Por: Arturo Angel
El abogado Oscar Zamudio, procesado por la FGR tras haber denunciado que Emilio Lozoya pudo ser blanco de torturas o coacciones para rendir declaraciones falsas, pidió que se practiquen los peritajes y se tomen las declaraciones necesarias para esclarecer en el juicio si esto ocurrió, así como para verificar las extorsiones que el propio Lozoya ya aceptó que padeció.
En un oficio enviado al fiscal a cargo de la investigación que ahora se realiza bajo control del juez, y al que tuvo acceso este medio, Zamudio solicitó que Lozoya y su padre sean sometidos al denominado Protocolo de Estambul, que es un conjunto de pruebas periciales que sirven para verificar si una persona padeció algún tipo de maltrato físico y/o psicológico.
A su vez solicitó que se incorpore como prueba el video de la audiencia del pasado 31 de agosto relacionada con el caso Agronitrogenados, y en la que el exdirector de Pemex acusó a funcionarios federales de intentarlo extorsionar pidiéndole cantidades de 20 o 30 millones de dólares para cerrar su caso.
Zamudio advirtió en entrevista con este medio que dichas pruebas son necesarias no solo para demostrar que no mentía cuando denunció la posible tortura infringida a Lozoya, sino para evidenciar que las autoridades han manejado de forma totalmente irregular e ilegal los procesos contra el exdirector de Pemex.
“La coacción y la tortura se ve cuando la autoridad abre salidas ilegales para terminar con el encierro a cambio de confesiones, pruebas o dichos falsos de terceros. Este manejo de cifras de 30 o 20 millones sugiere que Lozoya y la autoridad sostuvieron acuerdos producto de sobornos, presiones, torturas, coacciones o lo que el propio Lozoya dice, sin ser experto, que son extorsiones. Es claro que algo pasó aquí y que ha habido interferencias ilegales al debido proceso y es mi objetivo llegar a la verdad”, dijo el litigante.
Cabe recordar que Zamudio es abogado defensor de otro exdirector de Pemex, Carlos Treviño Medina, en contra del cual se giró una orden de aprehensión luego de que Lozoya lo denunciara de, supuestamente, haber recibido dinero de Odebrecht. Dicha denuncia, según el defensor, fue obtenida de forma ilícita a través de presiones y maltratos infringidos al exdirector de Pemex y su padre, de los que incluso quedaron registros en audio.
Lo anterior es relevante para el caso de Treviño porque, de confirmarse dicha tortura, él sería una víctima indirecta de la misma ya que el caso en su contra se armó a partir de la declaración potencialmente ilegal de Lozoya.
Sin embargo, la FGR se negó en dos ocasiones a iniciar una carpeta de investigación formal por la presunta tortura a Lozoya. En lugar de eso acusó y logró que Zamudio fuera procesado por, supuestamente, denunciar hechos falsos para tratar de ganar una ventaja indebida para su cliente.
“Lozoya para mí y creo que para todo el país es un delincuente. Y creo que merece ser condenado por los casos que enfrenta, pero aquí el punto es otro: ningún delincuente puede ser coaccionado para emitir una declaración que lo incrimine a él y a terceros. Mi búsqueda es saber si mintió para engañar al gobierno y es responsable del delito”, señaló.
Pruebas clave
En el oficio dirigido al fiscal Kristian Jiménez Hernández, responsable de la indagatoria, Zamudio solicitó tres actos de investigación concretos cuyos resultado deberán ser valorados por el tribunal de enjuiciamiento.
El primero de ellos es que se practique tanto a Lozoya como a su padre el manual de la Organización de las Naciones Unidas para la investigación y documentación de posibles casos de tortura y tratos crueles conocido justamente como Protocolo de Estambul. Esto con la presencia del propio Zamudio para verificar la legitimidad del mismo.
Por otro lado, que se permita tanto a Zamudio así como a su defensor entrevistar directamente a Lozoya y a su padre con la finalidad de saber si fueron objeto de coacciones, amenazas, presiones o cualquier otro tipo de acción indebida para obtener la referida declaración.
Y finalmente solicitaron que se recabe la copia certificada del audio y video de la audiencia del pasado 31 de agosto en la que Lozoya acusó al gobierno de intentarlo extorsionar para pagar 20 o 30 millones de dólares como acuerdo reparatorio por el caso Agronitrogenados. Misma audiencia en la que un juez terminó suspendiendo el referido proceso penal.
Todas estas diligencias, señala Zamudio en su escrito, arrojarán elementos para esclarecer si las anomalías que presentó en su denuncia original fueron falsas o no y, en consecuencia, resolver su proceso.
¿Y qué pasa con Lozoya?
El proceso que la FGR abrió en contra de Zamudio y las pruebas que este ha ofrecido que se desahoguen para corroborar su denuncia son casos separados al proceso penal que continúa abierto en contra de Emilio Lozoya por el caso Odebrecht, y que lo mantienen en prisión preventiva en el Reclusorio Norte.
Cabe señalar que la FGR ha pedido a un juez que Lozoya sea enjuiciado y sentenciado a más de 40 años de prisión por haber aceptado y lavado presuntos sobornos provenientes de Odebrecht. Aunque las pruebas ya se presentaron y se dio la orden de avanzar a juicio oral, el caso está frenado por una apelación que la FGR promovió luego de que el juez de control eliminó del caso pruebas bancarias que se habrían obtenido sin autorización judicial.
En cuanto al proceso que se inició en su contra por el tema Agronitrogenados, la FGR promovió una apelación en contra de la determinación del juez de control de suspender el proceso. El tema será analizado por un tribunal federal y se prevé que la resolución se conozca a mas tardar en noviembre.
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