Los delitos contra la salud han sido una preocupación constante en México, y su historia se entrelaza con los esfuerzos por proteger la salud pública y controlar la distribución de sustancias peligrosas. A lo largo de los años, la legislación ha evolucionado para abordar de manera más efectiva esta problemática, pero aún existen desafíos significativos que deben afrontarse.
Un recorrido por la historia
Los antecedentes históricos de los delitos contra la salud en México se remontan al gobierno de Venustiano Carranza en 1916, cuando se creó el Consejo de la Salubridad General. Esta institución se encargó de prevenir y corregir las adicciones a drogas y estupefacientes. Posteriormente, en 1923, se emitió un decreto que prohibía el contrabando de sustancias como el opio, la cocaína, la heroína y la morfina, marcando así el inicio de la lucha contra el narcotráfico en el país.
En los códigos penales anteriores a 1931, no se regulaban de manera estricta los delitos contra la salud. Se hacía una distinción entre sustancias nocivas y aquellas con utilidad medicinal. Sin embargo, a medida que el problema de las drogas se agravaba, se hizo necesario abordarlo con mayor contundencia.
La legislación actual
En la actualidad, la Ley General de Salud y el Código Penal Federal de México contienen disposiciones que abordan los delitos contra la salud, en particular, el narcotráfico y el narcomenudeo. Estas leyes establecen sanciones para la producción, tenencia, tráfico y otros actos relacionados con sustancias prohibidas.
Las reformas realizadas en agosto de 2010 fortalecieron la legislación en esta área, incluyendo disposiciones para casos de delincuencia organizada y estableciendo una jerarquía de autoridades federales y locales en la persecución de estos delitos.
La lucha
Los delitos contra la salud son una cuestión compleja y de constante cambio en México. A pesar de los esfuerzos, la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo sigue siendo un desafío monumental. La violencia y la corrupción relacionadas con el tráfico de drogas siguen afectando negativamente a la sociedad.
Es importante recordar que, más allá de la aplicación de sanciones, abordar estos delitos también implica cuestiones sociales, de salud y económicas. La prevención, la educación y el acceso a tratamientos efectivos para las adicciones son fundamentales para enfrentar la raíz del problema. Además, es esencial garantizar que las políticas no resulten en la criminalización de personas con problemas de adicción.
Los delitos contra la salud tienen una larga historia, sin embargo, el éxito en la lucha contra estos delitos requerirá un enfoque equilibrado que combine sanciones con esfuerzos de prevención y atención de salud pública, para lograr un impacto sostenible en nuestra sociedad.
Esteban Ramírez Martínez.
Estudiante de 9no. semestre de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.