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ABOGADAS Y MADRES: EN BUSCA DE LA EFECTIVIDAD DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD, EL CASO DE LA LICENCIADA MARÍA TERESA SANDOVAL BLANCAS

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Por: Imelda Nathaly González Guevara

Como ya se dijo en las entregas anteriores, largo y sinuoso ha sido el camino que hemos tenido que sortear las mujeres profesionistas en búsqueda de la igualdad laboral con respecto al sexo masculino, sin embargo, hoy, más allá de la lucha por la igualdad, las mujeres tenemos espacios de oportunidad históricos en los que podemos ejercer la abogacía en conjunto con nuestra labor como madres, mezcla que nos permite luchar en pro del cumplimiento de los derechos que nuestra Constitución nos otorga.

México y el mundo llevan poco más de año y medio viviendo en la penumbra e incertidumbre de la pandemia provocada por el virus SARS – Covid 19, la cual tomó por sorpresa a la población mundial; en razón de ello y a tientas, cada nación ha tomado las acciones que considera pertinentes a fin de salvaguardar en la máxima medida de lo posible a sus gobernados.

Hubo los gobiernos que cerraron sus fronteras; los que decretaron estado de emergencia; los que intentaron mantener en cuarentena a su población; los que en una semana levantaron hospitales enteros para atender a los contagiados; etc.

Una de las medidas mayormente adoptadas por su eficacia en el intento por prevenir y evitar la continua propagación del contagio, fue la aplicación de la vacuna de los muy diversos laboratorios; las políticas de aplicación en cada país han tenido criterios y formas diversas de llevarse a cabo.

En el caso mexicano, el plan nacional de vacunación inició con la inoculación de la población perteneciente al grupo de la tercera edad, de ahí ha ido descendiendo hacia los grupos de menor rango de edad a la par que ciertos sectores de profesionistas del país, como es el caso de los médicos de primera línea de contacto y los profesores.

Sin embargo, un hecho preocupante es que los menores de entre 12 a 17 años no se encuentran considerados dentro de dicho plan, y es preocupante porque el gobierno federal ha decidido que es momento de volver a las aulas, ¿pero bajo qué normas de seguridad y garantías de protección a la salud de los menores y por consiguiente hacia sus familias, se da dicho regreso?

No son un secreto las condiciones que guardan las instalaciones de múltiples edificios escolares en nuestro país, esas condiciones de precariedad más el abandono de más de año y medio de ausencia han hecho que sea cuestionable el regreso; pero todavía más a allá de eso, se cuestiona la “necesidad” de enviar a los niños y adolescentes a clases presenciales cuando aún estamos cursando la pandemia y cuando a ese grupo de población ni siquiera se le tiene considerado en el ya multicitado plan nacional de vacunación.

Mucho se cuestiona sobre la pertinencia o no de la vacuna en menores por la falta de experimentación científica y resultados concluyentes, ¿acaso los adultos sí tuvimos una certeza absoluta? No obstante, la mayoría de quienes hemos tenido la oportunidad ya lo hicimos.

Resultan interesantes las posturas de los organismos internacionales al respecto, puesto que por un lado la OMS sostiene que no es recomendable la vacuna en menores, mientras que la Agencia Europea de Medicamentos el pasado 28 de mayo aprobó el uso de la vacuna Pfizer en adolescentes de 12 a 15 años de edad.

Varios países no dudaron en hacer caso de dicha aprobación y comenzaron a aplicar el esquema de vacunación en menores, ejemplos de dichos países son: Estados Unidos, Alemania, Israel, Italia, China, Canadá, Australia; en América Latina tenemos a Chile, Uruguay, República Dominicana, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Panamá y en lo últimos días, Cuba, aunque este último inmuniza a menores desde dos años de edad con una vacuna diversa a Pfizer.

En México la COFEPRIS se ha pronunciado en sentido favorable respecto de la aplicación de la vacuna Pfizer en el citado grupo de adolescentes, no obstante, el Presidente insiste en no tener pruebas suficientes de los resultados. ¿Y entonces? ¿Que se vayan a la escuela sin mayor protección que su careta y cubrebocas?

Tal es el caso que una inmensa mayoría de padres de familia están preocupados (¡por supuesto!) por este inusual y atípico regreso a clases; quienes tienen la posibilidad y pueden resistir desde casa, siguen optando por las clases en línea, pero quienes no, deben acatar las indicaciones y presentarse en sus centros de estudio.

El curso “natural” de las cosas sería enviar a los menores sin poder hacer más, sin embargo, surge una interesante mujer, profesionista aguerrida y preocupada quien en un primer momento promovió su demanda de amparo solicitando la inoculación de su menor hijo de 14 años de edad, de la presentación de dicha demanda a la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer al menor, pasaron solo 7 días; algo verdaderamente extraordinario en nuestro país.

Estamos hablando de la Licenciada María Teresa Sandoval Blancas, académica universitaria, litigante, micro empresaria y madre de familia, quien una vez que inició su proceso se dio cuenta del grave desamparo que corren multitud de adolescentes; con padres quizá desorientados jurídicamente, más no despreocupados; es así que Sandoval Blancas decide apoyar sin costo alguno a todos aquellos que decidan buscar la misma oportunidad que ella.

En una labor titánica y desbordada, Sandoval asesora durante varias horas -tal cual se hace con los pasantes de un despacho-, a padres y madres, indicándoles el camino a seguir, brindando video conferencias, enviando información y todo lo necesario para que decenas y decenas de padres se presentaran ante el Juzgado correspondiente a la brevedad posible.

Resulta ser noticia nacional la presentación “desmedida” de demandas de amparo pidiendo vacunas para menores, puesto que al parecer lo esperado era que los padres guardaran silencio, ¿pero cómo quedarse callados estando en una pandemia que ha cobrado ya millones de vidas y se nos pide exponer a los menores sin medidas de protección realmente eficientes?

Alrededor de la República Mexicana se han presentado casos de padres en representación de sus menores hijos buscando vacunación, y afortunadamente, jueces empáticos y entendidos, han otorgado la suspensión; esto no tiene fines partidistas ni hay maquinación con intereses detrás, ¿es muy difícil aceptar que el único interés es la genuina preocupación y necesidad por parte de los padres de familia de proteger a sus hijos?

Es una lucha un tanto absurda, ésta de pelear en tribunales mexicanos por el efectivo derecho de protección de la salud, cuando en otros países es un derecho pleno, países en los que quienes tienen la posibilidad económica, no han dudado en buscar como opción para conseguir una vacuna.

En esta nota nos hemos limitado al tema de la salud, pero ¿qué hay del derecho a la educación y el interés superior del niño?, aspectos que también se ven violentados con la negativa de las autoridades a aplicar la vacuna.

Sandoval se convirtió en pocas horas en líder de padres de familia convencidos de la necesidad de vacunar a sus menores hijos (dicho sea de paso, la decisión también implica un concienzudo análisis bioético); su compromiso y humanidad sorprende en estos tiempos en que nadie regala su trabajo; inspira y crea lazos de solidaridad.

De los más de 100 amparos promovidos de los que se tiene noticia durante la semana pasada en la Ciudad de México, se han logrado alrededor de una decena de suspensiones, lo cual es maravilloso; parte de un trabajo coordinado y guiado por la jurista y parte de un trabajo colaborativo de padres de familia dispuestos a aprender y aportar.

Abogadas, sabemos que somos bastantes, abogadas pro bono, ya no tantas; con especial agradecimiento a las profesionistas sumadas a la causa en pro de la defensa de la niñez mexicana, Licenciadas: Campos, Bocanegra y Sánchez.

Nuestro reconocimiento a las madres mexicanas, como siempre, por ser esos ejércitos incansables, hoy muchas de ellas, convertidas en “pasantes” luchando por una vacuna.

Agradezco infinitamente el tiempo que te tomaste para leerme y te invito a encontrarnos nuevamente en quince días.

Maestra en Derecho

Profesora de la Facultad de Derecho De la Universidad Nacional Autónoma de México