Como sabemos diariamente existe uno más hechos de tránsito en cualquier parte del país, dando un total aproximadamente de quince mil muertes al año, lo que incrementa lesiones graves, riesgos de trabajo, muertes, daños materiales, pasando de ser un tema tránsito a un tema de salud pública. Sin olvidar que la seguridad vial es un derecho y la prevención de siniestros viales una obligación de interés púbico.
Sin embargo, no existe una base única de datos oficial y publica en donde se centralicen los siniestros (accidentes viales o hechos de tránsito), siendo fundamental para concientizar, prevenir la repetición y evitar posibles sanciones.
Si bien es cierto existe el REPUVE (Registro Único Vehicular) que sirve como herramienta para consultar los reportes de robo de un vehículo. OCRA (Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados) que de igual forma concentra información de vehículos robados y recuperados por las aseguradoras y el INEGI, que concentra de manera general estadísticas de accidentes de tránsito, no obstante no proporciona un dato preciso de quien ocasiono los hechos de tránsito, por lo que es importante incorporar un registro nacional específico de antecedentes administrativos de responsabilidad vial y reincidencia, por ser importante identificar a las personas conductoras cuya responsabilidad haya quedado legalmente acreditada y haya reincidido.
En ese tenor, la creación de una Base Nacional de Datos de Conductores Involucrados en Siniestros Viales constituye una propuesta que merece ser analizada desde una perspectiva de prevención, seguridad vial y responsabilidad de quienes conducen vehículos automotores.
La finalidad de esta propuesta no debe ser únicamente registrar accidentes, sino establecer un mecanismo institucional que permita:
La coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.
La generación y sistematización de información sobre siniestros viales.
La prevención de hechos de tránsito
Determinar, mediante procedimientos legales, quién fue responsable.
Identificar a los conductores reincidentes.
Establecer cursos obligatorios de educación y manejo defensivo.
Aplicar medidas administrativas proporcionales a la gravedad y reincidencia.
Reducir los índices de lesiones, muertes y daños materiales ocasionados por hechos de tránsito.
La implementación de políticas públicas sustentadas en evidencia.
En ese tenor es importante verificar jurídicamente la viabilidad de dicha propuesta, por lo que es importante considerar los artículos 1°, 4°, 14°, 16 y 21 Constitucional. Asimismo es importante que dicha propuesta se vincule con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, al ser el principal ordenamiento nacional en esta materia, en donde se regulen las sanciones de las personas reincidentes, así como la impartición de cursos obligatorios de educación y manejo defensivo y hasta el retiro de la licencia de conducir, sobre todo, tratándose de vehículos de autotransporte, por tener mayor índice de riesgo y responsabilidad.
No olvidemos que el mejor conductor es el que previene respetando los protocolos de seguridad vial y quien tendrá menos probabilidad de estar involucrado en un siniestro vial.
