Por: Arturo Ángel
En enero la cifra de personas presas en México rompió la barrera de las 230 mil, el nivel más alto de los últimos ocho años. Al mismo tiempo, sin embargo, los delitos denunciados han continuado en ascenso y en 2022 las fiscalías registraron más de 2 millones 140 mil ilícitos, un nuevo récord.
Lo anterior contradice las afirmaciones que han hecho políticos y gobernantes en el pasado como el exjefe de Gobierno y hoy senador, Miguel Ángel Mancera, quien en su momento atribuyó los incrementos de la incidencia delictiva al hecho de que se estaba liberando a muchas personas que debían permanecer en las cárceles.
Lo que muestran los datos oficiales de la Secretaría de Gobernación es que al corte del pasado 31 de enero había en total 230 mil 51 personas privadas de su libertad en alguno de los 284 centros penitenciarios del país. Dos mil más que las que había al cierre de diciembre de 2022.
Si se compara con lo registrado con enero de 2022, cuando había 223 mil 507 personas presas, se trata de un incremento superior a los 7 mil internos en apenas un año. Y es que, con excepción de lo registrado en diciembre, prácticamente cada mes creció en alguna medida la cantidad de personas en las cárceles del país.
La población penitenciaria en México ha venido en ascenso en los últimos cinco años. Previamente, con la entrada en vigor del nuevo sistema penal en 2016 que dificultó el encarcelamiento automático de personas, se había logrado reducir en tres años más de un 30 por ciento el total de personas presas. La tendencia ahora es opuesta.
En comparación con 2018, cuando el año terminó con 197 mi 988 personas encarceladas, los más de 230 mil que ahora tenemos representan un incremento superior al 16 por ciento. Esto pese a distintas acciones que el actual gobierno federal ha querido implementar para agilizar la salida de personas presas, ya sea con amnistías o programas de salidas alternas.
Sin embargo, son las propias políticas implementadas en el sexenio actual las que han contribuido al incremento de personas presas. Desde 2019 el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el apoyo de legisladores de oposición, triplicaron la cantidad de delitos por los cuales una persona puede ser sometida automáticamente a una prisión preventiva en el país.
Lo que los datos oficiales muestran es que, de las 230 mil 51 personas presas en México, 92 mil 615 que equivalen al 40.2 por ciento están bajo proceso sin haber sido enjuiciadas ni sentenciadas todavía. Dicho de otra forma, 4 de cada 10 internos son personas legalmente inocentes a los que aún no se les ha probado con una sentencia que realmente cometieron un delito.
Este porcentaje es aún mayor en el caso de las mujeres, ya que el 49.7 por ciento de las 12 mil 982 mujeres presas, es decir prácticamente la mitad, están procesadas sin haber recibido aún una condena.
El incremento de la población penitenciaria, impulsado por las personas en prisión preventiva, ha hecho crecer – además – los niveles de hacinamiento, luego de que en los últimos años se había logrado tener, al menos en el total nacional, más espacios disponibles en las cárceles que personas presas.
Pero hoy la realidad es distinta. Los datos oficiales indican que los 284 centros penitenciarios del país solo cuentan con 217 mil 671 espacios, cuando en realidad hay 230 mil 51 personas presas. Es decir, aun cuando se repartieran equitativamente, habría una sobrepoblación de más de 12 mil internos.
El tema es aún más grave porque los internos no están repartidos equitativamente. Son 18 entidades las que concentran los problemas de sobrepoblación en sus cárceles siendo la situación más grave la de los penales del estado de México, donde hay 34 mil 768 internos recluidos en penales que apenas tienen 14 mil 327 espacios. Es un nivel de sobrepoblación superior al 142 por ciento.
Y los delitos en niveles récord
El incremento de personas presas en los últimos años no ha significado que se cometan menos delitos o, al menos, no en cuanto a los que se denuncian ante las fiscalías. De hecho, tras el descenso que hubo por el confinamiento que provocó la pandemia sanitaria, las cifras han crecido a niveles récord.
La estadística denominada “incidencia delictiva” que publica el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arroja que el 2022 cerró con un total de 2 millones 141 mil 944 delitos de todo tipo denunciados, la cifra más alta por lo menos desde 1994 que es cuando existen registros comparables.
Se trata de una recuperación en los niveles criminales luego de que, en 2020, con la irrupción de la pandemia sanitaria, las denuncias por distintos delitos cayeron hasta la cifra de 1 millón 841 mil ilícitos, la más baja desde 2016.
Sin embargo, conforme las personas volvieron a salir de sus casas las denuncias nuevamente comenzaron a crecer y en 2021 llegaron a 2 millones 44 mil delitos, mientras que en 2021 la cifra creció en casi cien mil casos.
Y las cosas no han arrancado bien en 2023, luego de que en enero las fiscalías de los estados registraron un total de 174 mil 983 delitos, un incremento del diez por ciento en comparación con los 159 mil 26 delitos que se registraron en el mismo primer mes, pero del 2022.
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