Por: Redacción
El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador emitió ayer, por primera vez, una postura oficial por escrito respecto a las presuntas actividades de espionaje en las que estaría implicado el Ejército Mexicano, y que fueron reveladas en reportajes publicados en octubre de 2022 y marzo de este año por diversas organizaciones y medios.
En dicho comunicado oficial el gobierno sostiene – sin probarlo o citar algún ejemplo – que los documentos obtenidos del correo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hackeado por el grupo Guacamaya, y que sirven como fuente de los reportajes, podrían ser “apócrifos” o carecer de fundamentos legales.
Incluso la presidencia señala que hay gente que podría estar fabricando documentos que no son reales utilizando los formatos obtenidos del referido hackeo.
“Es importante mencionar que no se consideran oficiales algunos documentos que diversos medios de comunicación han dado a conocer (…) Dichos documentos no están signados, firmados, ni avalados por alguna autoridad competente. Lo anterior hace evidente que, con motivo de dicho ciberataque, ciertos formatos de informes militares quedaron expuestos a la luz pública, por lo que cualquier persona ajena al instituto armado podría elaborar documentos que involucren a las Fuerzas Armadas con objeto de afectar su imagen institucional”, señaló el gobierno.
A lo largo del comunicado abunda en lo ya declarado por el presidente López Obrador: que la Sedena en colaboración con fuerzas civiles hace trabajos de “inteligencia”, y niega que se trate de espionaje. Además, subraya que el monitoreo se lleva a cabo sobre investigaciones relacionadas con crimen organizado.
No obstante, la administración federal reconoce que hay ocasiones en que el trabajo de inteligencia que se hace sobre las actividades criminales arroja actividades de terceros. Se trata de una alusión al caso del activista Raymundo Ramos, quien de acuerdo con los reportajes publicados fue espiado por un centro de inteligencia militar con el software Pegasus cuando realizaba su propia investigación sobe abusos de las fuerzas armadas en Tamaulipas.
“Los procedimientos antes mencionados, de ninguna manera están dirigidos a conocer el entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos; únicamente se realizan con el fin de coadyuvar a la procuración de justicia; sin embargo, han existido casos en que, de la información recabada por este tipo de actividades, algunas personas se han visto relacionadas con organizaciones delictivas”, justificó el gobierno.
En la primera parte del comunicado el gobierno sostiene, sin especificar detalles, que la Sedena participa en los trabajos de inteligencia que se llevan a cabo en colaboración con otras autoridades, y en el marco de la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de la Guardia Nacional. Señala que se trabaja en “recolección, procesamiento, diseminación y explotación de la información, que comparten con otras autoridades en materia de seguridad pública”.
En la segunda parte de su posicionamiento presidencia abunda en que las intervenciones de comunicaciones privadas solo pueden ser autorizadas por orden judicial y defiende la validez de las denuncias anónimas en las investigaciones relacionadas con crimen organizado. Esto, de nuevo, en alusión al caso de Raymundo Ramos.
“Todo el esfuerzo de inteligencia del Estado mexicano se dirige a combatir a la delincuencia organizada y narcotráfico, por lo que no se ha detenido a ningún actor político, social, persona perteneciente a una organización de derechos humanos, activista u otra persona que no esté relacionada con las organizaciones de la delincuencia organizada”, añade la administración de López Obrador.
El comunicado concluye destacando que en parte gracias a trabajos de inteligencia se ha logrado detener a 1 mil 393 integrantes de grupos del crimen organizado, entre ellos a 27 objetivos relevantes o de alta jerarquía.
No aclara y confunde: experto
El analista experto en temas de seguridad, Alejandro Hope, criticó ayer a través de su cuenta de Twitter el posicionamiento dado a conocer por el gobierno federal, tras advertir que “no aclara ni desmiente nada”. No niega la existencia de un Centro Militar de Inteligencia ni la utilización desde el mismo de un spyware como Pegasus, que son hechos que las organizaciones y medios documentaron.
“Por otra parte, decir que unos documentos no tienen “validez legal” no es lo mismo a decir que son falsos. Y alegar que los miles de documentos que han sido expuestos por la filtración de Guacamaya fueron fabricados por alguien que tuvo acceso a los machotes raya en lo ridículo”, advierte el experto.
Hope advierte además que la cifra de detenciones presumida por el gobierno en su posicionamiento no encaja con lo señalado por el mismo gobierno en lso anexos estadísticos de los informes presidenciales. A menos que la cifra solo haga referencias a detenciones gracias a intervención de comunicaciones privadas, lo que tampoco queda claro.
“En resumen, si esto es lo único que pueden y quieren informar, mejor no hubieran sacado nada. Esto genera más dudas de las que resuelve”, concluye Hope.
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