La victimología, definida como el estudio del impacto del delito en las víctimas y su relación con el sistema de justicia, ha ganado un lugar crucial en las discusiones sobre seguridad pública y derecho penal a nivel global. En México, sin embargo, su integración en las políticas de seguridad pública sigue siendo limitada. El enfoque en las víctimas de delito, que debería ser un pilar en la formulación de estrategias de prevención y atención, ha quedado relegado ante una estructura predominantemente orientada a la persecución y sanción de los infractores, muchas veces sin un enfoque humanizado para quienes han sufrido sus actos.
La perspectiva victimológica reconoce que el delito no solo afecta a una persona en un acto aislado; este tiene implicaciones profundas y de largo plazo en la vida de la víctima, su entorno familiar y la comunidad en general. Partiendo de esta realidad, los especialistas en victimología argumentan que un sistema de justicia que priorice la atención a las víctimas, les proporcione apoyo emocional y material y considere su bienestar a lo largo del proceso judicial no solo mejora su recuperación, sino que también refuerza la confianza en las instituciones. En México, donde las tasas de criminalidad son elevadas y la impunidad sigue siendo un problema persistente, este enfoque puede ser especialmente útil para contribuir a una cultura de paz y de respeto por la dignidad de las personas.
Para entender cómo la victimología puede servir como base para una política de seguridad pública más efectiva, es necesario reconocer algunos puntos críticos. Primero, hay que aceptar que, en México, la experiencia de las víctimas en el sistema de justicia suele ser desalentadora. La falta de apoyo emocional, de asesoramiento adecuado y la revictimización en los procesos judiciales hacen que muchas personas que han sido víctimas de delitos prefieran no denunciar, perpetuando así un ciclo de silencio y desconfianza en las autoridades. Un análisis victimológico no solo destacaría la necesidad de mejorar el trato hacia las víctimas, sino que además propondría reformas para reducir los factores de revictimización y hacer del proceso de denuncia y juicio una experiencia más humana y empática.
El avance de la victimología en México podría tener un impacto en varios niveles. En primer lugar, una política de seguridad pública centrada en las víctimas implica un enfoque más integral de prevención y atención al delito. Esto no significa restarle importancia a la persecución penal, sino complementar el sistema con recursos y protocolos que apoyen a las personas afectadas. Tal perspectiva podría comenzar desde los primeros momentos después del delito, con atención psicológica inmediata y asesoramiento jurídico gratuito y de calidad, para garantizar que las víctimas comprendan sus derechos y cuenten con apoyo constante a lo largo del proceso judicial.
Los efectos de un enfoque victimológico en el diseño de políticas de seguridad pública pueden observarse en países que han implementado políticas centradas en las víctimas, como Estados Unidos, Canadá y algunas naciones europeas. Estos países han logrado mejorar las tasas de denuncia y la satisfacción de las víctimas al recibir apoyo psicológico y social durante el proceso judicial. En México, un país con altos índices de violencia y criminalidad, estos cambios serían bienvenidos y podrían inspirarse en modelos internacionales que ya han demostrado efectividad. Un sistema de atención integral que considere los daños psicológicos, económicos y sociales que enfrentan las víctimas, permitiría establecer una estructura más sólida y efectiva en el apoyo a quienes han sufrido un delito.
En la práctica, una política de seguridad pública con enfoque victimológico podría empezar por crear oficinas especializadas en atención a víctimas en todas las instituciones de seguridad y justicia del país. Estas oficinas, a su vez, deben estar integradas por personal capacitado en psicología, trabajo social y derecho, que pueda acompañar a las víctimas desde el momento de la denuncia hasta el cierre del proceso. Además, es fundamental contar con líneas de emergencia y programas de protección que respondan a las necesidades de las víctimas en tiempo real. La capacitación del personal en temas de sensibilidad y empatía podría mejorar la experiencia de las víctimas y contribuir a una percepción positiva de las instituciones de seguridad.
Otro aspecto importante es la compensación y reparación del daño a las víctimas. En México, aunque existen figuras legales como la Ley General de Víctimas, en la práctica las víctimas enfrentan obstáculos para acceder a una compensación justa. Los fondos destinados a la reparación del daño muchas veces no son suficientes o no están disponibles, y el proceso para obtenerlos es lento y burocrático. Un enfoque victimológico sólido implicaría una revisión exhaustiva de estos mecanismos y la implementación de procedimientos ágiles y efectivos que permitan a las víctimas recibir la reparación necesaria sin dilaciones ni trabas.
La integración de la victimología en la política de seguridad pública también conlleva una visión de prevención a largo plazo. La educación y la sensibilización son herramientas clave en este sentido. Si bien la persecución y sanción de los delincuentes es importante, una sociedad que conoce y respeta los derechos de las víctimas está mejor preparada para prevenir futuros delitos. En México, esto podría traducirse en programas educativos desde la escuela, que fomenten la empatía y la comprensión del impacto del delito en la vida de las personas, así como en campañas de concientización en medios de comunicación que muestren el daño que genera la delincuencia en las familias y en las comunidades.
Un aspecto crítico que no debe olvidarse es el papel de las redes de apoyo en la recuperación de las víctimas. En países como España, donde el apoyo a las víctimas es parte central del sistema de justicia, las víctimas pueden acceder a servicios gratuitos de asistencia psicológica y recibir asesoría de parte de ONGs y centros de apoyo específicos. Este modelo, aplicado en México, podría ayudar a cerrar la brecha de atención a las víctimas y reducir el impacto psicológico y social del delito. Además, trabajar en colaboración con organizaciones civiles podría mejorar la disponibilidad y alcance de estos servicios.
Para alcanzar este enfoque victimológico en México, es necesario también un cambio cultural dentro de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia. La falta de empatía y la normalización de la violencia, tanto hacia las víctimas como hacia los acusados, es un problema profundo que no se resuelve únicamente con cambios legislativos. Es fundamental desarrollar programas de sensibilización y capacitación continua para que los funcionarios públicos comprendan el impacto del delito en la vida de las víctimas y actúen en consecuencia. Además, los servidores públicos deben entender que el trato digno y respetuoso hacia las víctimas no es un acto de caridad, sino un derecho que debe ser garantizado en todo momento.
