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Violencia y vulnerabilidad: La realidad de los trabajadoras sexuales en México

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En México, la violencia que enfrentan las personas trabajadoras sexuales es una problemática profunda y multifacética que refleja las complejas dinámicas de desigualdad social, económica y de género. Los trabajadores sexuales son uno de los grupos más vulnerables y marginalizados en la sociedad mexicana, enfrentando una serie de abusos y violencias que van desde lo físico y sexual hasta lo psicológico y económico. Para abordar eficazmente esta problemática, es esencial analizarla desde una perspectiva criminológica, lo que nos permitirá entender mejor sus causas y desarrollar estrategias efectivas para mejorar la seguridad y bienestar de las trabajadoras sexuales.

El sexoservicio en México está expuesto a múltiples formas de violencia. La violencia física y sexual es alarmantemente prevalente, perpetrada no solo por clientes y proxenetas, sino también por las mismas autoridades que deberían proteger a quienes se dedican a este oficio. Además, enfrentan amenazas constantes, extorsiones y abusos de poder. La discriminación y estigmatización social agravan aún más su situación, dejando a estas personas en una posición de extrema vulnerabilidad y marginalización.

En México, el trabajo sexual no está completamente criminalizado, pero sí se penaliza bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, la prostitución forzada, el proxenetismo, y la explotación sexual están claramente penalizados por la ley. Sin embargo, muchas trabajadoras sexuales operan en un entorno legal ambiguo y a menudo hostil, lo que aumenta su vulnerabilidad a la violencia y la explotación. Las autoridades, en lugar de protegerlas, frecuentemente participan en actos de violencia y extorsión.

La impunidad con la que se cometen estos crímenes es uno de los aspectos más preocupantes. Muchos trabajadores sexuales no denuncian los abusos debido al temor a represalias, la falta de confianza en el sistema judicial y la discriminación institucionalizada. Esta falta de denuncias perpetúa un ciclo de violencia y marginalización, donde los trabajadores sexuales no solo son víctimas de violencia directa, sino también de una indiferencia institucional que les desprotege y les deja sin recursos legales efectivos para defender sus derechos.

La criminología, el estudio del crimen y la conducta delictiva, ofrece un marco útil para analizar la violencia contra los sexoservidores. Este campo no solo se ocupa de entender las causas y consecuencias de los crímenes, sino también de desarrollar estrategias de prevención y control.

Desde una perspectiva criminológica, la violencia contra las trabajadoras sexuales puede entenderse a través de varias teorías:

  • Teoría del conflicto social: Esta teoría sugiere que la violencia es el resultado de las desigualdades estructurales y el conflicto entre diferentes grupos sociales. En el caso de las personas trabajadoras sexuales, estas desigualdades se manifiestan en la falta de derechos laborales, la pobreza y la exclusión social. La marginalización económica y social de este gremio que les coloca en situaciones donde son más susceptibles a la explotación y la violencia. Las estructuras de poder y dominación dentro de la sociedad mexicana perpetúan un entorno donde los trabajadores sexuales son sistemáticamente oprimidos y vulnerables a la violencia.
  • Teoría de las subculturas delictivas: Esta perspectiva explica cómo ciertos grupos desarrollan normas y valores que justifican y perpetúan el comportamiento delictivo. Dentro del trabajo sexual, esto puede incluir la normalización de la violencia y la explotación dentro de ciertos entornos y comunidades. La existencia de subculturas delictivas en áreas donde operan los sexoservidores puede aumentar la aceptación de la violencia como una parte inevitable de su realidad diaria. Estas subculturas pueden ser especialmente prevalentes en zonas urbanas marginalizadas, donde el estado de derecho es fragil y la violencia es una forma común de resolver conflictos.
  • Teoría del etiquetado (labelling theory): Esta teoría sostiene que la criminalización y estigmatización de ciertos comportamientos pueden perpetuar el ciclo de criminalidad y exclusión. los trabajadores sexuales, al ser etiquetadas como “delincuentes” o “inmorales”, enfrentan una discriminación que las empuja aún más hacia la marginalización y la violencia. La etiqueta negativa asignada a estas personas no solo justifica la violencia en su contra, sino que también las excluye de las protecciones legales y sociales. Esta estigmatización también afecta la percepción pública y la respuesta de las autoridades ante los crímenes cometidos contra ellos.
  • Teoría de la elección racional: Según esta teoría, los individuos cometen delitos basándose en una evaluación de costos y beneficios. En el contexto de la violencia contra los trabajadores sexuales, los perpetradores pueden percibir que los beneficios de la violencia superan los costos y esfuerzos, especialmente en un entorno donde la impunidad es alta y las personas que ejercen el sexo servicio tienen pocos recursos para tener un optimo acceso a la justicia. La falta de consecuencias para los agresores refuerza la idea de que la violencia es una estrategia rentable y efectiva.

Abordar la violencia contra el trabajo sexual en México requiere un enfoque multifacético que incluya reformas legales, políticas de protección y especialmente cambios culturales.

La violencia contra las trabajadoras sexuales en México es un problema que refleja las desigualdades y fallas del sistema de justicia y protección social. La criminología ofrece valiosas perspectivas para entender las causas y dinámicas de esta violencia, así como para diseñar estrategias de prevención y protección. Despenalizar el trabajo sexual en todo el país, reconocer los derechos laborales de las trabajadoras sexuales, y promover cambios culturales son pasos indispensables para mejorar su seguridad y bienestar. Abordar esta problemática requiere un compromiso firme por parte del gobierno, la sociedad civil y la adecuada impartición de justicia, para construir un entorno donde todas las personas, independientemente de su ocupación, puedan vivir con dignidad y sin miedo a la violencia.

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