Por: Arturo Ángel
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República (FGR) están dispuestas a “perdonar” al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, de los sobornos que según la investigación ministerial recibió de las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México. Pero, para ello, quieren que el exfuncionario aporte más dinero y/o pruebas de las acusaciones que ha hecho en contra del expresidente, Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Fuentes que tienen conocimiento del estado en el que se encuentra el caso confirmaron a este medio que ni el gobierno los fiscales han descartado la posibilidad de un arreglo de última hora entre las partes, pero no en las condiciones actuales que plantea el exfuncionario del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
Por un lado y aun cuando la indagatoria ha concluido que Lozoya recibió poco más de diez millones de dólares en sobornos de ambas empresas, Palacio Nacional considera que Lozoya debe reparar un daño bastante mayor al de ese monto.
La lógica de la administración de López Obrador, de acuerdo con las autoridades consultadas, pasa por dos vertientes. La primera es que los sobornos que Lozoya aceptó haber recibido se tradujeron en contratos para Odebrecht y Altos Hornos que dejaron un perjuicio importante para Pemex y pérdidas de cientos de millones de dólares según las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La segunda es que tan solo por el caso Altos Hornos el que fuera presidente del Consejo de Administración de esa compañía, Alonso Ancira, aceptó pagar 200 millones de dólares como reparación, que es 20 veces más de lo que ofrece el exdirector de Pemex por ambos casos.
La defensa de Lozoya, a través de sus abogados Miguel Ontiveros y Alejandro Pruneda han sostenido que lo procedente es el pago de diez millones de dólares dado que es lo que pericialmente ya quedó establecido en la indagatoria ministerial de la FGR.
Sin embargo, el presidente López Obrador considera que ese no es el monto adecuado para el perfil de alguien como Lozoya. Y aunque su cálculo es sobretodo político, su gobierno a través de la Unidad de inteligencia Financiera de Hacienda (UIF) y de Pemex están reconocidas jurídicamente como “víctimas” en el proceso contra Lozoya y, por tanto, su oposición hace improcedente cualquier acuerdo reparatorio.
Y las pruebas que faltan
Además de las resistencias del gobierno federal en cuanto a la vertiente económica, la FGR tampoco está satisfecha con la información que Lozoya ha aportado respecto a que el dinero que Odebrecht entregó en sobornos en 2012 y 2013 fue canalizado por él para sobornar a diversos legisladores de oposición con la finalidad de que se aprobara la reforma energética. Esto por presuntas órdenes de Peña Nieto y Videgaray.
En la audiencia en la que Lozoya fue sometido a prisión preventiva en noviembre de 2021 los fiscales ya habían argumentado que, si bien los datos del exfuncionario sirvieron para obtener la vinculación a proceso de un exlegislador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, estos no han sido suficientes para proceder penalmente en contra del expresidente y su exsecretario de Hacienda.
Juega en contra de Lozoya que dos testigos clave que ofreció inicialmente a los fiscales, sus excolaboradores y subordinados en Pemex, Rodrigo Arteaga Santoyo y Francisco Olascoaga, se negaron a corroborar su versión de los hechos ante el Ministerio Público. Por el contrario, la defensa de Lavalle consiguió entrevistarlos y negaron que lo dicho por su entonces jefe fuera cierto.
La defensa de Lozoya ha insistido en que su representado continúa rindiendo declaraciones sobre cómo ocurrieron los hechos bajo la hipótesis de que existió un “aparato organizado de poder” en el gobierno de Peña Nieto que sirvió para cometer actos de corrupción. Insisten en que Lozoya está dispuesto a presentarse como testigo en contra de los eventuales procesos que se abran contra Peña, Videgaray y el resto de los implicados.
“El problema es que para que Lozoya sea testigo en un juicio primero tiene que haber juicios y con lo que hay hasta ahora no es suficiente para siquiera procesar inicialmente a exfuncionarios de ese nivel”, dijo una de las fuentes consultadas.
Lozoya pide fecha para entregar dinero
La defensa de Emilio Lozoya emitió este fin de semana un nuevo comunicado en el que piden a la UIF de Hacienda una reunión para cerrar el arreglo económico en torno a sus procesos. Esto luego de que la propia UIF emitiera una tarjeta informativa en la que señalan que persiste esa posibilidad, pero es necesario que el exdirector de Pemex se desista de un amparo promovido en días recientes.
Los abogados de Lozoya indicaron que el amparo promovido es un paso necesario en su estrategia de defensa ante la posibilidad de que no haya un arreglo y el exdirector de Pemex tenga que defenderse en juicio. Pero insistieron en que su posición es la de colaborar con las autoridades y, en ese contexto, pagar los diez millones de dólares que han ofrecido desde hace un año.
Cabe señalar que Emilio Lozoya permanece en prisión preventiva mientras su proceso penal se encuentra, en estos momentos, detenido y sin fecha de juicio oral debido a una apelación promovida por la FGR respecto a la eliminación de varias pruebas que hizo un juez respecto a los sobornos pagados por Odebrecht.
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