*El juicio contra el único acusado por el espionaje a Carmen Aristegui arranca este 1 de septiembre. La Fiscalía redujo el caso a un delito perpetrado por el empleado de un compañía privada.
Por: Arturo Ángel
Tras casi 6 años de investigaciones la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo – o no quiso – procesar ni acusar a los servidores o exservidores públicos que habrían ordenado el espionaje ilegal con el spyware “Pegasus” a la periodista Carmen Aristegui.
Documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso revelan que el único acusado, cuyo juicio arranca este 1 de setiembre, es un exempleado de una empresa privada (KBH) que fue inculpado por otro exempleado de la misma compañía a quien la FGR convirtió en un testigo protegido.
Y aunque este mismo testigo, bajo el alias de “Zeús”, declaró ante el Ministerio Público que la información de los personas espiadas era entregada al CISEN y que las intervenciones las ordenaban directamente el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no hay ningún funcionario ni de mayor ni de menor rango procesado por la intervención ilegal de comunicaciones.
No solo eso. La FGR no logró sostener los cargos por el espionaje con “Pegasus” que también se habría perpetrado en agravio del excomisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, luego de que los fiscales fallaron en convencer a un juez y a un tribunal de que la información aportada por “Zeus” fue obtenida legalmente. De esto se abundará en un segundo texto.
La conclusión de la carpeta de investigación número FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017 presentada en el escrito de acusación final ante el juez federal Juan José Hernández Leyva, y con la cual la FGR solicitó una condena de 16 años de prisión para Juan Carlos García Rivera, señala que fue este último quien desde una oficina privada (ubicada en el 598 de la avenida Ejército Nacional) habría intentado intervenir el teléfono de Aristegui a través de 20 mensajes de texto.
Y aunque la misma Fiscalía destaca que esto ocurrió en 2015 y 2016, y que los intentos de infiltración concuerdan con la publicación de los reportajes relacionados con el caso de “La Casa Blanca”, en ningún momento se explica cual habría sido el móvil o intención de García Rivera en llevar esto a cabo. De hecho, en los cateos que se llevaron a cabo en la oficina de dicho exempleado entre 2019 y 2020 no se encontraron equipos que contuvieran el referido spyware o los datos obtenidos a través de dicho software.
La defensa del acusado sostiene que García Rivera – un ingeniero con carrera trunca – no tenía ni las licencias ni permisos para llevar a cabo las intervenciones, y su función solo era actualizar el sistema que se operaba desde las oficinas de gobierno. Lo que la Fiscalía busca, dicen sus abogados, es convertirlo en “chivo expiatorio” de un caso en donde no se ha procedido contra aquellos que ordenaron y operaron el presunto espionaje ilegal a la periodista, y que tenían un interés en hacerlo.
Y aunque existe otra carpeta de investigación iniciada por la FGR en contra del que fuera jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces PGR, Tomas Zerón, esta es por irregularidades en los contratos con los cuales se adquirió este tipo de software espía, pero NO por el delito de intervención ilegal de comunicaciones.
“El patrón” y la Sedena… borrados
En su primera declaración ministerial fechada el 17 de junio de 2019 “Zeus” dijo que el israelí Uri Ansbacher Bendrama (dueño de la empresa KBH y quien tampoco se encuentra procesado) recibía directamente del presidente Peña Nieto, de Osorio Chong y del entonces titular del CISEN, Eugenio Imaz, las instrucciones sobre a quienes se debería de espiar sin órdenes judiciales.
“Los objetivos intervenidos eran instruidos directamente por el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; Enrique Peña Nieto, titular de la presidencia de la República; y el titular del CISEN, Eugenio Imaz Gispert; y esto me consta porque le hacían la solicitud a Uri Ansbacher vía telefónica”, señala el testigo.
Incluso, el exempleado sostiene que Ansbacher se refería como “el patrón” al expresidente Peña Nieto, y que este tenía una foto con él donde lo señalaba con ese seudónimo. Agrega que usaba las palabras “Miguel o Ángel” para referirse a Osorio Chong, y que estos eran los únicos que pedían las intervenciones, aunque nunca por escrito.
“Nunca existió un documento oficial donde se solicitará la misma y todo era a través de llamadas telefónicas toda vez que al ser ilegales no querían generar evidencia alguna. Con Eugenio (Imaz) hablaban incluso en hebreo” agregó el testigo.
En otras partes de este testimonio y como ya se había dado a conocer previamente en medios como Reforma y Aristegui Noticias, este testigo sostiene que llegó a enviar datos personales de personas intervenidas ilegalmente al correo electrónico de Eugenio Imaz. Y también agrega que en ocasiones se le entregaban los archivos personalmente en su domicilio.
En esa misma declaración, y en otra más rendida el 21 de febrero de 2022 y a la que también se tuvo acceso, “Zeus” insiste en que la compañía para la que trabajaba también había proporcionado el sistema Pegasus a la Secretaría de la Defensa Nacional con la que tenía “contratos millonarios”. Una dependencia que, en realidad, no estaba facultada para realizar intervenciones de comunicaciones.
Pese a todo lo anterior, los documentos judiciales aportados en el juicio no evidencian que la fiscalía haya entrevistado ni ofrecido como testigos a otros funcionarios de las dependencias que tenían en su poder “Pegasus” más allá de los de la entonces PGR. En sus 256 pruebas ofrecidas no hay, por ejemplo, ninguna declaración al menos como testigo de Eugenio Imaz, quien es el funcionario al que se envió toda la información del espionaje por correo y personalmente.
Fuentes del caso confirmaron que defensores y asesores de las partes solicitaron que al menos este exfuncionario fuera interrogado, pero no hubo una respuesta positiva. El asunto fue reducido por la Fiscalía a un espionaje cometido solamente por privados, como el propio Gertz lo dijo en una reunión privada con senadores el año pasado.
De hecho, el único mando de la Defensa Nacional que sí comparecerá en el juicio en calidad de testigo no fue solicitado por la fiscalía, sino por la defensa de García Rivera. Se trata del General Brigadier de Justicia Militar, Pedro Bonilla Muñoz, quien en un oficio fechado el 13 de noviembre de 2019 confirmó que la dependencia sí adquirió el software “Pegasus”.
Defensa: buscan chivo expiatorio
Para los abogados Samuel Ibarra Vargas y Cuauhtémoc González de la Vega, defensores de Juan Carlos García Rivera, lo que la FGR ha hecho es convertir a su representado en “un chivo expiatorio”, con el objetivo de vender la idea de que se ha hecho justicia en un caso delicado como es el del uso ilegal de Pegasus.
En un posicionamiento entregado a este medio indicaron que la fiscalía busca pasar como verdades hechos que en realidad son “falacias”, los cuales no tienen mayor soporte argumentativo ni probatorio.
“Pero más allá de que demostraremos que técnicamente no se ha acreditado ni el intento de infección ni la infección telefónica, estamos en un caso donde Juan Carlos es un chivo expiatorio de todo el poder del Estado pues, aunque en el caso en concreto sabemos que es inocente, lo que se pretende encubrir es una red de espionaje a periodistas, adversarios políticos y activistas por instrucciones del Presidente del anterior gobierno federal”, señalaron los litigantes.
A la defensa de García Rivera se suma el hecho de que los señalamientos en su contra se sustentan centralmente en lo dicho por “Zeus”. Esto ya que las pruebas ofrecidas por los fiscales de cara al juicio solo prueban su relación laboral con KBH, empresa que a su vez fue contratista de diversas dependencias federales para la actualización y mantenimiento del sistema Pegasus.
“Pero nada de eso prueba que nuestro representado efectuara las intervenciones porque de hecho él no podría hacerlo. No tenía las licencias ni los permisos. Es más: se hizo un cateo en su oficina y él estaba ahí trabajando porque no había nada que esconder. Y se aseguraron equipos, pero ninguno de ellos tenía “Pegasus” porque el software no se usaba desde ahí. Donde sí estaba era en oficinas de la propia FGR”, dijo uno de los litigantes.
Líneas de investigación no se agotaron: Artículo 19
Desde el año pasado los abogados de la organización Artículo 19 advirtieron de los intentos de la FGR por centrar solo en el ámbito privado y no de gobierno las responsabilidades de los ataques perpetrados con “Pegasus” en contra de periodistas y activistas.
La organización, que ha acompañado legalmente el desarrollo de la carpeta de investigación en calidad de asesores de las víctimas, señaló que sobraban evidencias referentes al uso que hicieron de este spyware distintas dependencias del gobierno federal, entre ellas el CISEN, la Sedena y la entonces PGR.
Esto luego de que en una reunión a puerta cerrada con senadores el titular de la FGR, Alejandro Gertz, dijo que el tema del espionaje se había identificado principalmente entre empresas privadas.
“Lamentamos que a pesar de todos los indicios de participación de autoridades en la adquisición irregular, uso ilegal y encubrimiento, la Fiscalía que encabeza (Gertz Manero) continúe siendo omisa en agotar dichas líneas de investigación”, señaló la organización en un posicionamiento público.
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