Por: Arturo Ángel
El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilioo Lozoya, se siente traicionado por el gobierno de México. Considera que fue engañado cuando lo convencieron de renunciar a su defensa en España a cambio de brindar una colaboración denunciando supuestos hechos de corrupción por los cuales, sin embargo, no ha recibido los beneficios prometidos.
Así lo señaló esta mañana su abogado defensor, Miguel Ontiveros Alonso, en entrevista en el noticiero de Ciro Gómez Leyva. El litigante criticó que ni el gobierno ni la Fiscalía General de la República (FGR) le han dado a Lozoya el trato de testigo colaborador ni los beneficios legales que, según su litigante, le corresponden.
Por el contrario, el defensor señaló que si lograron que se cancelara la prisión preventiva que se le impuso por el caso Agronitrogenados, o que se cancelara una orden de aprehensión girada en contra de su hermana, fue gracias a los amparos que han promovido desde la defensa y no a alguna concesión de parte del gobierno.
“Emilio ya cumplió pero el gobierno no… Ya no quieren que hable de los hechos de corrupción y del aparato de poder que se denunció… esa es la verdad. Emilio se siente claramente engañado, decepcionado de las instituciones de la República. Renunció a su defensa en España confiando en las políticas anticorrupción del presidente (Andres Manuel López Obrador), vino denunció y aportó elementos… y ahora se siente engañado y traicionado”, señaló el litigante.
Como ya se había adelantado en esta nota publicada por Notitia Criminis, Ontiveros confirmó que Lozoya no pagará los 30 millones de dólares que ahora le exige el gobierno como reparación del daño por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
Lo anterior por dos razones: primero porque no está en condiciones de garantizar un pago de esa magnitud, pero además porque considera que se trata de un monto calculado de forma ilegal, sin ningún tipo de sustento técnico ni jurídico. La cifra, además, no es acorde con el monto original de 10 millones de dólares que el Consejo de Administración de Pemex aprobó el año pasado.
“En la última audiencia el representante de Pemex ni siquiera pudo explicar ante el juez este monto y terminó diciendo que mejor no accederían a ningún acuerdo. Esto pese a que el año pasado eso ya se había aprobado”, dijo el litigante.
Ontiveros dijo que existe una fecha límite que es el próximo 31 de agosto para que se pueda alcanzar un acuerdo, pero este tendría que ser bajo las circunstancias que se habían acordado el año pasado y no bajo los cálculos que ahora ha hecho el gobierno. Reconoció que se trata de un escenario que ya está prácticamente descartado.
En ese contexto, dijo que la defensa ya trabaja en la preparación de diversos recursos de defensa con los que intentarán, entre otras cosas, que tanto la UIF como Pemex dejen de ser considerados víctimas en este caso, y que se anulen ciertos decomisos así como la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso por el tema Odebrecht.
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