio profesional. El Poder Judicial al conceder los amparos no es parte de la controversia, y por ende, los representantes del exfiscal supieron hacer su trabajo beneficiando los intereses de su cliente.
Hoy en día la FGR vive momentos críticos, pues el trato a las víctimas de delitos, es ineficaz y deficiente. Existe alta impunidad en delitos y las investigaciones, la mayoría de las veces, resultan inconclusas. En la actualidad para levantar una denuncia en la fiscalía, se necesita que el delito se encuentre consumado, de lo contrario no es de su interés atender a la preocupación del ciudadano en un posible agravio futuro a su persona.
Del mismo modo, la presunta candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, es otra persona perseguida desde el poder. Es impresionante el acoso político que ha sobrellevado, desde un intento de demolición de su vivienda, hasta la pretensión de retirar la legitimidad de su título profesional. Políticos varios como Samuel García, Marko Cortés, Beatriz Paredes, Santiago Creel, y más, han sido difamados públicamente para reprimir el movimiento que encabezan. Sin contar empresarios, medios de comunicación, académicos, y otros.
Parece ser, que existen personas que incomodan al poder, por razones políticas, sociales, económicas o de interés privado. Sin embargo, la finalidad sigue siendo la misma: desacreditar al contrario para ganar votos. Me pregunto, ¿es una persecución política de venganza previa a las elecciones 2024 o son distractores para olvidar la decepción de políticas públicas que han llevado al país a un régimen autoritario deficiente de servicios, seguridad, medicamentos y justicia disfrazado de una democracia progresista?
Avryl Rodríguez.
- Estudiante de Derecho UNAM Feminista y activista social.
- Apasionada del Derecho Electoral y Penal.
- Diploma en “VIII Congreso Internacional de Derecho Constitucional” por la SCJN.
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