Por: Arturo Ángel
Brooklyn, NY.- La batalla legal entre la fiscalía de los Estados Unidos y los abogados defensores de Genaro García Luna comenzó. En el tercer día del juicio abierto en contra del exsecretario de Seguridad Pública federal por cargos de narcotráfico, ambas partes se llevaron victorias y derrotas que podrían ser claves en el resultado.
Por la tarde los fiscales que representan al Gobierno estadounidense obtuvieron su victoria en la selección del jurado: lograron colocar a personas con fuertes nexos de confianza hacia las fuerzas policiales, y al mismo tiempo dejaron fuera aquellos que expresaron resistencia al uso de criminales como testigos, que en este caso en particular son piezas clave.
Pero en la noche los abogados del exfuncionario mexicano consiguieron que el juez del caso, Brian Cogan, dejara fuera del juicio la presentación de la riqueza económica e inmobiliaria que el exfuncionario mexicano tiene en Miami y por el cual se le abrió otro proceso, pero en Florida. No solo eso: también consiguieron que se admitan como pruebas las fotos de García Luna con personajes como Barack Obama o Hillary Clinton, con las que buscan impresionar al jurado.
Tras tres jornadas de audiencias, con el jurado conformado y los últimos paquetes de pruebas admitidos o desechados, el juicio entra hoy en un receso que se extenderá hasta el fin de semana, reanudándose el lunes con uno de los momentos más esperados: la presentación de los alegatos iniciales de cada una de las partes.
Del lado del gobierno la responsabilidad estará sobre el asistente del fiscal de los Estados Unidos, Philip Pilmar, uno de los litigantes más hábiles que tiene la Fiscalía con diez años de experiencia en la Corte. Por parte de la defensa la labor recaerá sobre el ya conocido abogado Cesar De Castro.
Inmediatamente después de que esto ocurra comenzarán a ser llamados los más de 70 testigos que se han previsto para este proceso, lista en la que se especula que estarían narcotraficantes y delincuentes de la talla de Jesús “El Rey” Zambada, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada.
¿Jurado a modo para Team USA?
En los juicios en Estados Unidos la culpabilidad o inocencia de una persona acusada de cometer un delito no está en manos de un juez como sí sucede en México, sino en las de un jurado. Dicho jurado está compuesto por 12 ciudadanos común y corrientes que son elegidos de entre un grupo más grande. En este caso fueron 400 sorteados originalmente.
Es decir, en buena medida el juicio se trata de contar la versión de la historia que resulte más convincente para estas personas. Y como ninguna persona es un robot ni todos llegan como si no hubieran vivido en este planeta al menos 18 años, resulta crucial para las partes tener un jurado compuesto por aquellos que tal vez, a partir de sus propias experiencias de vida, sea más fácil (o menos complicado) que crean la historia que se les está contando.
De eso se trató en buena medida los primeros tres días del juicio vs García Luna en la Corte federal de Brooklyn; de elegir a las personas que a partir de los cuestionaros que respondieron y luego de las entrevistas cara a cara que se les hicieron, pudieran estar más inclinadas a alguna versión de los hechos. Lo anterior sin dejar de lado que cada una de las partes tuvo la posibilidad de eliminar a tres personas de la selección final de 40 candidatos.
La lectura es que fue el equipo de fiscales que encabezó la abogada del Estado Saritha Komatireddy quien se llevó la mejor parte de la elección, pues consiguieron que ninguno de los candidatos que había manifestado dudas o resistencias a creer los dichos de un criminal confeso (que en el caso de la fiscalía son claves pues se especula que comparecerá gente como Jesús “El Rey” Zambada o incluso Edgar Villarreal “La Barbie”) quedará en el grupo final de doce jurados.
El jurado estará compuesto por siete mujeres y cinco hombres. Ninguno de ellos mostró en sus comparecencias o en sus cuestionarios resistencias o exigencias al tipo de pruebas que puede presentar la fiscalía, ni alguna animadversión hacia las corporaciones que participan en el caso, como el FBI, la DEA o el Departamento de Justicia.
De hecho, por lo menos cinco de los integrantes del jurado tiene familiares cercanos laborando en dichas corporaciones, incluida una mujer que tiene entre sus familiares a un juez, a un fiscal, y a integrantes de la policía de Nueva York. Hay otro que es bombero de la ciudad y una más que en algún momento postuló para ingresar a una academia policial.
Otro punto a favor de los fiscales: aunque cuatro de los 12 jurados dijo estar a favor de que se legalice la mariguana, ninguno está de acuerdo con que se legalice algún otro tipo de droga, como sí lo estaban otros candidatos que quedaron fuera. Esto es importante porque a García Luna se le imputan cargos por conspirar para introducir cargamentos de cocaína a territorio estadounidense.
Tampoco quedaron en la selección final aquellas personas que guardan rencores en contra del Estado por juicios o experiencias cercanas a ellos que no hubieran resultado positivas, ni otros que en sus cuestionarios o entrevistas dijeron no entender porque se procesa en Estados Unidos a un funcionario cuyos delitos habrían ocurrido en México.
Ninguno de los 12 seleccionados del grupo principal conoce o tiene la más remota idea de quién es Genaro García Luna, ni para bien ni para mal, por lo que esto puede ser explotado por cualquiera de las partes. Sin embargo, varios conocen o han escuchado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, punto a favor de los fiscales porque al exsecretario de Seguridad mexicano se le acusa de haber sido sobornado justamente por el Cártel de Sinaloa al que pertenecía el capo.
Tras haber sido seleccionados la jueza Peggy Kuo pidió a los integrantes del jurado que durante las siguientes ocho semanas que se prevé dure el juicio se mantengan alejados de la cobertura, noticias o dichos que se difundan en los medios y en redes sociales de este caso. También se les ha expresado que es su deber guardar confidencialidad en torno a sus posiciones y que el momento de la deliberación entre ellos ocurrirá hasta la parte final del juicio, cuando ya se hayan desahogado todos los testimonios, se hayan exhibido todas las pruebas, y se hayan hecho los alegatos finales de ambas partes.
La Corte también definió ayer un grupo de seis jurados suplentes, tres hombres y tres mujeres, que deberán estar listos para tomar el relevo en caso de que alguno de los jurados titulares no logre continuar durante todo el trayecto del juicio.
Defensa gana en pruebas clave
Lo que el equipo de la defensa encabezado por el abogado Cesar de Castro parece haber perdido en la selección del jurado, lo recuperó con creces en la última batalla para introducir o desechar pruebas antes de la presentación de los alegatos iniciales que tendrá lugar el lunes.
Documentos publicados ayer por el periodista Keegan Hamilton, quien cubre el caso, muestran que el juez Cogan ha ordenado a los fiscales no exhibir ni detallar ante el jurado las pruebas relacionadas con el ostentoso estilo de vida de García Luna en Miami, Florida, es decir, ni sus propiedades, ni su yate, ni un restaurante, ni las operaciones financieras de él, de su esposa y su círculo cercano.
Se trata de evidencia por la cual se inició en cortes de Florida un proceso judicial distinto, pues los fiscales sospechan que todos esos bienes provienen de actos de corrupción en los que estaría implicado García Luna, y que le permitieron obtener ganancias por más de 600 millones de dólares a partir de contratos públicos en México.
En su libro “Los Millonarios de la Guerra”, la periodista Peniley Ramírez documentó a detalle estas operaciones en las que está involucrada la familia Weinberg, quienes a su vez facilitaron bienes al exfuncionario federal mexicano. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ha documentado ampliamente estas operaciones que también han sido referidas en diversos momentos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El gobierno de los Estados Unidos pretendía que toda esta trama fuera exhibida en las próximas audiencias del juicio, sin embargo, el juez Cogan ha determinado que esto no es procedente dado que, al menos hasta ahora, no parece guardar ninguna relación con los cargos por narcotráfico que se imputan en este proceso en Brooklyn.
“A menos que el gobierno tenga evidencia de que el acusado estaba trabajando para el cártel en ese momento y esto le significó las referidas ganancias, se trata de evidencia que es claramente irrelevante”, señaló el juez.
Este es el expediente judicial que resume dichas acusaciones radicado en la Corte de Florida:
GARCIA LUNA ACUSACION FLORIDA CORRUPCION
Al mismo tiempo, Cogan determinó – pese a la oposición de los fiscales – que la defensa de García Luna sí podrá exhibir en el juicio cinco fotografías del exfuncionario mexicano con autoridades o políticos de los Estados Unidos. Entre esas fotografías se encuentran capturas con Barack Obama, John McCain, Robert Mueller, entre otros.
No es una victoria menor. En un juicio donde se trata de convencer a los miembros del jurado, la defensa considera que estas fotografías pueden tener un impacto significativo en su narrativa respecto a que García Luna no es un socio del Corte de Sinaloa, sino un policía reconocido incluso en los más altos niveles de anteriores administraciones en los Estados Unidos.
Los “infiltrados” de AMLO
No es un secreto que el actual gobierno de México tiene especial interés en el caso en contra de Genaro García Luna. El presidente López Obrador ha reiterado de forma frecuente en sus conferencias matutinas la importancia de este proceso que involucra a uno de los exfuncionarios clave del gabinete del expresidente Felipe Calderón, al cual Obrador acusa hasta la fecha de “haberle robado” en la elección de 2006 la presidencia.
La expectativa del gobierno mexicano que en el juicio salgan a relucir, al menos en los discursos, señalamientos de la complicidad del crimen organizado no solo con García Luna sino con otros funcionarios.
Es tal el interés que a las tres primeras audiencias del juicio, y previsiblemente durante todo el transcurso de ellas, han asistido por lo menos tres representantes del gobierno de México entre el público, entre ellos colaboradores tanto de la Secretaría de Relaciones Exteriores como de la Secretaría de Hacienda.
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