La corrupción es uno de los principales problemas que enfrenta México y que ha afectado el desarrollo y bienestar del país. Este fenómeno social se ha convertido en un cáncer que ha permeado todas las esferas de la vida pública, desde la política hasta el sector empresarial, y ha generado enormes costos económicos, políticos y sociales.
En este contexto, los aparatos organizados de poder se han convertido en una pieza clave para la perpetuación de la corrupción en México. Estos grupos, que suelen estar conformados por políticos, empresarios y otras personas influyentes, se dedican a saquear los recursos del Estado y a utilizar su poder e influencia para evitar ser investigados o sancionados. En otras palabras, son aquellas personas que están detrás de la cortina, moviendo los hilos y abusando del poder que se les ha conferido.
El caso de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha sido uno de los más sonados en México en los últimos años. Lozoya, quien fue acusado de corrupción, se convirtió en un testigo colaborador para el gobierno mexicano después de apegarse al criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República (FGR). En este sentido, tenemos un claro ejemplo de cómo los aparatos organizados de poder han operado en México y de cómo pueden ser desmantelados a través de la figura del testigo colaborador. El caso de Lozoya ha destapado una red de corrupción que involucra a diversos actores políticos de México llegando a los más grandes peldaños como lo son el expresidente Enrique Peña Nieto y su más cercano colaborador, Emilio Videgaray Caso; generando además la gran oportunidad para demostrar que el Estado mexicano puede aplicar justicia, respetar sus instituciones y ordenamientos jurídicos, y luchar contra la corrupción y la impunidad sin importar a que nivel se encuentre.
Emilio Lozoya, como testigo colaborador, apegándose al criterio de oportunidad que nuestro ordenamiento penal tiene instrumentalizado ha colaborado con la Fiscalía General de la República (FGR) junto con su abogado, el Dr. Miguel Ontiveros permitiendo destapar como ya se dijo una red de corrupción en México y poniendo al descubierto el aparato organizado de poder que se dedicaba a saquear los recursos del Estado en México.
Este caso representa una oportunidad importante para el Estado mexicano para demostrar que es capaz de hacer justicia, respetando sus instituciones y confiando en la colaboración con sus testigos colaboradores.
En primer lugar, el hecho de que Lozoya se haya convertido en un testigo colaborador es una muestra de que el sistema de justicia mexicano está funcionando. La colaboración con testigos es una herramienta fundamental para la investigación y el enjuiciamiento de delitos más graves, y es una muestra de que el Estado está dispuesto a tomar medidas para asegurar que los verdaderos delincuentes sean llevados ante la justicia.
En segundo lugar, el acuerdo de colaboración de Lozoya es un ejemplo de que el Estado mexicano está dispuesto a respetar sus ordenamientos jurídicos. El acuerdo se llevó a cabo dentro del marco legal establecido por la ley, y Lozoya se ha comprometido a cooperar plenamente con la justicia proporcionando información relevante para el caso.
En tercer lugar, la colaboración con la FGR tiene como objetivo llevar a los responsables de los delitos a la justicia y desmantelar el aparato organizado de poder. La colaboración de Lozoya no sólo permitirá a las autoridades mexicanas llevar a cabo investigaciones y juicios más eficaces, sino que también permitirá a la sociedad comprobar que vivimos en un estado de derecho en donde la colaboración puede dar buenos resultados para la justicia y reparación.
El Dr. Ontiveros, quien ha sido abogado de Lozoya desde el inicio del caso, ha trabajado de manera incansable para presentar pruebas y documentación que ha permitido a las autoridades mexicanas avanzar en la investigación. Además, el destacado abogado ha demostrado su compromiso con la justicia y la lucha contra la corrupción en México, lo que ha contribuido a generar confianza en el proceso judicial. Su trabajo ha permitido que el caso de Lozoya se lleve a cabo con transparencia y en el marco legal establecido por la ley. Situación que recientemente se vio empañada por el desistimiento de PEMEX de llegar a un acuerdo. ¿Acaso pesa más la venganza y la política que la justicia y el estado de derecho?
En conclusión, la labor del abogado Miguel Ontiveros y la información de Emilio Lozoya como testigo colaborador han sido fundamentales para poner al descubierto el aparato organizado de poder que se dedicaba a saquear los recursos del Estado mexicano, lo que ha permitido poner al descubierto lo que hace muchos años es sabido en México. Avanzar en la investigación y llevar a cabo un juicio justo es la gran oportunidad que ahora tiene el estado mexicano para demostrar el respeto a sus ordenamientos jurídicos empatando con armonía el discurso presidencial de luchar contra la corrupción en México.
Rodolfo Chacón Rangel
Abogado, Profesor en materia derecho penal y de la empresa e Investigador del Centro de Gobernanza Global en la Universidad de Salamanca, España.
