La desaparición forzada en México es una de las tragedias más lacerantes de los últimos tiempos. A medida que el país se ha visto envuelto en una ola de violencia derivada del crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, el número de personas desaparecidas ha alcanzado cifras alarmantes. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), se reportan más de 110,000 personas desaparecidas desde 1964 hasta la actualidad, y la cifra sigue aumentando. En este contexto, la ciencia forense debería jugar un papel trascendental en la identificación de cuerpos y en la obtención de justicia para las víctimas y sus familias. Sin embargo, el estado actual de la ciencia forense en México revela una crisis profunda que afecta tanto a las instituciones encargadas como a la sociedad en su conjunto.
El sistema forense en México está colapsado. En los últimos años, las morgues del país se han llenado de cuerpos no identificados, muchos de los cuales corresponden a víctimas de desapariciones forzadas. El rezago en la identificación de restos es abrumador: se estima que hay decenas de miles de cuerpos en condiciones de anonimato, esperando ser identificados. Las razones de esta crisis son múltiples y complejas. La falta de personal capacitado, la escasez de recursos tecnológicos y la ineficiencia administrativa son factores que han contribuido al estancamiento de los procesos de identificación. En muchas ocasiones, los cuerpos son hallados en fosas comunes, lo que complica aún más el proceso de identificación debido a las condiciones en que se encuentran los restos.
La falta de personal capacitado es uno de los problemas más acuciantes. En México, existen pocos antropólogos forenses, genetistas y otros especialistas en ciencias forenses, lo que significa que la carga de trabajo para los pocos que hay es inmensa. Esto, a su vez, provoca que los peritos no puedan dedicar el tiempo necesario a cada caso, lo que lleva a errores y omisiones en los informes forenses. Además, en muchos estados del país, los servicios médicos forenses carecen del equipo necesario para realizar análisis detallados y precisos, como pruebas de ADN. La falta de inversión en laboratorios forenses es evidente, y en algunos casos, los peritos deben trabajar con equipo obsoleto que limita su capacidad para llevar a cabo su labor de manera eficiente.
Otro aspecto crítico es la acumulación de cuerpos no identificados en las morgues. Muchas de estas instalaciones están al borde del colapso, con cadáveres almacenados en condiciones insalubres debido a la falta de espacio y recursos para su adecuada conservación. Esta situación no solo dificulta el trabajo de identificación, sino que también representa una violación a los derechos humanos de las víctimas, cuyos cuerpos no reciben un trato digno. Además, la acumulación de cuerpos en las morgues genera un ambiente de incertidumbre y desesperación entre las familias de los desaparecidos, que ven cómo pasa el tiempo sin obtener respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.
La crisis forense en México también se agrava por la corrupción y la falta de voluntad política. En muchos casos, las investigaciones de desapariciones forzadas se ven obstaculizadas por la inacción o la complicidad de las autoridades. Existe una falta de coordinación entre las distintas instituciones encargadas de llevar a cabo las investigaciones, lo que provoca que los casos se queden estancados en un limbo burocrático. Además, la impunidad es un problema endémico: pocos son los responsables de desapariciones forzadas que han sido llevados ante la justicia, lo que alimenta un círculo vicioso de violencia y desconfianza en las instituciones.
A pesar de estos obstáculos, las familias de los desaparecidos no se han rendido. En todo el país, se han organizado colectivos de búsqueda que, con sus propios recursos, se dedican a rastrear pistas y a excavar fosas clandestinas en busca de los restos de sus seres queridos. Estas familias han asumido un rol que debería corresponder al Estado, y en muchos casos, han logrado hallazgos significativos que las autoridades habían ignorado o desestimado. Sin embargo, el proceso no termina con el hallazgo de un cuerpo; la identificación forense es crucial para que las familias puedan dar sepultura a sus seres queridos y para que se pueda llevar a cabo la justicia.
La crisis forense en México no solo es un problema técnico o administrativo; es un problema profundamente humano que refleja el dolor y la desesperación de miles de familias que buscan respuestas. Cada cuerpo no identificado es una herida abierta en la conciencia colectiva del país, una prueba tangible de la violencia y la impunidad que han marcado nuestra historia reciente. La falta de respuestas no solo es una deuda pendiente con las familias de los desaparecidos, sino con toda la sociedad mexicana, que merece vivir en un país donde la justicia y el respeto a los derechos humanos sean una realidad.
Es imperativo que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y tome medidas urgentes para resolver esta crisis. Esto incluye la inversión en infraestructura forense, la capacitación de personal especializado y la creación de políticas públicas que garanticen la coordinación efectiva entre las distintas instituciones involucradas en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Además, es necesario que se fortalezcan los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que las investigaciones se lleven a cabo de manera transparente y que la atención a victimas y familiares se realice de la manera más humana y eficiente posible.
