La profesión jurídica, como la conocemos, está continuamente experimentando avances tecnológicos. La irrupción de las tecnologías de la información, la inteligencia artificial y los temas de ciberseguridad ha impactado de manera significativa en la comunidad jurídica de países como Estados Unidos y el Reino Unido. Estos avances han forzado al ámbito jurídico a modernizarse, fusionando el ámbito jurídico con la innovación tecnológica. En este contexto, México no ha sido la excepción, aunque aún le queda mucho camino por recorrer en la plena adopción de estas herramientas.
Una de las innovaciones más notables en México es la implementación de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que ha permitido a los abogados y jueces ingresar al sistema electrónico de este poder. Los documentos electrónicos y mensajes de datos firmados con FIREL tienen la misma validez jurídica que sus contrapartes en papel, de acuerdo a las leyes correspondientes. Esto representa un avance significativo en la eficiencia y accesibilidad de la justicia, reduciendo la burocracia y los tiempos de espera.
El impacto de las tecnologías de la información en el derecho penal no se limita solo a la firma electrónica, ya que la legislación se ha ido adaptando para regular delitos cibernéticos y proteger la privacidad, como lo ejemplifica la Ley Olimpia. Además, las instituciones judiciales han adoptado tecnología para mejorar la eficiencia, como las Unidades Especializadas del Combate al Secuestro (UECS), que han recurrido a sistemas más avanzados para el procesamiento de casos.
Asimismo, se ha reconocido el derecho de acceso a la información, cuya relevancia se acentuó con la Ley Federal de Acceso y Transparencia a la Información Pública Gubernamental. Con esta ley, se estableció la obligación del Poder Judicial de la Federación de hacer públicas sus sentencias dictadas, lo que fomenta la transparencia y el acceso a la justicia.
Este escenario refleja una realidad innegable: los abogados deben estar preparados para adaptarse a estos avances. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal han automatizado sus actividades judiciales, facilitando a los litigantes la revisión de sus casos a través de la FIREL. Este avance demuestra que la tecnología no solo es una herramienta útil, sino una necesidad para el aparato gubernamental y las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia.
Estefanía Morales Arenas.
