Por Eduardo Martínez-Bastida
En los Estados en que el Derecho Penal es el significante con capacidad de resolver todas las vicisitudes que indican sus creadores, está condenado a dejar de ser un ente normativo para ocupar el lugar de una deidad. Este juego de grandes otros en el orden simbólico es irracional y por ello, acorde a lo indicado por Eugenio Raúl Zaffaroni, es conveniente acudir a la lógica del verdulero:
En efecto, si una persona acude a una verdulería y pide un antibiótico, el verdulero le indicará que vaya a la farmacia, porque él solo vende verduras. Esta sana respuesta debemos proporcionarla los penalistas cada vez que nos preguntan qué hacer con un conflicto que nadie sabe cómo resolver y al que, como una falsa solución, se le asigna naturaleza penal.
Por lo general nos consideramos obligados a opinar sobre cómo resolverlo, cuando en realidad no lo sabemos, y lo correcto sería que procediésemos como el sabio verdulero: nosotros sólo sabemos decidir cuándo se habilita o no poder punitivo, y también sabemos que, en el caso, esto no sirve o no alcanza para resolver el conflicto.
No olvidemos que el Derecho es la manera normativa de hacer la guerra y, parafraseando a Von Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Ahora, al invertir el apotegma en cita, se observa que la política es la continuación de la guerra por otros medios, puesto que la política mantiene el desequilibrio de las fuerzas que se manifiestan en la guerra.
La guerra nunca ha desaparecido del conglomerado humano, pues ha precedido el nacimiento de los Estados. Es decir, el derecho y la paz han surgido de la violencia y, al paso del tiempo, el derecho se constituyó en el instrumento favorito de la hegemonía del poder para conservar la dialéctica entre nosotros y los nemos.
Esta contradicción del significante política criminal busca que el yo someta al no yo para constituir el nosotros, por medio de armas de destrucción jurídica a las que se agregaron las de destrucción matemática en el ejercicio de controvertir y confrontar al humano-cosa o nemo.
Al desenmascarar la violencia benjaminiana, que se ha ejercido de manera latente por el Derecho Penal, se coincide con lo indicado por Michel Foucault en el sentido de que que la idea de justicia en sí es una idea que ha sido inventada y puesta a funcionar en diferentes tipos de sociedades como instrumento de cierto poder político y económico, o como arma contra ese poder. Pero creo que, en todo caso, el concepto mismo de justicia funciona dentro de una sociedad de clases como una demanda de la clase oprimida y como justificación de la misma.
Lo anterior permite colegir la naturaleza líquida de la política criminal contemporánea pues construye un derecho penal incierto que elimina la alteridad, para pasar a ser parte del infierno de lo mismo en la cuestión criminal. A mayor abundamiento, la liquidez de la política criminal se manifiesta, con gran fuerza, en el ciberespacio, pues acorde a Federico Lefranc:
Si la política criminal es el conjunto de decisiones que se toman desde el Estado con el objetivo declarado de hacer posible la convivencia pacífica en la sociedad. Habría que preguntarse, en la sociedad de la información y de la comunicación, en la que no hay un Estado nacional que este legitimado para tomar estas decisiones, ¿quién debe tomarlas? ¿Quién deberá ser legitimado para tomar las decisiones de política criminal sobre la red ¿y, por qué motivos se podría justificar esta legitimación?
El Estado nación ha quedado superado y una de las causas de esto, es la sociedad digital. La liquidez de lo digital impide construir mecanismos de política criminal y, ante tal situación el Estado, con el auxilio de las corporaciones digitales, permite la vigilancia líquida, constitutiva del panóptico digital, con la adiaforización de las acciones resultantes en el no lugar. Lo anterior, es una manifestación de la liquidez de la psicopolítica criminal del interregno vía las armas de destrucción matemática.
Por su parte, el derecho penal al ser el brazo fuerte del debilitado Estado nacional actúa sembrando miedo y desconcierto en el conglomerado societal, a través de los controles que tiene a su alcance y que, en primera y última instancia, muestran esa característica esencial que no puede perderse de vista: la violencia contradictoria que le sostiene. Una cosa es que el Estado nacional esté debilitado, al ahogarse los grandes relatos que le sostenían, y otra que no mantenga su existencia con síntomas propios de un derecho penal carente de la lógica del verdulero. ¿Será esto la jouissanse de la política criminal?
Eduardo Martínez-Bastida
Doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el INACIPE. Abogado Postulante. Profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Facultad de Derecho de la UNAM.
