*Uno de los casos estaba cerca de ser enviado ante un juez, pero todo se detuvo; ONG acusa que motivos políticos han entorpecido el esclarecimiento del fraude
Por: Arturo Ángel
La Fiscalía General de la República (FGR) inició hace más de tres años dos carpetas de investigación en contra de la administración de Ana Gabriela Guevara en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por presuntos hechos de corrupción y desvíos de decenas de millones de pesos. Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido ningún resultado.
Obstáculos de la propia Conade para entregar algunos datos, pero también la inacción y sobrecargas de trabajo de los funcionarios ministeriales han ocasionado que los casos se congelen o no lleguen ante los jueces aun cuando otras instancias oficiales han advertido de la malversación de recursos que sigue en ascenso.
Las investigaciones comenzaron luego de que en febrero de 2020 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó los manejos irregulares en la Conade. En concreto se identificó el desvío de casi 51 millones de pesos que estaban asignados para el denominado Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.
El 5 de marzo la organización no gubernamental especializada en temas de corrupción TOJIL presentó una denuncia por este caso y pidió además que se le reconociera su calidad de víctima para poder auxiliar a los fiscales en la indagatoria y tener un seguimiento constante del desarrollo del caso.
En la querella las abogadas denunciaron directamente a Guevara, y también a Carlos Hernández Ramírez, Director de Operación Fiduciaria, Israel Benítez Morteo, Subdirector de Calidad para el Deporte, Faustino Jesús Díaz Muñoz, Director de Apoyos a Federaciones y Atletas de Alto Rendimiento y Arturo Contreras Bonilla, Director de Alto Rendimiento.
Y denunciaron de igual forma a las empresas y proveedores implicados en los desvíos, entre ellos a Édgar García Morales y Asociados, S. de R.L. (GC RENTAL CAR), Proyectos Científicos y Tecnológicos del Sur, S. de R.L; y Volare Travel Shop, S.A. de C.V.
Por hechos similares un mes antes la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, presentó una denuncia de hechos en contra de quien resulte responsable, y citó como datos de prueba los resultados de investigaciones internas practicadas por la Secretaría de la Función Pública.
Como resultado de estas denuncias la FGR a través de la fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) inició las carpetas de investigación número FEDD/FECC/UNAI-CDMX/00000201/2020 y la FEDD/FECC/UNAI-CDMX/00000182/2020.
Impunidad, opacidad y complicidad
Pero a más de tres años ninguna de las carpetas anteriores se ha judicializado. Una de ellas, la que se inició por la denuncia de la senadora panista, ya quedó archivada luego de que el Ministerio Público determinó que no tenía elementos para proceder.
En cuanto a la indagatoria iniciada a partir de la denuncia de TOJIL las autoridades indicaron que continua en integración, pero sin que se haya tomado ninguna resolución a la fecha. Es decir, no se ha cerrado, pero tampoco se ha enviado ante un juez para que se proceda en contra de los probables responsables.
Los funcionarios consultados reconocieron que existen atrasos en la resolución de este caso. Entre las razones figura la sobrecarga de trabajo de los ministerios públicos y también al resistencia de la propia Conade a entregar diversos datos.
La abogada Estefanía Medina, cofundadora de TOJIL y quien puso la denuncia junto con su socia Adriana Greaves, advirtió que en un inicio las investigaciones en la FECC avanzaron bastante bien al punto en que el caso estaba cerca de judicializarse. Por ejemplo, se habían obtenido ya declaraciones patrimoniales de los involucrados, datos de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre sus movimientos bancarios, las actas constitutivas de las empresas implicadas, las constancias de diversos servicios y pagos, entre otros.
Sin embargo, agrega Medina, la Fiscalía decidió no enviar el caso ante un juez y, por el contrario, congelar la indagatoria sin que se dieran a conocer mayores avances a las denunciantes. Además, la Fiscalía Anticorrupción de la FGR se negó a reconocerle a TOJIL la calidad de víctima para que pudieran coadyuvar con el caso y acceder al expediente.
Lo anterior provocó que TOJIL decidiera promover ante un juez un juicio de amparo para que se les reconociera dicha calidad, hecho por el cual la Fiscalía también se inconformó. El juez negó el amparo por lo que la organización promovió un recurso de revisión que llegó a un tribunal colegiado en el que, por votación dividida de 2 a 1, se confirmó negarle a la organización dicha calidad de víctima en el caso.
Uno de los magistrados, Ricardo Paredes Calderón, consideró en su voto particular que sí había elementos para haber otorgado este reconocimiento bajo el argumento de que la sociedad civil no puede ser mera espectadora en estos casos de interés público y, por el contrario, debe y puede tener una participación relevante en la vigilancia de la acción de las autoridades.
En ese contexto Medina lamentó que la fiscalía haya optado por combatir la transparencia en el caso y no por esclarecerlo.
“Nos hemos encontrado con una Fiscalía de combate a la corrupción que prefiere emprender batallas legales con las víctimas y obstaculizar la justicia para los corruptos. Respecto de este caso, sabemos que la investigación avanzaba muy bien y que se tenían evidencias para pronto llevarlo ante un juez, no obstante, la Fiscalía se negó a hacerlo y prefirió emprender una batalla legal con TOJIL para negar el carácter de víctima, con la finalidad de proteger y obstaculizar la justicia para actores políticos”, señaló.
Y fraude crece y crece
De acuerdo con los datos oficiales más recientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) los malos manejos en la administración de los recursos de la Conade durante la gestión de Guevara han venido en ascenso conforme pasan los años. El monto de los malos manejos, como este medio dio a conocer en esta nota, supera ya los 340 millones de pesos tan solo en lo relativo a 2019 y 2020.
Investigaciones periodísticas también han registrado las irregularidades. Por ejemplo, el portal Emeequis documentó la desaparición de más de 150 equipos de cómputo, entre otras anomalías, en un contrato asignado a una empresa por más de 490 millones de pesos.
De forma paralela la titular de Conade también ha sido denunciada por limitar o condicionar apoyos a atletas de alto rendimiento en ciertas disciplinas. Proceso reveló, por ejemplo, que Guevara exigió en una reunión a atletas de disciplinas acuáticas que manifestaran su apoyo al expresidente de la Federación Mexicana de Natación, procesado justamente por delitos de corrupción.
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