Por Rubén Moya Bocanegra
Según el observatorio de palabras de la Real Academia de la Lengua, la palabra influencer es un anglicismo usado en referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales. Es inevitable que el día a día de cuando menos un cuarto de los gobernados de nuestro país opte por tomar una decisión u otra, con respecto a un producto o un servicio, por haberlo visto promocionado o mencionado en las redes sociales de un influencer.
Sin embargo, mucha gente identifica a los influencers como personas casi inalcanzables (inclusive, algunos de ellos, se consideran a sí mismos como tal) y, por ende, creen que el Estado les permite no cumplir con la ley o inclusive doblar o romper varias reglas previstas en las disposiciones legales.
No podemos olvidar, por mencionar un ejemplo, que en las elecciones federales del pasado 6 de junio de 2021 (donde se renovaron más de 21 mil cargos públicos) setenta y seis influencers difundieron a través de sus redes sociales mensajes de apoyo en favor del PVEM creyendo falsamente que sus publicaciones pasarían como auténticas por sus seguidores, y varios de ellos, sin siquiera saber que existe algo llamado VEDA ELECTORAL, que es una fase en la cual no se permiten actos de campaña ni proselitismo electoral.
Hoy, un año después, el Tribunal Electoral ratificó las multas impuestas en contra del PVEM por el acarreo digital de votantes en la nada humilde cantidad de 118.5 millones de pesos; sin embargo, a los influencers que alegaron que no tenían idea que sus ilegalísimas acciones contravenían el orden público también les fueron determinadas diferentes sanciones, gente como Gabriel Soto, Bárbara de Regil y Laura G deberán pagar multas de 133 mil, 86 mil y 50 mil pesos, entre otros. Muchos de nosotros pensaríamos ¿De verdad no tenían idea que lo que estaban haciendo es ilegal? ¿De verdad? Tal vez algunos sí, tal vez otros no.
Sin embargo, acciones como la anterior han generado un descontento en la política mexicana, al punto de querer desenfrenadamente fiscalizar y controlar a los influencers, tal como sucedió el pasado 18 de mayo de 2022, cuando la diputada acapulqueña de Morena, María del Rosario Merlín García, en un episodio de frenesí y casi expulsando espuma por la boca propuso en el Congreso de nuestro país presentó una iniciativa para regular el contenido publicitado por los influencers. La iniciativa plantea que cuando creen contenido digital que publicite cualquier producto o servicio, los influencers estarán obligados a pagar impuestos bajo el régimen fiscal de prestadores de servicio de comunicación audiovisual y también se propone regular el contenido que difundan para evitar publicidad engañosa. ¿De verdad les van a restringir su Derecho Fundamental a la Libertad de Expresión?
¿Pues que no pagan impuestos los influencers? Todos los influencers que andan pidiendo comidas gratis en restaurantes a cambio de un par de fotos y un reel o un live publicitando el establecimiento, ¿De verdad son tan malos? Todos aquellos que publicitan comida saludable o productos de belleza ¿De verdad son el cáncer que nos quieren hacer creer? ¿Es imperante meterlos en cintura? ¿Por qué el Estado se esmera en castigarlos y tenerlos controlados?
Claro que hay influencers que no conocen límites y usan su influencia (valga la redundancia) para incumplir equis cantidad de leyes y amedrentar públicamente a cualquiera que intente corregirlos; sin embargo, para ellos también hay solución. Por ejemplo, hasta antes de declararse inconstitucional por la Suprema Corte el pasado 28 de abril, el Código Penal de Yucatán tenía tipificado en su artículo 243 bis 12 el ciberacoso a través de redes sociales, y preveía una sanción de 6 meses a 3 años de prisión a quien incurriera en este tipo de intimidación, aumentando una mitad de la pena si el ciberacosado era menor de edad. Y así como esto estaba previsto en Yucatán, también lo está en demás estados.
Así como hay muchos influencers que no tienen idea de temas como pago de impuestos, registro de marcas, registro de obras, revisión y celebración de contratos, lo cierto es que hay muchos que son totalmente lo contrario. Abelardo Garza es un exitoso empresario neoleonés (el cual es cliente de mi Firma y muy buen amigo) quien resultó ser el padre de dos de las influencers más famosas en este país: Ari Gameplays y Amablitz. Estas dos jóvenes mujeres, quienes representan la antítesis de los Gabrieles Sotos y Lauras G que hay en el país, pues son educadas con valores y con alto sentido de responsabilidad corporativa, son la nueva generación de influencers: LOS QUE SÍ SE PREOCUPAN.
Ari, Ama y algunos otros íconos en el influyentísimo virtual mexicano, están lejos de exentar persecuciones de las autoridades fiscales, pues estas últimas no entienden ni la mitad de las formas en las que monetizan o perciben ingresos los influencers o gamers y, al no entender, se les hace fácil infundir terror, ese Terrorismo Fiscal del que todo mundo habla. Por poner un ejemplo, si un creador de contenido crea una obra digital (también conocida como non-fungible token o simplemente NFT) y esa obra digital se subasta en Mortons (como sucedió hace unos días con una canción inédita de Armando Manzanero), ¿No podría pagar sus impuestos con ella, si así lo deseara?
En México existe desde 1957 el programa Pago en Especie de la SHCP, el cual le permite a artistas la opción de pagar sus obligaciones fiscales mediante obras plásticas de su autoría; de hecho, desde el 2017, ya también se le permite a los artesanos pagar IVA e ISR con artesanías propias de su región; entonces, ¿no debería de permitírsele a los creadores de NFTs pagar en especie sus impuestos? Lejos de aterrorizar fiscalmente a los influencers, ¿No convendría más jalarlos a la formalidad y legislar política fiscal nueva que se adecue a este nuevo ritmo de vida virtual?
Rubén Moya Bocanegra.
Maestro en derecho fiscal y administrativo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y socio de las áreas fiscal y administrativa de Sabag, Becker & Gerrit Cohen.
