Por: Arturo Ángel
El jefe de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general brigadier Pedro Bonilla Muñoz, testificará ante un juez federal para confirmar que el Ejército Mexicano sí adquirió este software espía en el sexenio pasado, como ya lo informó antes por escrito.
Lo anterior en el marco de las audiencias que se llevan a cabo en contra de Juan Carlos García Rivera, exempleado de una firma de tecnología, quien ha sido acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de haber usado ese software para espiar a la periodista Carmen Aristegui.
Como ya se había publicado previamente el juez a cargo del proceso, Luis Benítez Alcántara, ordenó que el general Bonilla comparezca personalmente ante el estrado el próximo 28 de diciembre. Ello luego de desestimar una petición de las partes para que lo hiciera a través de una videoconferencia.
¿Por qué ha sido citado a declarar Bonilla? De acuerdo con los registros judiciales a los que este periodista tuvo acceso todo está relacionado con un oficio firmado el 13 de diciembre de 2019, que se encuentra en el tomo VII de la carpeta de investigación número FED/SDHPDSC/UNAI/CDMX/0000430/2017.
Los fiscales a cargo de la investigación del caso solicitaron a la Defensa Nacional que informara si dicha dependencia había adquirido previamente el software conocido como “Pegasus”, desarrollado por una empresa israelita y empleado para intervenir comunicaciones privadas a través de dispositivos móviles.
Tras la consulta respectiva las áreas responsables de la Sedena confirmaron que sí se había adquirido dicho software y fue el general Bonilla Muñoz quien comunicó esta información a los fiscales en un oficio enviado en 2019.
En ese contexto la defensa de García Rivera ofreció como dato de prueba la comparecencia de dicho general con el objetivo de evidenciar que no solo instancias civiles sino también militares adquirieron esta tecnología que, según diversas investigaciones periodísticas y judiciales, se ha usado de forma ilegal para espiar a comunicadores y defensores de derechos humanos, entre otros.
¿Es ilegal que Sedena tenga y use Pegasus?
De acuerdo con lo que establece la Constitución cualquier intervención de comunicaciones privadas debe ser autorizada por un juez para que tenga validez legal. La solicitud de intervención – se expresa literalmente – debe hacerla el Ministerio Público o “la autoridad federal que faculte la ley” y debe estar fundada y motivada.
La Defensa Nacional cuenta con una Procuraduría de Justicia militar y con fiscales y policías de investigación encargados de investigar delitos del orden militar. De acuerdo con algunos especialistas eso facultaría a la Defensa en contar con ese tipo de tecnologías, pero solo para su utilización en el fuero castrense.
En los últimos tres sexenios el Ejército también ha colaborado no solo en tareas de seguridad nacional o interior sino como coadyuvante en seguridad pública. La Guardia Nacional, bajo su control operativo, tiene además facultades para auxiliar al Ministerio Público. Aun así, en estos escenarios toda intervención de comunicaciones tendría que ser por petición de un fiscal.
La investigación “Ejército Espía”, publicada por diversas organizaciones y medios el año pasado, documentó que la Defensa Nacional ha adquirido ya en el actual sexenio equipos de espionaje con los mismos proveedores de Pegasus. Y, de forma paralela, se han reportado casos de infección con este malware a periodistas y activistas que indagan casos relacionados con posibles abusos castrenses.
¿Y el juicio por Pegasus cómo va?
A lo largo de diciembre continuará el desahogo de las pruebas y testigos que ofreció tanto la FGR como la defensa en el juicio abierto en contra de Juan Carlos García Rivera por la presunta intervención ilegal de comunicaciones a la periodista Carmen Aristegui.
Entre las personas que ya se han presentado a declarar se encuentran la propia periodista, así como un testigo colaborador de nombre clave “Zeus” quien confirmó que por instrucciones de altos funcionarios del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto se espiaron a diversas personas.
Una vez que concluya el desahogo de pruebas por parte de la FGR corresponderá a la defensa la presentación de sus testigos y pruebas.
Cuando esta fase termine corresponderá al juez Luis Benítez Alcántara determinar una sentencia absolutoria o condenatoria. Cabe recordar que en su escrito de acusación la FGR solicitó al juez que se le imponga a García Rivera una condena de 16 años de prisión. Cualquiera que sea la determinación esta podrá ser sujeta de apelación.
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