México vive desde hace más de una década una grave crisis de seguridad pública, provocada por la violencia y la corrupción del crimen organizado, especialmente del narcotráfico. Ante la incapacidad o complicidad de las autoridades civiles, el gobierno federal ha recurrido al uso de las fuerzas armadas para combatir a los grupos criminales, otorgándoles cada vez más facultades y recursos.
Sin embargo, esta estrategia ha generado una serie de consecuencias jurídicas y sociales que ponen en riesgo el Estado de derecho y los derechos humanos. Por un lado, la participación de los militares en tareas de seguridad pública implica una ampliación del ámbito de aplicación del derecho penal militar, que es un régimen especial y excepcional, diseñado para regular la disciplina y el orden castrense, no para perseguir y sancionar delitos comunes.
Por otro lado, la intervención de los militares en el combate al crimen organizado y el narcotráfico ha provocado un aumento de las violaciones a los derechos humanos de la población civil, como ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, cateos ilegales, entre otras. Estos abusos, en muchos casos, quedan impunes, debido a la falta de transparencia y rendición de cuentas de las fuerzas armadas, y a la resistencia de los tribunales militares a ceder su competencia a los tribunales civiles.
Los datos duros muestran la magnitud del problema. Según el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de 2019, se registraron 2,983 quejas por violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las fuerzas armadas, de las cuales 1,671 correspondieron a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 1,312 a la Secretaría de Marina (SEMAR). Asimismo, según el informe de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) de 2020, se documentaron 29 casos de ejecuciones arbitrarias, 12 casos de tortura y 7 casos de desapariciones forzadas atribuidos a las fuerzas armadas entre 2010 y 2019.
Ante este panorama, es necesario replantear el papel y la responsabilidad de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, y reformar el marco legal vigente para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de todos los involucrados. Algunas propuestas que se han planteado al respecto son:
– Limitar el uso de la fuerza militar a casos de excepción, cuando se acredite la existencia de una amenaza grave a la seguridad nacional, y bajo el control y la supervisión del Congreso de la Unión.
– Fortalecer las capacidades y la profesionalización de las instituciones civiles de seguridad pública y procuración de justicia, para que asuman su responsabilidad primaria en el combate al crimen organizado y el narcotráfico, y para que se coordinen eficazmente con las fuerzas armadas cuando sea necesario.
– Armonizar el derecho penal militar con los estándares internacionales de derechos humanos, y establecer mecanismos efectivos para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares, tanto en el ámbito interno como en el internacional.
La intervención militar en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico es un tema que requiere se involucre a todos los sectores de la sociedad. No se trata de descalificar o estigmatizar el trabajo de las fuerzas armadas, sino de reconocer sus límites, sus riesgos y oportunidades, además de buscar alternativas que garanticen la seguridad y la paz de la nación, sin sacrificar el Estado de derecho y los derechos humanos.
