El Fiscal General del Estado de España, Álvaro García Ortiz, ha sido procesado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, tras la publicación en prensa de un correo electrónico interno relacionado con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este hecho ha desatado un debate nacional sobre la independencia del Ministerio Fiscal, la politización de la justicia y el uso estratégico del proceso penal.
La instrucción se centró exclusivamente en dos personas: el propio Fiscal General y la Fiscal Jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. La Guardia Civil (UCO) analizó los dispositivos del primero, sin encontrar evidencia concluyente de que haya reenviado o filtrado el correo. No se analizaron los dispositivos ni accesos del resto de las al menos 18 personas que también recibieron el correo original.
Pese a haber sido la primera en reenviar el correo y estar igualmente bajo sospecha, la causa contra la Fiscal Jefa fue archivada por unanimidad. El Tribunal consideró que no existían indicios suficientes en su contra, lo que hace aún más extraña la persistencia de la causa contra García Ortiz, quien recibió el contenido posteriormente.
El procesamiento se sustenta no en pruebas directas, sino en una lógica de imputación por jerarquía: por ser el máximo responsable del Ministerio Fiscal, se le atribuye la responsabilidad por la supuesta filtración. Sin embargo, no existe evidencia de reenvío, copia o acción alguna atribuible al Fiscal General. El voto particular del magistrado Andrés Palomo señala expresamente la falta de “indicios mínimamente justificados”.
Hagamos matemáticas. Teoría de las Probabilidades: ¿Quién pudo haber filtrado?
Dado que al menos 18 personas recibieron el correo, se puede modelar la probabilidad de filtración mediante:
q = 1 – (1 – p)^{18}
Si asumimos una probabilidad individual de filtración de p = 0.05, la probabilidad de que al menos uno haya filtrado es:
q = 1 – (0.95)^{18} \approx 0.593
Es decir, hay un 59.3% de probabilidad de que uno de los otros receptores, distintos al Fiscal General, haya sido el autor de la filtración.
La hipótesis no investigada: el remitente como filtrador
Existe evidencia de que el contenido del correo ya era conocido por periodistas antes de llegar a la Fiscalía General. Esta posibilidad sugiere que el remitente original (defensa de la pareja de Ayuso) o su entorno podría haber sido la fuente real de la filtración. Sin embargo, esta línea de investigación no fue abierta ni considerada.
Teoría de Juegos: actores, estrategias e incentivos
El caso se configura como un juego no cooperativo de información incompleta:
Jugadores: Gobierno, oposición, Fiscalía General, periodistas, entorno de Ayuso.
Estrategias: filtrar, silenciar, procesar, respaldar, desvincular.
Incentivos: disciplina institucional, desgaste político, protección mediática.
El castigo ejemplarizante al Fiscal General cumple una función de señalización y disuasoria para otros agentes políticos o fiscales que pretendan romper el equilibrio de poder entre órganos del Estado.
El magistrado Andrés Palomo emitió un voto particular de más de 40 páginas en el que desarma la tesis de la mayoría. Argumenta que:
No hay prueba directa de que el Fiscal General filtrara el correo.
Los periodistas ya conocían su contenido por otras fuentes.
Se desestimaron testimonios clave por no revelar fuentes, lo cual vulnera la libertad de prensa.
La investigación se dirigió selectivamente hacia un solo objetivo institucional.
El proceso recuerda al modelo inquisitorial en varios aspectos:
Inicio por sospecha sin prueba directa.
Investigación sesgada, dirigida por la autoridad.
Desestimación de pruebas exculpatorias.
Imputación funcional: se presume la culpa por el cargo.
Castigo simbólico y ejemplarizante.
No se trata de una inquisición teocrática, pero sí de un dispositivo judicial que preserva su lógica disciplinaria.
Lo que observamos es un proceso judicial que simula garantismo, pero reproduce una estructura de castigo premoderna. La aparente legalidad del auto de procesamiento esconde un fin político: disciplinar al aparato fiscal, debilitar al Gobierno y consolidar una narrativa de corrupción institucional. En este escenario, el derecho penal deja de ser herramienta de justicia y se convierte en una tecnología de poder.
El juicio al Fiscal General es, en realidad, un auto de fe institucional en clave posmoderna, donde la escenificación del castigo reemplaza la búsqueda de verdad. Es, en palabras crudas, el gran simulacro.
