El presidente Daniel Noboa desea que su ‘número dos’ abandone el cargo y no tenga que cederle el poder cuando dimita para presentarse a la reelección en 2025
La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, está a un paso de ser vinculada al caso donde es investigado su hijo por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias en la institución que dirige su madre. El fiscal, Carlos Alarcón, se inhibió este lunes de continuar en el proceso una vez que se han obtenido indicios de la presunta participación de Abad en esta trama, según aseguró el propio Alarcón. Ahora será el Congreso quien decida si la investigación sigue adelante -el Gobierno no cuenta con mayoría y podría perder esa votación-. El presidente Daniel Noboa, sin embargo, desea se apruebe para provocar la destitución de Abad y no tener que cederle su puesto cuando él se presente a la reelección en 2025.
El fiscal, en un vídeo publicado en redes sociales, sostiene que este nuevo paso en la investigación se ha dado tras la ampliación de la versión del denunciante y el hallazgo de nueva documentación relacionada con una contratación directa que decidió Abad. La prueba clave, de todos modos, es una información que ofreció una fuente por teléfono o una llamada interceptada a la misma vicepresidenta, de acuerdo a la versión del fiscal, que no ha sido claro si ocurrió lo primero o lo segundo.
El asunto comenzó hace casi tres meses. El 22 de marzo, la Fiscalía realizó un operativo en las oficinas de la Vicepresidencia en Quito y en la de Sebastián Barreiro Abad, hijo la vicepresidenta, quien, según el Ministerio Público, ofertó un puesto de trabajo a cambio de dinero en la institución en la que su madre es la máxima autoridad. La Fiscalía pidió al juez prisión preventiva para Barreiro, que fue enviado a la cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, llamada La Roca, donde también guardan prisión Jorge Glas y los cabecillas de las bandas criminales que lideran una ola de violencia en el país. El hijo mayor de la vicepresidenta fue liberado en mayo tras el pago de una fianza.
El fiscal Alarcón se ha inhibido ahora de continuar en el proceso al tratarse de una funcionaria de alto rango que tiene fuero de la Corte. Ahora la causa llegará a manos de la fiscal del Estado, Diana Salazar, quien deberá pedir autorización al Legislativo para continuar con un posible juicio penal contra la segunda mandataria. Ella se encuentra en Israel, donde fue enviada por Daniel Noboa para que ayude en la mediación de la paz en la guerra de Israel contra Palestina. En realidad, una excusa para quitársela de en medio. El Gobierno ya ha desenmascarado su intención de que Abad no asuma la Presidencia una vez que Noboa deje el cargo. “Sería nefasto para el país que una persona que no comulga con la visión y reacción del presidente asuma el poder”, sentenció el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres.
Unos días antes de esas declaraciones del vocero del Gobierno, Noboa había tildado de “desleal” a la vicepresidenta, con quien rompió relaciones ni bien ganaron la primera vuelta electoral. En entrevista con EL PAÍS, Verónica Abad aseguró que el Gobierno ha tomado varios caminos para presionarla a renunciar al cargo. “El pueblo ecuatoriano me otorgó esta responsabilidad, lo he cumplido. No voy a renunciar, no pienso hacerlo”, dijo la vicepresidenta en una videollamada desde Tel Aviv.
Pero a pesar de las presiones desde varios frentes, la segunda mandataria puede encontrar apoyo en la Asamblea para evitar un juicio penal en su contra. En el Legislativo se ha configurado un bloque de oposición contra el Gobierno constituido por varios partidos. Prácticamente, el presidente se ha quedado solo en el Congreso. Perdió el respaldo de Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, tras el asalto a la Embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glas. Y también del Partido Social Cristiano, la formación a la que pertenece el presidente de la Asamblea.
Para que la fiscal Salazar continúe un posible juicio penal en contra de Abad debe pasar el filtro de la Asamblea. Se requiere la votación de las dos terceras partes del Pleno; es decir, 92 asambleístas deben autorizar un posible enjuiciamiento contra la vicepresidenta. En la mesa del Gobierno hay otras dos opciones para evitar el ascenso de Abad al poder. Un funcionario público que actúa en beneficio de Noboa, denunció a la vicepresidenta ante el Tribunal Electoral por haber hecho campaña de forma anticipada. Una infracción que, la verdad sea dicho, todos los políticos ecuatorianos cometen para darse a conocer antes de que comienza la carrera de forma oficial. Noboa también explora una tercera vía: ha extendido una aclaración al abogado del Estado solicitándole quedarse sin sueldo como presidente, pero no abandonar el cargo en sí. El procurador todavía no ha respondido. En cualquier caso, la normativa ecuatoriana especifica la prohibición que un funcionario público ejerza el cargo mientras está en campaña para evitar cualquier posibilidad que influencie en las elecciones.
JOSÉ JÁCOME (EFE) – El País
